Fraga pregunta al Gobierno sobre la desaparición de cuadros del Prado

Manuel Fraga, portavoz del Grupo parlamentario de Coalición Democrática, ha presentado en el Congreso de los Diputados dos preguntas dirigidas al Gobierno: una relativa a la recuperación de los cuadros desaparecidos en el Museo del Prado y otra sobre la nueva ley para la protección del patrimonio artístico.

La pregunta sobre la desaparición de los cuadros del Museo del Prado está motivada por «la importancia cualitativa y cuantitativa de estos bienes, así como por la especial significación que en la opinión pública pudiera tener el conocimiento de la existencia real de conductas intencionadas o negligentes en la conservación de bienes de esta naturaleza», como también por «el desconocimiento de las investigaciones llevadas a cabo».Fraga pregunta si se dispone de un inventario completo de las obras del Prado, con expresión de las depositadas en organismos públicos o entidades privadas; cuántas obras fueron objeto de este depósito y en qué fechas; si han concluido las investigaciones oficiales; qué organismos o entidades no han podido acreditar el paradero actual de las obras depositadas en ellos; qué bienes son los afectados por esta situación y cuál es su valor; si se han localizado cuadros en posesión de personas distintas de sus depositarios iniciales; qué medidas se han adoptado para exigir las correspondientes responsabilidades y cuáles para evitar la repetición de hechos de este tipo.

Por lo que respecta a la ley de Protección del Patrimonio Artístico, el señor Fraga, después de señalar la «negligencia» existente en la conservación del patrimonio, «las escasas condiciones de seguridad» de que se dispone para su custodia y «la frecuencia con que los bienes son objeto de enajenación entre particulares», con grave perjuicio para la sociedad, pregunta si se está elaborando tal ley y cuándo será elevada a las Cortes.

Pide información también sobre las innovaciones fundamentales de esta ley en orden a la prevención, control y reparaciones de los actos contrarios a la conservación del patrimonio y sobre las medidas que se están adoptando por la Administración en aplicación de la legislación vigente para contener la expoliación continuada.