El Ministerio defiende la enseñanza en castellano en la Universidad Autónoma de Barcelona

El Ministerio de Universidades e Investigación ha calificado de «demagógicas» algunas expresiones de la declaración oficial formulada por el claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona ante la apertura de una investigación ordenada para verificar los hechos denunciados por un grupo de estudiantes a los que se les niega la enseñanza en castellano.

«El ministerio», si afirma en un comunicado de su departamento de prensa, «tiene el deber de garantizar, en el orden de sus competencias, el libre ejercicio de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución frente a eventuales arbitrariedades, abusos y discriminaciones, sean en la Universidad Autónoma de Barcelona o en cualquier otra universidad, a fin de adoptar las medidas oportunas para evitarlos o corregirlos».Según la nota ministerial, la actuación del departamento no se ha producido como consecuencia de una «carta», como se afirma en la declaración del claustro, sino ante la interposición de un recurso, en el cual se afirman unos hechos que ya habían sido expuestos ante el decano de la facultad de Ciencias de la Información y ante el rectorado de la Universidad Autónoma, sin que las reclamaciones de los alumnos fueran atendidas.

«La declaración del claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona», sigue diciendo el ministerio, «intenta confundir y tergiversar los hechos objeto de investigación con afirmaciones extemporáneas sobre el uso del idioma catalán. Ello no es así, puesto que no se trata de impedir ni de investigar si se imparten enseñanzas en catalán, lo cual está perfectamente de acuerdo con los derechos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sino, por el contrario, de confirmar si a los alumnos se les niega la enseñanza en castellano, lo que también está garantizado por el Estatuto de Autonomía de Cataluña y por la Constitución».

En la declaración del claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona se afirmaba que la actuación del ministerio trata de ser una justificación del artículo octavo del proyecto de ley de Autonomía Universitaria. Esta afirmación da pie al Ministerio de Universidades e Investigación para señalar que «el hecho que motiva la inspección y la reacción del claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona ante el mero anuncio de aquélla son las mejores pruebas de que no es superfluo incluir en el proyecto de ley de Autonomía Universitaria la mención a unos derechos reconocidos en la Constitución».

El mencionado artículo octavo de dicho proyecto de ley dice textualmente que «en ningún caso podrá discriminarse directa ni indirectamente a profesores, alumnos y personal no docente, de nacionalidad española, por razón de la lengua o lugar de nacimiento. Los estudiantes tienen derecho a recibir enseñanza y a expresarse en la lengua oficial del Estado, sin perjuicio de las enseñanzas que organicen las universidades en las demás lenguas que también son oficiales en las comunidades autónomas respectivas».

En opinión del Ministerio de Universidades, «resulta realmente asombroso que la Universidad Autónoma, en lugar de averiguar si efectivamente existen unos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información lesionados en sus derechos, se dedique a hacer declaraciones sobre el exiguo número de alumnos que presentan el recurso (35 en concreto), lo que parece indicar, a tenor del comunicado de la Universidad Autónoma de Barcelona, que los derechos individuales sólo deben protegerse cuando se trate de grandes masas».

La nota ministerial finaliza señalando que el «demagógico procedimiento de calificar de tradición franquista la apertura de una investigación que clarifique los hechos denunciados por un grupo de estudiantes es lo más impropio que podía esperarse en un claustro universitario».