El Ministerio de Obras Públicas investiga presuntas irregularidades en su delegación

Un inspector del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha permanecido en Santander durante dos días para llevar a cabo lo que, aparentemente, sería una investigación de rutina en el funcionamiento de la delegación provincial de dicho ministerio. Sin embargo, fuentes generalmente bien informadas establecen una posible relación entre esta visita y las denuncias que en días pasados hiciera la junta del Colegio de Arquitectos de Santander en torno a supuestas irregularidades detectadas en el funcionamiento de la delegación.

La junta del Colegio de Arquitectos de Santander se manifestó, recientemente, a favor de una investigación en profundidad de las supuestas irregularidades que se habían detectado en el funcionamiento de los servicios técnicos del MOPU en Cantabria, al tiempo que solicitaban la sustitución del delegado Roque Manresa como máximo responsable de los hechos denunciados.En sus manifestaciones, la junta del colegio profesional parte de la denuncia de la política llevada por el delegado provincial del MOPU, que se ha negado reiteradamente a aceptar la colaboración del colegio en la designación de los arquitectos que deberían redactar los proyectos de viviendas de promoción directa del Ministerio, a pesar de las normas dictadas por éste en ese sentido.

Los arquitectos constatan que de los cinco proyectos de viviendas de promoción directa encargados el año pasado, tres lo fueron con proyectos antiguos de la obra social y dos encomendados a arquitectos residentes en Madrid.

La adjudicación de las obras de construcción de esas viviendas es, para la junta del colegio, que recoge el sentir de algunas empresas constructoras, clarificadora de situaciones anómalas, ya que las dos obras sacadas a concurso hasta el momento han sido conseguidas por. la misma empresa, Asturiana de Construcciones, radicada en Bilbao y que en ambos casos licitó a la baja. Las «cosas extrañas» comienzan cuando esta empresa, que bajó un 12% y un 14%, solicita del MOPU un modificado de obra que, en el caso de las 216 viviendas a construir en Cazoña y cuando tan sólo se ha iniciado su estructura, supondría un aumento de 52 millones, lo que enjugaría y aun superaría la baja ofertada.

Los casos comprobados, según el colegio, afectarían a dos arquitectos destinados en los servicios de urbanismo y habitabilidad, que habrían estado informando sus propios proyectos, y a dos aparejadores, también funcionarios de la delegación, que han firmado informes sobre proyectos careciendo de facultades para ello. «Nos parece inexplicable», precisa la junta, «que el delegado permita estas cosas, porque si unos funcionarios informan proyectos es incompatible con que éstos sean suyos; no es que los queramos echar de sus puestos, pero lo que no se puede permitir es que algunos pretendan ser juez y parte al mismo tiempo».

En relación con la polémica MOPU-ayuntamiento en torno a la remodelación del plan parcial del polígono de Cazoña, propuesto por el primero, la postura de la junta del Colegio de Arquitectos de Santander es favorable a la corporación municipal, al menos en cuanto a la forma en que debe tramitarse dicha modificación. «En el caso de que haya modificación de la zona verde, que parece que sí la hay, y nos referimos», puntualiza, «a modificaciones que no tienen nada que ver con que haya más zona verde o menos, la competencia para aprobar dichos cambios pasa por el consejo de estado del ministerio correspondiente y la corporación municipal afectada, que deberá aprobarlo con los dos tercios favorables de los votos de los concejales». Esta posición coincide con la que mayoritariamente aprobó la corporación municipal en el pleno celebrado el pasado jueves.