El proceso autonómico tendrá que ser conducido por la vía del artículo 143

Los partidos políticos pueden iniciar una nueva negociación del proceso autonómico valenciano, tras conocer el fracaso de la iniciativa del artículo 151, al no alcanzarse los requisitos fijados por la Constitución. Así se desprende de las actas que obran en el Consejo del País Valenciano después de vencer el plazo el pasado día 8, marcado por la ley que regula los referendos para que los ayuntamientos especificaran la vía autonómica en los acuerdos, adoptados anteriormente.

Según este expediente de peticiones autonómicas de los ayuntamientos que el presidente interino del Consejo, el ucedista Enrique Montsonís, entregará el próximo martes al ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, ninguna de las tres provincias valencianas alcanza el quórum de acuerdos necesarios para iniciar el procedimiento del 151, si bien hay diferencias entre Castellón, Valencia y Alicante, al situarse la primera muy por debajo de las dos provincias mencionadas posteriormente.Después de conocer estos resultados, UCD, a través de su secretario general, el senador Manuel Broseta, hizo público ayer el contenido de una oferta para sentarse de nuevo a negociar la salida de la crisis autonómica con el PSPV-PSOE y PCPV-PCE. La oferta consiste en alcanzar un consenso sobre el contenido del Estatuto antes de diciembre del presente año y proceder a la remodelación del Gobierno preautonómico, ocupado en la actualidad por comunistas y por UCD, que ostenta la presidencia interinamente y el conjunto de carteras, a raíz del abandono del órgano preautonómico por los socialistas, durante el pasado diciembre.

Dicha remodelación pasa, en opinión de los centristas, por el retorno del PSOE al Consejo, aunque si no se llega a este acuerdo estamos dispuestos a asumir más responsabilidades». En cuanto al contenido del Estatuto, UCD postula la formación de una asamblea acorde con las facultades que prevé la Constitución hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Parlamento valenciano, para 1983, y constitución, asimismo, del tribunal de justicia.

Para alcanzar resultados en la negociación, UCD señaló que debería evitarse caer en errores anteriores. «Se trata de practicar una política de Estado desde las nacionalidades y regiones», afirmó Manuel Broseta. «Por tanto, el proceso autonómico no debería relanzarse por la vía de las algaradas callejeras, más propia de una etapa de la clandestinidad, ni por el continuo enfrentamiento entre los partidos». También resaltó que «la única posibilidad para no esperar cinco años es caminar por la vía del 143».

El ejecutivo del PSPV-PSOE no se ha pronunciado todavía sobre la salida de la crisis; sin embargo, su secretario general, Joan Lerma, ha expresado que la única vía consiste en la presentación en el Congreso de los Diputados de un Estatuto consensuado por los partidos mayoritarios, de iguales competencias a las alcanzadas por las comunidades históricas, que establezca la creación de un Parlamento elegido por sufragio universal y sistema proporcional y disponga la creación de un Tribunal Superior de Justicia. Este acuerdo político es previo, en su opinión, al retorno de los socialistas al Consejo, que con su actual formación está vulnerando la legalidad.