El Gobierno anuncia al Parlamento una oferta autonómica concreta

La comunicación gubernamental que ayer entregó en el Congreso de los Diputados el secretario general de Relaciones con las Cortes, Gabriel Cisneros, tiene como parte más novedosa la que se refiere a la construcción del Estado de las autonomías. El documento se limita a exponer el problema, basado en una relectura actualizada del título VIII de la Constitución, y anuncia la oferta concreta que el Gobierno hará al Parlamento para que ambos definan sus líneas esenciales y, a partir de ese momento, atenerse «inexorablemente » a ellas. El imperio de la ley y la crisis económica y el paro son otros tenias destacados del documento.El planteamiento autonómico del Gobierno parte de la Constitución y de la experiencia acumulada a partir de ella, y sitúa el problema ante la Cámara «en sus exactas perspectivas jurídicas, sociales, económicas, políticas e históricas». al tiempo que valora «los impactos potenciales del proceso en nuestra política exterior y, singularmente, en nuestra voluntad de integración en Europa».

El Gobierno anuncia la presentación a la Cámara del modelo de organización del Estado a alcanzar, incluída la formulación de «una oferta programática con sus correspondientes referencias temporales». El documento no desvela más detalles sobre el programa que anuncia -y que probablemente lo especificará José Pedro Pérez Llorca o el propio Adolfo Suárez el día 20-, pero completa su otrecimiento con estas palabras: «Este programa se ofrece a la consideración del conjunto de las fuerzas políticas, para que su análisis crítico y las aportaciones que del mismo se sigan sirvan para presentar al país un panorama sereno, seguro y estable en esta materia, que supere las actuales incertidumbres».

La primera parte del comunicado gubernamental, tras aludir a las dificultades inherentes a la aplicación de un texto constitucional y autonomista a un Estado moderno «construído en un mol de autoritario y centralista» y hacer una declaración de voluntad de «fortalecer las instituciones democráticas y garantizar las libertades públicas», desarrolla el punto sobre el imperio de la ley. La primera formulación sobre este punto consiste en estimar indispensable «asegurar el correcto funcionamiento de todas las instituciones que el texto constitucional. establece, preservar su autoridad y delimitar claramente los ámbitos de licitud e ilicitud en el ejercicio de la libertad mediante un estatuto de las libertades públicas que regule el amparo judicial ordinario».

Una segunda dimensión del imperio de la ley es expresada por el Gobierno en la «aplicación rigurosa e inexorable de las leyes viqentes en la acción contra la violencia terrorista, cuya erradicación exige un especial esfuerzo colectivo de responsabilidad, colaboración y apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado».

En cuanto a la problemática económica, el Gobierno señala como únicas prioridades actuales la crisis energética y la atención al empleo. En cuanto a la primera, el remedio que aplica es la reducción de nuestra dependencia energética, respecto a la segunda, estima imprescindible «crear las condiciones necesarias para el despegue de la inversión productiva, con objeto de que nuestro techo potencial de crecimiento se alcance en la realidad». Para ello, el Gobierno considera necesario «enfrentarse con decisión al creciente aumento del déficit del sector público» y propiciar una actitud colectiva «que mejore el esquema de confianza que necesita la economía para su desarrollo».