Una vida extra para las lavadoras y los frigoríficos: así es la norma que cambiará el uso de los electrodomésticos

“En casa tenemos cantidad de aparatos que ya no funcionan, hemos olvidado la reparación. Estamos despilfarrando materias críticas vitales”. Las palabras son del europarlamentario del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) René Repasi, que el pasado 23 de abril defendía así la necesidad de terminar con la lamentable costumbre de usar y tirar en la UE.

Cada año, la sustitución prematura de aparatos supone un gasto de 12.000 millones de euros, produce 261 millones de toneladas de CO2 y genera 35 millones de toneladas de residuos. Para reducir estas cifras, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva directiva que busca que los fabricantes presten servicios de reparación asequibles en un amplio listado de productos que incluyen lavadoras, lavavajillas, neveras, pantallas electrónicas, aspiradoras, memorias de almacenamiento de datos, teléfonos móviles, tablets o incluso medios de transporte que incorporen baterías, como los patinetes eléctricos.

Sobre el papel, la música suena bien: cuando termine la garantía legal de un producto los fabricantes estarán obligados a facilitar su reparación y los consumidores podrán pedir prestado un dispositivo mientras el suyo esté en el taller. Un formulario europeo ayudará a evaluar y comparar entre los distintos talleres y se creará una plataforma dividida por países para encontrar rápidamente servicios técnicos, vendedores de productos reacondicionados o compradores de artículos defectuosos. Además, quien opte por la reparación podrá alargar un año el plazo de la garantía de un producto.

Pequeños negocios

Además, la normativa tiene la vocación de estimular la creación de talleres independientes, pero todavía no está claro cómo va a conseguir que sean más asequibles para los consumidores. Los precios de las reparaciones, detalla la norma, deben tener en cuenta “los costes laborales, el coste de las piezas de recambio, los costes de explotación del taller de reparación y los márgenes habituales”. A la vez, el precio debe ser razonable, es decir, debe fijarse de manera tal “que no se disuada intencionadamente a los consumidores de acogerse a la obligación de reparación del fabricante”. Cada Estado miembro estará obligado a hacer alguna de estas cosas: crear vales y fondos de reparación; llevar a cabo campañas informativas u ofrecer cursos de formación.

Desde OCU, Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación, lo considera muy positivo: “Volvemos a la situación de nuestros abuelos, en los que se buscaba siempre una segunda y tercera vida porque un producto estaba hecho para durar, no para comprar, usar y tirar. Cambiamos de una vez la economía lineal por la circular. Entendemos que la reparación va a ser más económica”. Añade que habrá efectos indirectos: “Vamos a necesitar personal cualificado para las tiendas de reparación que hace mucho tiempo que están olvidadas en España y otros países europeos. Con esto entendemos que se va a dar un impulso a la FP y dar salida a muchísimas personas que quieren utilizar esta vía como medio de vida”.

Pero quizá las cosas puedan no ser tan sencillas. En la exposición de motivos de la directiva se habla de las enormes barreras actuales que los fabricantes han levantado alrededor de sus productos prohibiendo, por ejemplo, que en una reparación se utilicen piezas impresas en 3D o repuestos de segunda mano. Las empresas se guardan información técnica, tienen herramientas de reparación patentadas y repuestos exclusivos que dificultan enormemente las cosas. Además, en los últimos años se han dedicado a vender productos para generar ingresos extra a través de servicios asociados que no quieren perder. Añadido a esto, la norma parece tener ciertas lagunas, como señalan en la Asociación Española de Consumidores (Aescon). “Consideramos positivo que la ley obligue a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias, pero expresiones como “en un plazo razonable” o “a precio razonable” hacen que si no hay una mayor concreción a las mismas, lo aprobado puede convertirse en papel mojado frustrando los intereses, derechos y expectativas de los consumidores”.

En Ifixit, que promueve el derecho a reparar —que ya se ha convertido en un movimiento internacional— critican que cuando los fabricantes no ponen a disposición piezas y herramientas, de facto crean monopolios de reparación y perjudican a las pequeñas empresas porque muchos acuerdos prohíben a los consumidores salirse del corsé de los fabricantes. El creciente uso de la tecnología complica las cosas, porque ahora la mayoría de los electrodomésticos incorporan software que necesita de conocimientos y encierra barreras colocadas por los productores.

Por si fuera poco, los plazos ralentizan los cambios. Los países tienen dos años para adaptar la normativa europea, pero como recuerdan en el Ministerio de Consumo, el reloj no ha comenzado a correr porque todavía no se ha publicado en los distintos idiomas oficiales. En España dicha directiva, junto con otras que abogan por la transición ecológica en el ámbito del consumo, se incorporará a la futura Ley de Consumo Sostenible cuya tramitación se inició el pasado 15 de marzo, señalan en el ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

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