Expectación y ansiedad ante la grave crisis de la CEE

Viene de primera páginaEl ministro italiano de Asuntos Exteriores, Emilio Colombo, que preside la reunión, hizo a su llegada un llamamiento a la cordura y el espíritu negociador: «No Podemos correr el riesgo de un fracaso en la hora actual, porque nuestra incapacidad para encontrar soluciones para los problemas europeos agrava aún más la situación mundial; negociemos y no nos encerremos en posiciones exclusivamente nacionales».

El llamamiento no ha surtido efecto, al menos hasta el momento. Fuentes oficiosas de las distintas delegaciones explicaron que las posiciones seguían muy enfrentadas.

Simplificando, puede decirse que sólo se ha dado un paso adelante: tal y como ha pedido siempre Gran Bretaña, los ocho están dispuestos a no limitar a un año, sino a tres, la posible solución del «problema inglés». Las divergencias llegan a la hora de proponer fórmulas concretas para la reducción de la aportación de Gran Bretaña.

Francia y la República Federal de Alemania defienden que, en lugar de fijar «el techo» de la aportación británica se fije el montante de la restitución que recibirá durante esos tres años El primer año, 1980, la CEE «devolvería» a Londres 1.100 millones de unidades de cuenta europeas (cada ecu equivale, aproximadamente, a unas 95 pesetas), en 1981 se le devolverían 1.200 millones de ecu y en 1982 una cantidad que sería fijada posteriormente.

Lord Carrington, por su parte, propone una doble alternativa. La primera consiste en fijar el techo de lo que Gran Bretaña pagaría: 538 millones de ecu en 1980 y cantidades proporcionales en 1981 y 1982. Si esta fórmula no prospera, y los ocho insisten en fijar el montante de la restitución, el ministro británico defiende que en 1980 se le devuelvan 1.250 millones de ecu, es decir, el 82% de los 1.784 millones de unidades de cuenta que, según los cálculos comunitarios, Londres debe pagar a la CEE. Pero, además, si la aportación británica sobrepasa esos teóricos 1.784 millones de ecu, la diferencia no sería abonada por el Reino Unido, sino por todos los miembros de la comunidad, de forma que a Gran Bretaña sólo le tocaría un 18% de esa cantidad. El mismo principio sería aplicado en 1981 y 1982.

En definitiva, Londres pretende que la inflación y la depreciación de la libra esterlina no repercuta en su aportación futura. Francia y la RFA se muestran, por el momento, inflexibles: si la inflación obliga a Gran Bretaña a pagar más, debe ser Londres quien cargue con las consecuencias de su política económica, y no la Comunidad Europea en su conjunto.

Mientras los ministros de asuntos exteriores debaten exhaustivamente una y otra vez las distintas propuestas, en una sala próxima los titulares de agricultura tienen ya todo a punto para el caso de que sus colegas triunfen. En efecto, con el veto británico -a la sola espera de que lord Carrington dé la luz verde- los problemas agrícolas han encontrado una vía de acuerdo. Además del 5% de incremento de los precios, acordado ya en la cumbre de Luxemburgo, los ministros de Agricultura han preparado una fórmula en principio satisfactoria para todos en otro de los puntos que enfrentaba a británicos y franceses: la guerra del cordero.

La guerra del cordero que, inicialmente, podría parecer tema menor ante la gravedad de la otra crisis, tiene una importancia fundamental para París. Más de 150.000 campesinos galos viven del mercado ovino y su voto es siempre necesario a la hora de las elecciones presidenciales. La fórmula de acuerdo permitirá al Gobierno de Giscard d'Estaing fijar precios de intervención en el período de julio a diciembre, caso de que caigan los precios, aunque sólo en ciertas categorías y en determinadas regiones.