Sesenta personas procesadas en más de cuatrocientas causas relacionadas con la libertad de expresión
Durante los cuatro primeros meses de 1980, los atentados contra la libertad de expresión en España, presentes sin duda durante toda la transición posfranquista y los primeros balbuceos democráticos de la nueva etapa política, han conocido un recrudecimiento alarmante, que ha sido puesto de relieve en numerosas ocasiones por la prensa independiente y observado con preocupación por organismos internacionales como el Instituto Internacional de Prensa (IPI).Sesenta periodistas, escritores e intelectuales se encuentran sometidos actualmente a más de cuatrocientas causas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, reconocido en el artículo 20 de la Constitución. De entre todas estas actuaciones, existen cinco casos al menos en los que el auto de procesamiento ha sido dictado por la jurisdicción militar, procedimiento que parece estar en contradicción con la Constitución española, que garantiza que los delitos de, opinión son competencia de la jurisdicción ordinaria.
Los procesamientos por presuil,tos delitos contra el Ejército o la Guardia Civil ocupan el prirner lugar (seis casos) entre las causas seguidas en los primeros cuatro meses, del año en curso; siguen a continuación las torturas, prisiones, malos tratos, poder judial (5), escándalo público (5), seguridad del Estado, apología del terrorismo, desobediencia a la autoridad (4), corrupción (1) y, finalmente, un procesamiento por asesinato por inducción y otro por calumnías. Llama la atención la variada gama de actos represivos desencadenados últimamente: no se trata sólo de procesamientos o diligenclas a periodistas por delitos de opinión, sino que se han producido además secuestros de periódicos y libros, malos tratos a un informador gráfico, intentos oficiales de manipulación de periódicos estatales, interferencias y prohibiciones en la actividad informatí va de las emisoras de radio, declaraciones de periodistas en comisaría y juzgados, detenciones, multas a editores y hasta el procesamiento militar de una realizadora de cine.
Entre los casos más graves en relación con el ejercicio de la libertad de expresión, sucedidos en los cuatro primeros meses de 1980, hay que señalar los siguientes:
- El Tribunal Supremo condena, el 17 de enero a Francisco Puigdevall a seis años de inhabilitación especial y multa de 20.000 pesetas, por escándalo público. El motivo fue un artículo publicado en la revista Galicia Deportiva el 23 de enero de 1978, titulado «Siete travestís se confiesan ».
- El Juzgado Militar número 6 de Madrid procesa el 1 de febrero al periodista Miguel Angel Aguilar, director de Diario 16, en relación con un artículo publicado el 25 de enero, titulado «Una intentona militar ha sido abortada en Madrid». Miguel Angel Aguilar se negó a revelar los nombres de los autores y las fuentes de la información, acogiéndose al secreto profesional garantizado por la Constitución.
- El 15 de febrero, Luis Martínez Ros, director de la editorial Nuestra Cultura, es acusado del delito de escándalo público por la edición de El libro rojo del cole. El juez dicta contra él auto de prisión y es detenido. Sale en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas, todos los ejemplares del libro habían sido previamente secuestrados.
- El Juzgado Militar número 2 de la IV Región (Cataluña) dicta el día 16 de febrero auto de procesamiento contra José lldefonso López Tufet y Juan José Sarto, por un presunto delito de injurias a la Guardia Civil, por la publicación de un comíc sobre la vida cotidiana en la Guernica de 1945, aparecido en la revista El Viejo Topo.
- El director del diario EL PAIS, Juan Luis Cebrián, es llamado a declarar el 19 de febrero ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en relación con las diligencias previas incoadas por el ministerio fiscal a causa de un artículo publicado el 27 de enero, titulado La extraña muerte de Agustín Rueda, firmado por Joaquina Prades, quien también estaba citada en las mismas diligencias para el 25 del mismo mes.
-Javier Sánchez Erauskin, director de la revista Punto y Hora de
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Procesos por la libertad de expresión
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Euskalerría, es procesado el 27 de febrero por presunto delito de apología del terrorismo, en el que podría incurrir su libro Txiki y Otaegui, El juez decretó su libertad bajo fianza de 200.000 pesetas.
- Gregorio Morán y Antonio Ojeda, antiguos redactor y corresponsal de Diario 16, comparecen el 27 de febrero ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, acusados de un delito de desacato, por haber publicado una información titulada Un juez vinculado a la extremo derecha. El fiscal solicitó tres meses de arresto mayor y 100.000 pesetas de multa .para cada uno.
- Antonio Machín, redactor de la revista La Calle, es procesado el 15 de marzo como presunto autor de un delito de injurias a la policía, por un reportaje publicado el 27 de marzo de 1979, con el título Dirección General de Seguridad: siguen torturando. Fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas.
- El 25 de marzo es detenido Ricardo Cid Cañaveral, redactor también de la revista La Calle e Interviu, al dictar auto de prisión contra él un juez de Barcelona, ante el que no compareció, en relación con sendos artículos publicados por él en ambas revistas sobre el tema del poder judicial. Permanece seis días en prisión. En estos momentos está procesado por tres juzgados.
-El 27 de marzo comparecen ante la sección primera de la Audiencia de Barcelona Antoni Reig, director de Flash-Foto, y Antonio Alvarez Solís, director de Interviu, ambos acusados de un delito de escándalo público por la publicación de fotografías, de desnudos. El fiscal pide para ambos tres meses de arresto, nueve años de inhabilitación y 30.000 pesetas de multa.
Francisco García Salve, dirigente de CC OO y del PCE, es condenado el día 31 de marzo por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de tres años y cuatro meses de arresto mayor y medio millón de pesetas de multa, por un delito de, injurias graves a la autoridad contenidas en su libro Yo creo en la clase obrera. El libro, que estaba secuestrado desde hacia cuatro años, hacía una referencia crítica al desaparecido Tribunal de Orden Público y a uno de sus presidentes, el magistrado José Francisco Matéu, asesinado en noviembre de 1978.
- El 9 de abril se dicta orden de búsqueda y captura y prisión incondicional contra el periodista catalán Xavier Vinade; como autor de un presunto delito de asesinato por inducción, por dos reportajes en los que denunciaba, a través de una entrevista con un ex policía, las actividades de los grupos parapoliciales que actúan en el País Vasco. Dos personas de las aludidas allí fueron asesinadas posteriormente por ETA Militar.
- El día 15 de abril, el Juzgado Militar número 5 de Madrid dicta auto de procesamiento contra Pilar Miró, realizadora de la película El crimen de Cuenca, por su posible delito de injurias y calumnias a la Guardia Civil. El 2 de febrero había sido decretado el secuestro de todas las copias ael filme por el mismo juzgado militar.
- En la madrugada del 26 de abril, fuerzas de la Policía Nacional secuestran todos los ejemplares del diario vasco Egin, en los que se contenía la primera entrega del serial coleccionable del Libro rojo del cole, secuestrado meses antes.
