Continúan los expedientes de expropiación contra veinte fincas presuntamente mejorables

A principios de este mes, el Ministerio de Agricultura continuaba los expedientes de expropiación sobre veinte fincas presuntamente mejorables cuya superficie total es de 17.926 hectáreas (16.855 de secano y 1.071 de regadío). Igualmente, están en marcha los expedientes con requerimiento de planes de explotación y mejora contra 372 fincas -casi todas de Andalucía y Extremadura- que cuentan con obras construidas o auxiliadas por el Estado. Desde la aplicación, en marzo pasado, de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) ha emitido informes previos a 619 fincas que ocupan en total más de 250.000 hectáreas, según se desprende del último informe elaborado por este organismo, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

De los 619 informes emitidos, 392 corresponden a fincas con obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos (artículo 2º, apartado b de la ley), y los 227 restantes a todas aquellas fincas que lleven sin explotarse dos años, como mínimo, o superiores a cincuenta hectáreas de regadío o quinientas de secano que sean susceptibles de mejora (apartados a y c del mismo artículo).De los 392 expedientes mencionados en primer lugar, se han sobreseído veinte y se continúan los de 372 fincas (con una superficie total de 45.791 hectáreas). Una vez fijadas las directrices a que ha de ajustarse el mejor aprovechamiento de las fincas, el IRYDA ha cursado instrucciones a sus jefaturas provinciales con el fin de que efectúen el requerimiento a sus propietarios para exigir los correspondientes planes de explotación y mejora. Según establece la ley, el plazo para cubrir este trámite es de dos meses.

De las 227 fincas informadas por el Instituto, en base a los apartados a y c, se ha continuado el expediente de trece fincas, que suponen una superficie total de 1.071 hectáreas de regadío y 16.855 de secano. El detalle de estas fincas, así como la fecha de requerimiento del plan de explotación y mejora, figuran en el cuadro adjunto, en el que se incluyen otras siete sobre las que podría actuar el IRYDA por razones de interés social.

Según las cifras recogidas en el anexo estadístico del informe, la finca de mayor superficie (3.437 hectáreas de secano) sobre la que se ha abierto expediente de expropiación es la conocida como jiennenese de Cambil, y propiedad de Román Torres. Le sigue en extensión (2.250 hectáreas) la finca Alcornocalejo, en los términos sevillanos de Villanueva del Río, Minas y Cantillana, propiedad de María del Carmen Pinillos y Toro. Esta finca cuenta con doscientas hectáreas de regadío.

Aparecen igualmente en la relación nombres y apellidos sobradamente conocidos por otras actividades diversas, no siempre relacionadas directamente con el campo o la agricultura (Bohórquez, marqueses de Larios, Domecq, Ibarra, Blázquez, etcétera).

Asegura el documento oficial que desde la aprobación de la ley por las Cortes se apreció gran inquietud entre los propietarios de las grandes fincas situadas en Andalucía occidental, y en el momento en que apareció en el BOE muchos de ellos emprendieron mejoras e intensificaron los cultivos en las mismas (sobre todo en las siete declaradas a expropiar por interés social).

«En las zonas regables de Andalucía y Extremadura», dice el texto, «se ha observado una mayor ocupación de las tierras con segundas cosechas, e incluso en un buen número de fincas se ha realizado la siembra de verano después del trigo. Se espera que en el próximo año se produzca una importante reducción de superficie en regadío dedicada a trigo y cebada».

Entre otros casos concretos, en este sentido se especifican el de la zona regable del embalse de Bornos (Cádiz), en el que se regaban novecientas hectáreas hasta antes de iniciarse la aplicación de la ley. Este año se riegan ya 1.600, y para el que viene calcula el IRYDA que se cubrirá prácticamente la totalidad de la zona (2.100 hectáreas).

A finales del pasado mes de agosto, el Partido Comunista de Andalucía denunció ante el IRYDA la existencia de dieciocho fincas situadas en cuatro pueblos de la sierra sur. Según los denunciantes, esas propiedades totalizan más de 15.000 hectáreas y sólo dan trabajo fijo a cuarenta personas.

De estos dieciocho informes, el IRYDA ya ha recibido dos: se trata de los correspondientes a las propiedades de Alejandro Piña Gato (133 hectáreas de secano) y de Juan Gutiérrez (45 hectáreas), ambas situadas en el término de Alcolea del Río. El organismo oficial no encuentra suficientemente claro el informe sobre la primera de estas propiedades y ha pedido ampliación del mismo; por el contrario, ha dado orden de que se continúe el expediente de la segunda.