Retorno a la constitucionalidad
De las experiencias democratizadoras realizadas en América Latina en los últimos años, la peruana es, sin duda, la que lleva el mejor camino de convertirse en éxito definitivo. Así lo demuestra el riguroso cumplimiento del plan elaborado por los militares para devolver el poder a los civiles y el horizonte, prácticamente despejado de graves obstáculos, que preside la toma de posesión del arquitecto Fernando Belaúnde como presidente de la República.La actitud de las fuerzas armadas peruanas al aceptar cumplir su verdadera función en la sociedad del país y permitir el retorno a la civilidad es más encomiable aún si se tienen en cuenta las circunstancias geopolíticas de la zona en que Perú está enmarcado. Ecuador, cuyos anteriores dirigentes militares establecieron un plan de normalización similar al peruano, no acaba de hallar la senda de la tranquilidad constitucional. Bolivia, tristemente, ha puesto hace unos días un nuevo eslabón en la larga, y al parecer inevitable, cadena de golpes de Estado. Chile, Argentina y Uruguay viven sumidos en el negro pozo de la dictadura y, lo que es peor, no vislumbran perspectivas próximas de cambio. En Brasil, los pasos hacia la democracia, celosamente marcados por las fuerzas armadas, se dan con extremada lentitud.
Es cierto que el proceso militar iniciado en agosto de 1968 por el general Juan Velasco, precisamente con el derrocamiento del hoy nuevamente presidente Belaúnde, tuvo unas características bien distintas a las que nos han acostumbrado muchas de las fuerzas armadas latinoamericanas. Su proyecto, cargado de buenas intenciones nacionalistas y progresistas, se difuminó en un populismo vacuo y en un gran desorden administrativo. Los propios compañeros de armas de Velasco debieron enderezar el rumbo del país en 1975 y llegaron a la conclusión de que el gobierno de la nación no era tarea adecuada para los hombres de armas, sino para los políticos.
De forma consecuente con dicha convicción, las Fuerzas; Armadas elaboraron un plan de retorno a la constitucionalidad, que preveía tres etapas: elección de una asamblea, elaboración de una nueva constitución y elecciones generales para determinar la composición de los órganos legislativos del país y el presidente de la República. El primero de dichos pasos se cumplió en el verano de 1978, y el último, hace tan sólo dos meses, el 18 de mayo.
La victoria de Fernando Belaúnde en las elecciones; generales se ha producido por la concatenación de una serie de circunstancias muy diversas y, con certeza, no suficientemente anticipadas por los militares. Estos, sin duda, hubieran preferido tener enfrente, en el acto de transmisión del poder, a otra persona diferente a Beilaúnde, a quien hace doce años, y en circunstancias poco dignas, obligaron a abandonar, de madrugada, el Palacio Nacional.
Acción Popular, el partido de Belaúnde, prefirió no participar en el, debate constituyente que se reaIizó en Perú después de las elecciónes de 1978. Este hecho permitió al hoy presidente evitar el desgaste que al resto de las formaciones políticas ocasionó la discusión ccinstitucional y presentarse ante el electorado, prácticamente limpio.
La muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre, y la consiguiente división de su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), favoreció igualmente a Fernando Belaúnde. Finalmente, la fragmentación, los enfrentamientos ideológicos y estratégicos qtie exhibieron los partidos de izquierda en la campaña electoral, desmoronando el valioso 30% de los votos obtenido en las elecciones constituyentes, hicieron mella en el electorado, que prefirió votar al liberalismo elegante que ofrece la imagen belaundista.
El nuevo presidente ha hecho ya todo lo posible para esquivar accidentes similares a los que motivaron su derrocamiento en 1968. En primer término, no ha escatirnado elogios hacia el papel jugado por las fuerzas armadas en el proceso democratizador, y ha aceptado todas las sugerencias castrenses en lo que a nombramientos se refiere. En segundo término, se ha asegurado una fuerte mayoría parlamentaria, con el concurso del Partido Popular Cristiano, de Luis Bedoya, con lo que evita el torpedeo permanente que a sus proyectos legislativos dedicó el Congreso en su anterior etapa presidencial.
