¿Pilar Miro, ante la jurisdicción militar?

EL PARLAMENTO es soberano y sujeto del máximo respeto. Ello no obsta para recordar al presidente del Congreso y a los de las respectivas comisiones -en particular la de Justicia- que debieran dar mayores muestras de un criterio de prioridades legislativas que acabe rápidamente por normalizar jurídicamente el Estado democrático. A este respecto, su responsabilidad está por encima de la disciplina partidaria de UCD, que alcanza niveles de gregarismo. Los diputados centristas de la Comisión de Justicia del Congreso cuecen aún de instrucciones competentes de la dirección de su partido sobre un proyecto legislativo de grave repercusión pública, como la reforma del Código de Justicia Militar, que lleva meses en punto muerto. Y se da por ello la paradoja de que una sociedad civil y democrática sigue globalmente sujeta a un Código de Justicia Militar que en todo Occidente sólo se aplica a los militares.Albert Boadella y su grupo teatral Els Joglars, los responsables de un comic editado por El Viejo Topo, el director de Diario 16 o el de Sábado Gráfico, Mario Onaindía, tantos otros cuya lista por el momento puede cerrar Pilar Miró, directora de El crimen de Cuenca, ven trasvasadas sus responsabilidades civiles a la jurisdicción castrense. Parece como si el Ejecutivo y la minoría simple del legislativo (que lamentablemente para la clarificación política del país son fotocopia el uno de la otra) se hubieran empecinado en confrontar la institución militar con la sociedad civil.

En tanto no se reforme el obsoleto Código de Justicia Militar esta jurisdicción se ve impelida a aplicarlo. Podría decirse que a ello le obliga en parte su disciplina y la severidad con que los militares aplican sobre sí mismos su propio código, el único que contradice el derecho natural y que condena rigurosamente a un hombre por intentar salvar su propia vida. Esta ley, que rige para quien voluntariamente elige la carrera de las armas o para quien se ve compelido a ella por obligaciones de la defensa nacional, no puede ser entendida en tiempos de paz por actores, periodistas, escritores, directores cinematográficos, simplemente por los paisanos. Y su vigencia resulta anticonstitucional. Por eso los jueces militares deberían ser más sensibles a las demandas sociales y a la Constitución y suplir ellos con su buen entender los fallos de la clase política a este respecto.

Pero, en tanto el partido del Gobierno y sus diputados continúen sin atreverse -no es otro el verbo- a delimitar democráticamente la ley castrense, la jurisdicción militar no hace, a la postre, otra cosa que aplicar las leyes. Con todo su trasfondo inevitable de traspaso de responsabilidades sociales a la institución militar o a un cuerpo -en este caso- como el de la Guardia Civil, al que el propio Gobierno debiera tener el suficiente respeto como para evitarle el trance de retrotraerlo a una situación histórica como los sucesos del crimen de Cuenca.

Aquel fue un error judicial del que se arrepintió públicamente el Gobierno de la dictadura de Primo de Rivera. Un suceso desdichado, pero ya prescrito, narrado en varios libros y hasta contado en coplas de ciego. Ahora una película de Pilar Miró, y más concretamente unas escenas de tortura física a manos de unos guardias civiles, puede sentar en, un banquillo militar a una afamada profesional de la cinematografía y la televisión como Pilar Miró, provocando otro artificial y estéril roce entre un cuerpo armado y la sociedad civil.