La junta de gobierno de la Complutense reconsidera su decisión de cerrar hoy los centros

La junta de gobierno de la Universidad Complutense anunció ayer, por medio de una nota de Prensa, su decisión de dejar sin efecto el acuerdo de un «simbólico día de cierre» de los centros, «visto que estas decisiones han servido para paliar los males mayores que se trataban de evitar».

El máximo órgano de gobierno de la universidad madrileña explica el acuerdo que se había adoptado el pasado día 15, como una forma de «unirse a las expresiones de protesta por el desamparo legal, económico y administrativo que padece la universidad». Sigue explicando la junta que entonces «se invitó a deponer su actitud de huelga a aquellos profesores que habían adoptado esta forma de expresar el malestar general, resumiendo sus acciones propias en un simbólico día de cierre y asumiendo la junta de gobierno por sí misma las gestiones reivindicativas necesarias».La junta de gobierno considera que ha contribuido al logro de uno de los fines pretendidos por ella, «el insólito anuncio hecho público por el Ministerio de Universidades e Investigación, por el que se permite ordenar a esta junta de gobierno el cumplimiento de unas pretendidas obligaciones basadas en normas tan obsoletas que ni siquiera el ministerio se ha atrevido a aplicar en otros muchos casos, apelando igualmente a conceptos inadmisibles en el estado actual del desarrollo político español».

«Sirva de ejemplo», continúa la nota, «la afirmación de que el rector de la universidad es autoridad delegada del ministerio. Y sirva también como ejemplo de confusión no admitir que la gravedad del momento justificaba la urgencia y la excepcionalidad para la actuación de la junta de gobierno».

Tras señalar que «igual sentido tiene confundir los objetivos de la junta con otros de carácter corporativo y aun con opiniones de matiz político, que en ningún caso se han considerado por la junta», ésta expresa finalmente «la incongruencia de pretender condenar la actitud de un órgano legítimo de gobierno, cuando esa actitud ha sido tolerada y hasta negociada por el ministerio con representantes de funcionarios en huelga».

Por último, la junta de gobierno señala que para ella está bien clara la «improcedencia» de la orden recibida del ministerio, que califica como «una intromisión en esferas de su propia competencia y que pasa el contenido de la misma a sus servicios jurídicos para los efectos que procedan».

Posible inactividad académica

En cualquier caso, a primeras horas de la tarde de ayer todo hacía suponer que hoy iba a ser absoluta la inactividad en la mayoría de los centros de la Complutense. Finalizada la jornada de la mañana, los alumnos daban por supuesto que los centros iban a permanecer cerrados y los profesores no numerarios, así como el personal no docente, ignoraban en la mayoría de los casos que la junta de gobierno fuera a reunirse con el fin de reconsiderar su acuerdo del pasado día 15, a la vista del oficio remitido al rector por el ministerio.

A esas horas permanecía en las puertas de algunos centros el oficio del correspondiente decanato en el que se recogía el acuerdo de cerrar la universidad adoptado por la junta de gobierno. En otros, en cambio, tal aviso no llegó a colocarse nunca, por lo que profesores y alumnos se habían enterado del posible cierre a través de los medios de comunicación.

Tal es el caso de la facultad de Ciencias de la Información, en cuyos muros tiene amplio reflejo la contestación a la huelga de los catedráticos y al acuerdo de la junta de gobierno de la universidad por el que se decretaba el cierre de la misma.

En el vestíbulo y en la escalera principal de esta facultad se exhiben profundamente carteles y pancartas desde los que se comentan jocosamente ambos hechos con dibujos que aluden irónicamente a la «miseria económica» de los catedráticos, al carácter «miliciano» de la lucha de los numerarios o a la conveniencia de abrir suscripciones públicas «para remediar las múltiples necesidades» de aquéllos.

No obstante, el clima general entre el alumnado de la mayoría de las facultades es el de «pasar de huelga y de cierre», y entre los profesores no numerarios, de indignación y de crítica ante una huelga «insuficientemente explicada al resto de los estamentos» y calificada mayoritariamente de «elitista y coherente con una trayectoria escasamente crítica de los numerarios».

Por lo que respecta a la decisión de cerrar la universidad por un día, los profesores no numerarios acusan a los componentes de la junta de gobierno de actuar unilateralmente, de «cerrar simplemente porque tienen las llaves» y de actuar «caciquilmente».

De «cacicada» era calificada también la reacción ministerial ante el acuerdo de la junta de gobierno en medios próximos a ésta, que comentaban irónicamente por la mañana el hecho de que «un ministerio que se dice impulsor de la autonomía de las universidades desautorice el acuerdo de una junta de gobierno y lo haga con el apoyo de una reglamentación franquista».

En cuanto al alcance real de la huelga, fuentes ministeriales siguen minimizando la importancia de la misma, dado que su incidencia, a tenor de los datos de que disponen dichas fuentes, se reduce a los distritos de Zaragoza y León, a algunas facultades de Oviedo, Córdoba, Málaga y Baleares, un porcentaje del profesorado numerario de Salamanca y tan sólo dos facultades de la Complutense.

La información sobre la entidad real de esta huelga ha estado empañada siempre por el hecho de que fue anunciada y hasta evaluada en su verdadero alcance desde el mismo momento en que se convocó y antes incluso de que se normalizara el funcionamiento de las actividades académicas en los centros.

Los profesores numerarios han insistido desde el primer momento en que reivindican una mejora salarial que rompa con el agravio comparativo de que son objeto con respecto a otros cuerpos de funcionarios del Estado y que equilibre el progresivo deterioro de sus salarios, pero también exigen que se dote a la universidad de mayores presupuestos.

Las respuestas del ministerio se consideran insatisfactorias, puesto que la oferta de una convocatoria de ayudas a la investigación por una cuantía de 25.000, 20.000 y 15.000 pesetas, según las categorías de los docentes, aunque alcancen también a los no numerarios, se considera un «atajo legal» para no reconocer en todas sus dimensiones las justas reivindicaciones del profesorado. En tal sentido, al menos, se expresaron ayer los profesores numerarios de León, que, según nuestro corresponsal, Manuel Núñez, ratificaron ayer su decisión de continuar la huelga.