"En Colombia se violan los derechos humanos" afirma Amnistía Internacional

Las autoridades colombianas vulneran los derechos humanos, pese a que Colombia ha firmado pactos y convenciones internacionales para su preservación. Esta es la síntesis del informe elaborado en este país por una misión de Amnistía Internacional que visitó Colombia en enero de 1980 y recogió directamente de personalidades políticas, jueces y presos políticos, testimonios de detenciones y procesos masivos, prácticas de tortura, transgresiones de derechos de defensa a los detenidos y la evidencia de una militarización de la justicia civil.La misión de Amnistía Internacional acaba de enviar al Gobierno de Bogotá una serie de recomendaciones, mediante las cuales intenta conseguir por parte de las autoridades colombianas una preservación de los derechos humanos en Colombia y la eliminación de las causas que perpetúan su transgresión, tales como la legislación de excepción, la militarización de los tribunales y los recortes a las libertades democráticas.

La delegación de Al, formada por el juez español Antonio Carretero, el psiquiatra canadiense Federico Allodi y por Edmundo García, del secretariado internacional de Amnistía, permaneció en Colombia desde el 15 al 31 de enero tras la invitación formulada por el presidente colombiano Julio César Turbay.

Colombia se ha mantenido bajo el estado de sitio de modo casi continuo desde noviembre de 1949. Sobre esta base, los miembros de la delegación establecen que, incluso dándose aquellas circunstancias, los acuerdos internacionales rubricados por Colombia impiden que las situaciones de emergencia sirvan como pretexto para eludir la preservación de los derechos humanos y estimular su transgresión.

Desde 1966 a 1973, los tribunales militares colombianos dictaron más de 3.800 sentencias condenatorias en 1.500 consejos de guerra verbales, procedimiento sumario utililizado por la justicia militar en juicios habitualmente masivos, que impiden garantizar la defensa individualizada de los procesados. Los arrestos masivos y la tortura han sido usuales. Los juicios civiles, destaca el informe, son realizados por tribunales militares desde los años sesenta, hecho que «ha socavado la independencia y jurisdicción de los tribunales civiles». La identificación de las causas de oposición política o sindical con la subversión armada es frecuentemente tópica para estos tribunales.