Críticas de Proarte al anteproyecto de la ley del patrimonio

La interpretación y ordenación de los bienes que deben constituir el Patrimonio Histórico-Artístico y la política fiscal que afecta al comercio del arte son los dos puntos clave del informe crítico sobre el anteproyecto de la ley del Patrimonio Histórico-Artístico Español, elaborado por Proarte, colectivo que agrupa cuatro asociaciones de anticuarios, profesionales de galerías de arte y salas de subastas, que se presentó ayer a la opinión pública en una rueda de prensa.En el informe se recoge el texto íntegro del anteproyecto, anteriormente denunciado por Proarte como una amenaza para el mundo del arte, y se introducen una serie de modificaciones a varios artículos, argumentadas de acuerdo con los conceptos y objetivos que defienden los realizadores. En otros capítulos del estudio y análisis del citado anteproyecto y de sus consecuencias se tratan aspectos concretos del arte en España, como el coleccionismo, los efectos negativos de la política fiscal sobre el patrimonio o la intervención del Estado en el mercado del arte.

Las principales modificaciones incorporadas al texto original del anteproyecto de ley son las relativas a los artículos 7 y 104, que establecen una diferenciación entre bienes muebles e inmuebles, al distinguir el catálogo monumental del inventario del Patrimonio y regulan la cuestión fiscal, respectivamente. Con respecto al primer punto, la nueva redacción de Proarte propone un criterio de ordenación basado en la importancia per se de los bienes, no en el hecho de que sean muebles o inmuebles, pues «la misma importancia y valor puede tener un palacio o un conjunto histórico que un ejemplar aislado de pintura o escultura o una colección numismática o de esmaltes». Con respecto al impuesto de lujo que grava el comercio del arte con un 22 % o un 26,6 % sobre el precio de la venta, según sea la antigüedad del objeto inferior o superior a cien años, los representantes de Proarte señalaron el hecho de que este impuesto sólo existe en España y que su aspiración es aproximarse en este terreno a los países de la Comunidad Económica Europea, en los que la carga fiscal se fija no sobre el precio global de venta, sino sobre los beneficios, en un porcentaje que varía entre un 15% y un 17%.