La diputación requiere notarialmente a FASA para que le abone los préstamos concedidos

La Diputación Foral de Navarra ha requerido notarialmente a siete avalistas de Fundiciones de Alsasua, SA (FASA), entre los que se encuentra el ex presidente de la institución provincial, Jaime Ignacio del Burgo, para que en el plazo de quince días procedan a la entrega de la primera anualidad, que asciende a 1.429.960 pesetas, de un anticipo sin interés, concedido en 1976, por un importe total de 7.149.800 pesetas. En la actualidad, FASA adeuda a la diputación de Navarra, según fuentes oficiales consultadas por EL PAÍS, algo más de 150 millones de pesetas.

Con el acuerdo adoptado por la corporación foral en su última sesión, el asunto FASA, que originó en la provincia un escándalo de considerables proporciones y que fue el motivo de la destitución de Del Burgo como presidente de la diputación, ha entrado en la tercera fase, que podría resultar definitiva. Todos los diputados forales, excepto Del Burgo, han manifestado su propósito de resolver, incluso por la vía judicial, la parte monetaria del asunto FASA, ya que esta empresa tiene contraídas deudas con la diputación por un total que supera los 150 millones.La diputación foral señala en la resolución adoptada el pasado jueves que Fundiciones de Alsasua, SA (FASA), no ha cumplido con la entrega en la Hacienda foral del primer plazo de un anticipo, acordado en noviembre de 1976, por 7.149.800 pesetas, y concedido ocho meses después, en julio de 1977, que supone 1.429.960 pesetas. De esta forma, FASA debía haber hecho efectiva esa cantidad el pasado mes, punto que no ha sido cumplido, por lo que la diputación de Navarra ha requerido notarialmente a los avalistas de la empresa para que hagan efectivo el importe.

En el supuesto de que en el plazo de dos semanas FASA ni sus avalistas hayan contestado al requerimiento de la diputación, ésta procederá a ejercer las acciones legales pertinentes contra los siete avalistas del anticipo: los señores Lizarza, García Munte, Ronzón, Sánchez, Marquina, Esparza y Del Burgo. En la actualidad, FASA se encuentra en suspensión de pagos, si bien algunos de sus accionistas han asegurado que el futuro de la empresa se podría garantizar si el Ministerio de Economía concediera a la sociedad un crédito extraordinario de 180 millones de pesetas.

Por otra parte, FASA adeuda a la diputación otros tres millones de pesetas, en concepto de anticipo reintegrable sin interés, así como 10.214.000 pesetas, ya que la empresa no ha cumplido el plan de venta que la sociedad había presentado a la Corporación foral, condición indispensable impuesta por la diputación a la hora de conceder esta subvención en 1976. Como quiera que no se ha cumplido el plan previsto en las ventas, la diputación entiende que los diez millones de pesetas, concedidos como subvención, deben ser integrados a la Hacienda foral por FASA. De igual modo, la empresa tiene contraídas deudas por otros cincuenta millones de pesetas, de los que treinta están avalados por accionistas, que, junto a los 81 millones de pesetas concedidos como anticipo en junio de 1979, y que fueron el origen d el escándalo político que costó la presidencia a Del Burgo, suponen 151 millones de pesetas.

A su vez, Jaime Ignacio del Burgo ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Diputación Foral de Navarra del pasado 16 de julio, que desestimaba el recurso de reposición contra el acuerdo del 28 de abril, por el que fue destituido como presidente de la corporación foral de Navarra.