Suárez garantiza a Fuentes Quintana la aceptación del plan económico propuesto por su equipo

La reconversión de recursos hacia la inversión productiva, el énfasis en la política energética y la reducción del déficit público, todo ello manteniendo o restaurando, en su caso, los equilibrios básicos de la economía, parecen ser los principios orientadores de la estrategia económica que el nuevo equipo económico del Gobierno, encabezado por su vicepresidente, Leopoldo Calvo Sotelo, tratará de llevar a cabo durante los tres próximos años.

Aunque los principios básicos de esta estrategia parecen ya diseñados con bastante precisión, la cuantificación de los mismos es objeto aún de discusiones y retoques entre el numeroso grupo de asesores que, teniendo como albergue casi permanente al Banco de España, han estudiado infinidad de «papeles» e informes a lo largo de los últimos días, desde el sábado 30 de agosto. La dirección de los trabajos ha estado en manos de los dos asesores del presidente en estos últimos meses, el profesor Enrique Fuentes Quintana y el director general del Banco de España, Luis Angel Rojo. Según medios solventes, Suárez habría aceptado finalmente en su integridad los planteamientos de Fuentes Quintana, a quien habría prometido «hacerle caso en un ciento por ciento, aunque no le guste a la CEOE».

El relanzamiento

Aunque en determinados momentos de estos últimos días la tesis del relanzamiento defendida en el programa pergeñado por el grupo de Rodríguez Sahagún contó con alguna posibilidad de ser tenida en cuenta, las tesis de Fuentes Quintana se han impuesto finalmente. Su esquema supondrá una política económica de rigor y de cierta dureza, al menos a corto plazo, para realizar el ajuste que la economía española precisa y como condición previa al establecimiento de una senda de crecimiento más ambiciosa.«Una reactivación a ultranza», manifestaron en sectores próximos al equipo que ha realizado las líneas maestras de este plan, «nos llevaría al desastre en pocos meses». Los objetivos de crecimiento de la economía para los tres próximos años -horizonte sobre el que se plantea la nueva estrategia económica- intentarán sacar a la economía española del bache durante el segundo semestre del año próximo. Después de reconocer que la economía tendrá este año un crecimiento negativo por primera vez en muchos años, las estimaciones para 1981 se cifran en un aumento del PIB (producto interior bruto) del 2,5%, y un crecimiento progresivo que podría alcanzar un 5% para el año 1983. El cambio de tendencia se espera pueda producirse hacia el segundo semestre del próximo año, momento en el que debería producirse un cambio en la situación del empleo, que para ese momento podría detener su caída.

Los instrumentos

Medios solventes manifestaron ayer muy expresivamente la intención del nuevo programa económico al señalar que «no estamos dispuestos a cambiar paro por inflación. Con la inflación no se crea empleo y la economía aguantaría unos pocos meses». Con esta afirmación, las posibilidades de aplicar uno de los informes que le fueron remitidos al presidente estas últimas semanas quedaban totalmente descartadas.La lucha contra la inflación va a continuar con todo rigor, según los autores del programa. Se estima que, a finales de este año, se alcanzará una tasa del orden del 14,5%, y para el año próximo se buscaría una nueva rebaja de un punto, para situar la economía española en torno al 13% y reducir aún más el crecimiento de los precios en el año 1983, hasta situarlo en torno al 9% ó 10%.

Junto a la continuidad de la política antiinflacionista, el nuevo programa pretende un fuerte impulso a la creación de empleo, que podría cuantificarse en unos 600.000 nuevos puestos de trabajo en los tres próximos años. El cambio en la tendencia del empleo, de aplicarse con rigor la política económica propuesta, no se produciría antes del segundo semestre del año próximo, según las estimaciones de los expertos que han discutido la nueva estrategia. La proyección realizada por equipos de economistas recientemente sobre la evolución futura del paro en España no puede ser más preocupante, ya que se estima que, de seguir las cosas como están, sin cambio apreciable en la política económica, se alcanzará la cifra de 2,2 a 2,5 millones de parados a finales del año 1983, es decir, alrededor del 19% de la población económicamente activa del país.

