Dos consejos y dos medidas

EL ACUERDO alcanzado entre centristas y socialistas para elegir a los ocho miembros de designación parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial confirma que la labor crítica de la oposición no tiene por qué degenerar en un inútil e irritante obstruccionismo. La ley establece una mayoría cualificada de los 3/5 de las Cámaras para la designación de los miembros de dicho consejo elegidos por el Parlamento, nivel imposible de alcanzar -en la actual composición de las Cámaras- sin la concertación de UCD y PSOE. Que los socialistas no se hayan negado a la negociación y que los centristas se hayan mostrado razonables en la discusión de la lista ha permitido, al igual que con el Tribunal Constitucional, que un importante mecanismo institucional se ponga en marcha y que personalidades de indiscutible competencia profesional y compromiso con los principios democráticos ocupen un lugar destacado en la reorganización del Estado.Este acuerdo alcanzado en torno al Consejo General del Poder Judicial no hace sino resaltar el atasco en que se encuentra, por falta de entendimiento entre centristas y socialistas, el Consejo de Administración de Televisión Española, cuya designación necesita dos tercios de los votos en ambas Cámaras. Las graves responsabilidades del Gobierno en el progresivo deterioro de Televisión no eximen al PSOE de culpa por su obcecada insistencia en condicionar la negociación con UCD a propósito del Consejo de Administración, cuya elección condiciona al acuerdo previo sobre el nombramiento del director general, competencia exclusiva del Gobierno -según el estatuto-, una vez oído el Consejo de Administración. Carece de sentido que los socialistas apliquen varas de medir distintas para la negociación de dos consejos que exigen mayorías cualificadas.

Nadie puede saber, dados los lamentables precedentes de la política televisiva de UCD y el estado comatoso de Televisión Española, cómo utilizará el Gobierno el derecho que le concede el artículo 10 del estatuto para designar al director general. La confianza que ha obtenido del Congreso y la credibilidad que pide a la opinión pública exigen del poder el nombramiento de una persona que esté dispuesta a sanear financieramente y acabar con el desbarajuste administrativo y los abusos en Televisión, al mismo tiempo que logre una mejora inmediata de la calidad de los programas y una real autonomía, independencia y profesionalización de los servicios informativos.

Pero esta es una designación que corresponde al Gobierno, de acuerdo con una ley que también votaron los socialistas, y que ahora no puede ser reinterpretada a la luz ultrarroja de pactos secretos. Por otra parte, la admisión a trámite por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la querella presentada por los socialistas contra varios directivos de Televisión, por estimar la existencia de hechos que pudieran constituir presuntos delitos de apropiación indebida y de malversación de caudales públicos, demuestra que en un sistema democrático ni siquiera el Gobierno está a cubierto de ese control judicial que el imperio de la ley implica. Lo lamentable es que los socialistas han utilizado en este caso a los tribunales como un arma política. Pues tuvieron antes que nadie la información para querellarse y no lo hicieron hasta que fracasó su tentativa de concertar el director general. El PSOE no tiene excusa para obstruir la elección de los miembros del Consejo de Administración ni para condicionar esa negociación a un pacto previo con el Gobierno para designar al nuevo director. El acierto o el error político de esta decisión incumbe sólo al poder ejecutivo. Ni siquiera es preciso que socialistas y centristas se pongan de acuerdo en todos los candidatos para el consejo. Bastaría con que los diputados y senadores del PSOE designaran a sus vocales y comprometieran los votos centristas contra el otorgamiento de los propios a los candidatos de UCD. Y que la televisión democrática, y la buena televisión, que la televisión a secas, eche a andar de una vez en este país.