Expedientes en el ayuntamiento

CON TODAS las cautelas necesarias antes de pronunciarse acerca de la expulsión de su puesto de trabajo de un ciudadano, y sin perjuicio de las garantías de procedimiento que cabe exigir antes de privar a una persona de sus derechos adquiridos, los recientes expedientes incoados por el Ayuntamiento de Madrid a funcionarios acusados de incumplir con sus deberes o de íncurrir en incompatibilidades deben ser acogidos por la sociedad civil con simpatía.El considerable número de funcionarios estatales o municipales que cumplen con su cometido no debe servir de cobertura o de coartada a aquellos de sus colegas que han convertido el cohecho en un oficio, el incumplimiento de los horarios y de las tareas en un alarde de «pasotismo» o el mal trato a los usuarios en una exutorio para sus frustraciones personales. En un momento en el que el Gobierno exhorta a los españoles a apretarse el cinturón, a incrementar la productividad, a resignarse al desempleo y a cumplir con sus obligaciones fiscales, el espectáculo de oficinas públicas -estatales o municipales- semidespobladas o utilizadas como lugar de tertulia es un poderoso ejemplo disuasorio para no tomarse en serio esas exhortaciones y consejos. El Ayuntamiento de Madrid está realizando, en ese sentido, lo que la Administración central tenía que haber hecho antes para disponer de la autoridad moral de la que muchas veces carece. Porque ningún empleado o trabajador de una empresa privada podrá nunca tomarse en serio al Estado mientras quienes lo dirigen sigan encubriendo el inenarrable panorama de un servicio público parcialmente dedicado en sus horas de trabajo al absentismo sistemático, la charla relajada, los asuntos particulares o la parsimonia laboral. Y ningún ciudadano cumplirá de buen grado sus obligaciones con Hacienda si el despilfarro en gastos corrientes para nóminas, pluriempleos y cuentas de representación de funcionarios o paniaguados contratados sigue sangrando al Tesoro sin una contraprestación de trabajo mínima mente satisfactoria. En cuanto al cohecho, la malversación o el tráfico de influencias, cargos de los que se acusa a algunos de los expedientados por el ayuntamiento, no cabe sino recordar a nuestros políticos y altos funcionarios que incurren en delito por el simple hecho de no denunciar los casos de ese género que llegan a su conocimiento. La reforma de la Administración es un paso previo para la reforma de la sociedad y para la salida de la crisis.