Intelectuales contra la violencia

EL MANIFIESTO de los intelectuales vascos contra la violencia (véase EL PAIS del miércoles 28 de mayo de 1990) tiene un peso político notable y debiera mover a reflexión no sólo a la opinión pública vasca -de la que emana-, sino también al Gobierno y a los responsables de la lucha contra el terrorismo. El documento, firmado por hombres tan representativos como Barandiarán, Chillida, Caro Baroja o Michelena, es un importante signo -y últimamente se han producido varios- de que están girando las bisagras en Euskadi hacia un nuevo entendimiento por la sociedad del papel de la violencia como arma política en una sociedad democrática.La arreciada del terrorismo en el País Vasco producida en las últimas semanas o fenómenos tan deplorables como el homenaje popular a un terrorista muerto en el acto de la comisión de un crimen debe en contrapesarse con otros acontecimientos de signo inverso: el gesto valeroso, por público, del industrial Alkorta, negándose a sufragar el impuesto revolucionario exigido por ETA, el rechazo por sectores cada vez mayores de la sociedad vascongada de las exacciones, chantajes y amedrentamientos de ETA, la negativa de un municipio guipuzcoano a dar por bue nas las explicaciones de quienes han asesinado a un convecino «por error» o el mismo documento que ahora nos ocupa.

Los intelectuales vascos no prodigan sus manifiestos a la opinión pública; la última vez que comparecieron como colectivo fue en apoyo del Estatuto de Guernica. Y este pronunciamiento contra la violencia, dirigido a las dos ramas de ETA, por más que no se las cite, es mucho más que una condena abstracta del terrorismo: es un serio intento de reconducir a análisis racionales la violencia que padece Euskadi, las insensateces y contradicciones que añaden al carácter criminal de las acciones terroristas el colorido inconfundible del fanatismo y de los impulsos hacia la autodestrucción y la provocación. Así, vascos insignes por su trabajo y significados por su lucha en pro de las libertades vienen a plantearse la perversidad moral del terrorismo, su inutilidad incluso en el plano de los proyectos políticos a largo plazo y su negativa incidencia sobre la consolidación de la autonomía vasca.

El gesto de los intelectuales vascos es un rasgo de valor moral, doblemente elogiable cuando desde el Gobierno vuelve a desempolvarse la tantas veces fallida «solución policial» como remedio mágico para el terrorismo, y esta vez con el tronante acompañamiento de una estrategia global que roza la frontera de las amenazas hacia la ciudadanía vasca. El Gobierno debe entender que los propios vascos son también castigados por la violencia; que ETA Militar opera ya sin ningún autocontrol político, como lo demuestra su escalada sangrienta en plena campana pro amnistía; que la población vasca está cansada de libertadores autodesignados y de salvadores mesiánicos, y que se están echando las bases para el divorcio entre los terroristas y la parte de la opinión pública que antaño pudo sustentarlos o comprenderlos. Hay síntomas suficientes para pensar que, esta vez sin autoengaños, está a punto de cambiar la dirección de la marea en Euskadi. Pero el Gobierno debe saber que puede depender de sus torpezas que los intelectuales vascos alzados hoy contra la violencia terrorista vuelvan mañana al silencio o a la ambigüedad, irritados o conmovidos por la conculcación de los derechos humanos de su pueblo por aquella que debería protegerlos.