Mejorar la inversión

Para cortar este dramático deslizamiento, la política económica de los próximos meses intentará vigorizar la formación de ahorro en la economía, sobre todo en su vertiente interna. La contribución a la inversión productiva deberá hacerse sobre la base de un esfuerzo tanto del sector público como del privado. En el sector Estado, mediante una reducción de gastos corrientes -sin cuantificar, aunque esta será probablemente una de las piedras de toque del éxito del programa- y un trasvase de recursos hacia la inversión, restableciendo la tasa de ahorro del sector público. En el sector privado, facilitando la financiación e impidiendo que el sector público detraiga fondos en exceso, así como mediante la creación de expectativas positivas para la inversión empresarial, que tienen mucho que ver con nuevas disposiciones en materia de flexibilidad del mercado de trabajo. Estos cambios en materia laboral intentarían acercar al marco legal español al existente en Europa occidental, flexibilizando la adecuación de plantillas a la producción de las empresas.Según medios próximos a los autores de esta nueva estrategia económica, una actitud de mayor rigor y dureza en la política industrial y, sobre todo, en el tratamiento de los sectores en crisis dominará la nueva política económica. El papel del sector público en esta materia podría ser determinante, ya que parece decidido a plantear topes a las transferencias a las empresas en crisis, siempre que no existan planes viables de recuperación y saneamiento inmediatos. En este sentido, una fuente autorizada manifestó ayer que «no se puede aumentar el empleo montados en las subvenciones. El presupuesto tiene unos límites y si engordamos la pelota a los déficit empresariales indefinidamente nunca acabaremos con los problemas reales de algunas empresas». Fue más tajante al agregar que los déficit de empresas públicas serán recortados, «aunque esto nos obligue a asumir fuertes costes en materia de empleo a corto plazo». «No se puede convertir al presupuesto en un presupuesto de transferencias».

Los recortes de los gastos corrientes no pasan, sin embargo, de ser una voluntad manifiesta y expresa, aunque no cuantificada todavía. Junto a los recortes en las transferencias a empresas públicas -sin cuantificar, desde luego-, los frenos a otros gastos corrientes no parecen claros o no son confesados por los autores del programa en estos momentos. Quizá un cierto freno a los pagos derivados de la aplicación de algunas leyes aprobadas hace poco en el Parlamento, entre las que se citan las relacionadas con los damnificados de la zona republicana durante la guerra civil, podrían congelarse o experimentar un alargamiento en sus calendarios de pago.

Nuevas estrategias

El impulso a la inversión se concretaría en tres objetivos. Por una parte, la búsqueda de nuevos sectores con futuro, para sustituir los recursos que actualmente se entierran a fondo perdido en algunas empresas claramente no rentables por otros en actividades cuya determinación no va a resultar fácil, pero que permitan generar más empleo y reforzar las exportaciones. En segundo lugar, se va a intensificar de forma aún más vigorosa toda la inversión en energía por las líneas clásicas y ya conocidas, además de complementar esto con nuevos intentos para rebajar el consumo unitario de energía en determinados sectores y actividades. Finalmente, y en tercer lugar, se intentará una vez más fomentar la inversión en vivienda, aunque sobre este punto existen serias dudas en algunos sectores a causa de las exigencias financieras que tal propósito comporta.

Los salarios

En materia salarial, las intenciones del Gobierno no parecen diferentes a las llevadas a la práctica hasta la fecha. En todo caso, se podría forzar aún más la contención salarial en el sector público y, de cara al nuevo presupuesto -que recogerá ya algunas de las medidas de este nuevo programa-, se podría limitar el aumento salarial al 11%, aunque se duda aún entre este porcentaje y el 12%, según fuentes solventes.El sector privado negociaría con las centrales en la misma línea de conducta que el pasado año, según esperan los responsables del nuevo programa, y parece esperable una limitación salarial en torno al 14% para 1981.

Una de las preocupaciones de los autores del programa ha sido la disminución de los costes para las empresas de las cotizaciones a la Seguridad Social, que actualmente penalizan la creación de empleo.

En materia financiera se proseguirá la liberación y se adoptará, en un plazo aún no definido, la libertad de tipos de interés a menos de un año, se reducirán algunos coeficientes y se dará más juego a la competencia de la banca extranjera.

Finalmente, la apertura al exterior y la continuidad en el proceso de liberalización económica van a proseguir. Eduardo Punset, nuevo responsable de Relaciones con la CEE, dijo ayer a EL PAÍS que «lo que hay que hacer para entrar en la CEE es lo mismo que hay que hacer para salir de la crisis», lo que describe bastante bien el espíritu y la filosofía de la nueva estrategia económica del quinto Gobierno de Suárez. En opinión de Punset, la salida de la crisis, entre otras cosas, «no es un problema arancelario, sino de mayor libertad».