Reflexión sobre el crimen de Marquina

LAS NUEVAS declaraciones del general Sáenz de Santamaría, delegado del Gobierno en el País Vasco, repiten en lo sustancial las ideas expresadas hace un mes (véase EL PAIS del 19-8-1980) y poseen el valor añadido de que esa ratificación se produzca en la estela emocional de uno de los más escalofriantes atentados perpetrados por ETA.La matanza de Marquina, en la que han perdido la vida cuatro guardias civiles apenas salidos de la adolescencia y recién incorporados a su destino, deja en su desnudez criminal lo que la retórica de los doctrinarlos y los leguleyos semicultos trata habitualmente de ennoblecer con el aura de las hazañas bélicas. Extraña y curiosa guerra, en verdad, la que tratan de vender a sus bases los ideólogos de ETA. Una batalla en la que sólo el bando etarra tiene derecho a matar, en la que los verdugos son presentados como víctimas al ser detenidos y encarcelados, en la que la abolición de la pena de muerte y la garantía de los derechos humanos únicamente vinculan a quienes acatan la Constitución democrática de 1978, en la que las gestoras pro amnistía exigen impunidad para los asesinos y sus cómplices en el presente y en el futuro, en la que las exacciones patentadas por la Mafia son embellecidas como impuestos revolucionarios.

Ahora bien, ese desafío a las reglas de la lógica que significa reclamar a la vez licencia para matar y salvaguardia para los asesinos se inscribe en una estrategia de provocación fríamente estudiada y consecuentemente llevada a la práctica. Se trata, en suma, de forzar a la realidad para que los pronósticos se cumplan a satisfacción de esos profetas sangrientos. Como el delegado del Gobierno en el País Vasco ha señalado, es probable que las bandas terroristas, a medida que vean reducidas sus bases sociales, incrementen la espectacularidad y brutalidad de sus acciones con el propósito de provocar en el Gobierno, o en las fuerzas de seguridad, o en zonas del aparato del Estado que operen por su cuenta, el contra producente desencadenamiento de actuaciones que violen la letra o el espíritu de la Constitución Y que priven a la lucha contra el delito de la leaalidad de contenido y, de procedimiento que deben vincular al monopolio legítimo de la fuerza ejercido por un Estado democrático. Los etarras y necesitan combatir contra un poder ilegítimo y autocrático, y quieren convertir en realidad su embeleco teórico de que en España nada ha cambiado en los últimos cuatro años. aunque esté en vigor una Constitución democrática. se haya abolido la pena de muerte. puedan concurrir a unas elecciones libres coaliciones como Herri Batasuna, exista Prensa independiente, el pueblo vasco haya votado un Estatuto de Autonomía y el PNV controle las instituciones de autogobierno de Euskadi.

Las advertencias del general Sáenz de Santamaría respecto a los propósitos provocadores del terrorismo demuestran que la Inteligencia política es el resultado de un proceso de aprendizaje. A la Inversa, las declaraciones de Fraga en Lérida, con sus exhortaciones a implantar el estado de excepción en el País Vasco para dejar fuera de combate a 2.000 o 3.000 activistas, enseñan que algunos profesionales del poder nada aprenden de sus errores e incluso pueden empeorar con el transcurso del tiempo. Por lo demás, sería, conveniente que alguien explicara cómo es posible que el portavoz de Coalición Democrática en el Congreso proponga tan catastrófica política para el País Vasco pocos meses después de que un diputado de su grupo parlamentario defendiera la conveniencia de una negociación con ETA.

En las manifestaciones del delegado del Gobierno en el País Vasco faltan matices en el tratamiento de Herri Batasuna, un fenómeno lo suficientemente complejo y contradictorio, sobre todo en sus dimensiones electorales, como para que la afirmación de que se halla totalmente vinculado al terrorismo y es una pura máscara del activismoe tarra no posea implicaciones peligrosas que alienten, precisamente, esos errores políciales que el general Sáenz de Santamaría quiere evitar. La identificación emocional y retórica con ETA, producida en ocasiones por la mala conciencia de quienes convivieron pacíficamente con el franquismo o nacieron a la política a la sombra de los presos, no significa necesariamente que partícipen en sus actividades. Y esa equivalencia mecánica puede predicarse aún menos para los simples votantes. La militancia en ETA o en sus redes de información y sostén puede enmascararse, efectivamente, en las filas de Herri Batasuna; pero Herri Batasuna es una coalición electoral, y no una organización armada.

Señalemos, finalmente, que el Gobierno debe combatir con toda energía el terrorismo del Batallón Vasco Español y de sus grupos afines, que en la madrugada del domingo escenificaron en Durango y en Echeverría una Je sus macabras operaciones, con el mismo propósito -aunque con un desenlace menos trágico- que en Hernani y en Ondárroa hace escasas semanas. Que las acusaciones contra el aparato regular del Estado como inductor de esos atentados carezcan de toda plausibilidad, puesto que esas acciones también apuntan contra la estrategia pacificadora del Gobierno, y que la presunta participación en esos crímenes de servidores de la función pública a título individual, violando la disciplina y abusando de su condición, tenga que ser probada antes de ser condenada, constituyen aspectos del problema que nada tienen que ver con la urgente necesidad de investigar el origen, fínanclación, composíción y armamento de esas turbias bandas. Porque la estrategía del general Sáenz de Santamaría para combatir el terrorismo desde la legalidad constitucional y en el marco de las soluciones políticas podría quedar contrarrestada por,la violencia de esos grupos de ultraderecha a los que, con su habitual mala fe, el radicalismo abertzale acusará -está acusando ya- de obedecer a centros de decisión instalados dentro del aparato estatal.