La Junta Militar boliviana trata de mantener su presencia en el Pacto Andino

El Gobierno militar boliviano ratificó ayer su adhesión al Pacto Andino en momentos en que el aislamiento a que es sometido por la comunidad internacional se intensifica, tras la resolución aprobada por el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la abierta condena norteamericana formulada por Edmund Muskie el viernes. Dieciséis países acordaron «deplorar el golpe militar» en Bolivia, mientras que tres se negaron a suscribir tal acuerdo y cuatro optaban por abstenerse.

Hasta el momento, la Junta Militar no ha reaccionado oficialmente ante la votación ni ante la decisión norteamericana de cerrar su misión militar en Bolivia.En la misma línea de romper el cerco internacional a que el nuevo régimen se ve sometido podrían considerarse las declaraciones de García Meza al rotativo chileno La Tercera. El jefe de la Junta boliviana declaraba que se mostraba favorable al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre su país y Chile.

Ambos países rompieron relaciones en 1962, y así han permanecido hasta ahora, a excepción de un pequeño período de tiempo en 1975.

Bolivia piensa plantear un sustancial reajuste del precio de la venta del gas natural a Argentina. El precio propuesto por la Junta es de cinco dólares el millar de pies cúbicos, frente a los dos y medio que ofrece Argentina. Las negociaciones fueron a aplazadas, a petición del Gobierno de Buenos Aires, poco antes del golpe militar de García Meza. Entre los proyectos del vencedor de las elecciones celebradas en el país andino, Hernán Siles Zuazo, figuraba el propósito de lograr un precio mucho más beneficioso para Bolivia en este intercambio. Según los observadores, éste podría haber sido uno de los elementos que contribuyeron a provocar el golpe de Estado y también puede ser uno de los motivos para que la República Argentina reconozca inmediatamente al nuevo régimen de La Paz.

Mientras tanto, en el interior del país parecen haberse extinguido completamente los focos de resistencia a la Junta Militar. Sin embargo, para Siles Zuazo, la resistencia «ha caído, pero de ninguna manera ha sido aplastada». En un documento hecho llegar a algunos medios formativos de la capital boliviana, el líder de la Unión Democrática Popular pide a los miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), del que su partido forma parte, que «prosigan su lucha por la democracia». En el documento se afirma que la mayoría de los miembros del Ejército boliviano «no desea transformarse en fuerza de ocupación y de destrucción nacional"».

En La Paz, el arzobispo, monseñor Jorge Manrique, recibió ayer la solidaridad de los obispos auxiliares, clero y religiosos del país, tras haber sido acusado de ser «un instrumento del extremismo rojo».

Un autodenominado Frente Universitario Cristiano, a través de un comunicado divulgado hace varios días en la capital, acusó al prelado de «estar alineado con los objetivos del extremismo comunista» y de ser «un instrumento de los curas tercermundistas».

La condena a monseñor Manrique fue divulgada a través de los medios de comunicación locales, poco después de conocerse una pastoral del prelado, en la que repudiaba los hechos de violencia ocurridos el 17 de julio.

El general García Meza, por su parte, viajó ayer a las ciudades de Cochabamba y Trinidad acompañado por unos treinta periodistas. A principios de semana, el general ya se habla dirigido a Trinidad para testimoniar su reconocimiento a la ciudad donde comenzó el levantamiento militar.

En Caracas, mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Venezuela reiteró la decisión de su Gobierno de mantener suspendida la ayuda a Bolivia hasta que la Junta Militar demuestre respetar los derechos humanos.