Reforma del Consejo de Estado nicaragüense
La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua anunció ayer una reforma del estatuto fundamental del Gobierno de la revolución sandinista en su artículo dieciséis, que regula la constitución del Consejo de Estado, organismo qué hará las veces de Parlamento.La reforma aumenta de 33 a 47 los miembros integrantes de dicho Consejo, distribuidos entre organizaciones políticas, populares, sindicales, gremiales y sociales.
La distribución entre los partidos políticos que tendrán representación en el Consejo de Estado, órgano legislativo y asesor de la Junta de Gobierno, es la siguiente: al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que conduce la revolución nicaragüense, se le otorgaron seis miembros, y uno al Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Socialista de Nicaragua (PSN), Partido Popular Social Cristiano (PPSC) y Partido Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), que lidera Alfonso Robelo, miembro de la junta gobernante.
Otras organizaciones políticas con un representante dentro del Consejo son el Partido Conservador Demócrata (PCD) y el Partido Socialcristiano Nicaragüense (PSC).
Quedaron fuera del, organismo estatal el Partido Social Demócrata (PSD) y el Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC).
Entre los organismos populares que tendrán delegados en el Consejo de Estado están los Comités de Defensa Sandinista (CDS), con nueve miembros; la Juventud Sandinista y la Asociación de Mujeres Nicaragüenses, con un miembro cada una.
Un total de doce representantes tendrán las organizaciones sindicales, según el decreto gubernamental. Siete organizaciones gremiales y sociales contarán con un delegado ante el Consejo.
El Consejo de Estado compartirá con la Junta de Gobierno la tarea legislativa en este país.
El nuevo organismo tendrá la facultad de formular proyectos de ley, pero su discusión y aprobación será más lenta que las iniciativas que prepare la Junta de Gobierno.
Los 47 miembros del Consejo de Estado no cobrarán sueldo. «En el pasado hizo mucho daño que los diputados ganaran dinero. La persona que quiere servir al pueblo tiene que hacerlo sin devengar ningún salario», dijo Sergio Ramírez, miembro del equipo gobernante.
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