Contratación universitaria

El «paquete» de leyes educativas que UCD piensa sacar adelante en las Cortes, sin más razones que la fuerza del número, ha sido vivamente contestado por los sectores sociales e individuos más directamente implicados en la enseñanza. En Cataluña, dichos proyectos, caso de ser sometidos a referéndum, obtendrían un no rotundo. Y en este sentido la oposición de rectores, profesores, maestros, estudiantes, etcétera, no es la pataleta de unos que deberán callarse cuando el marco legal esté establecido, sino que representan unos legítimos intereses por los que ellos, u otros que tomarán el relevo, continuarán luchando.La negativa del Ministerio de Universidades e Investigación a autorizar la contratación, poiparte de la Universidad de Barcelona, de los profesores que han resultado desplazados el presente curso por la adscripción de adjuntos numerarios, es sencillamente. intolerable e inadmisible.

En primer lugar, tales profesores han resultado desplazados «ilegalmente», en virtud de la conculcación de la aún vigente ley General de Educación, de la que es responsable el propió Ministerio. Por tanto, su expulsión del lugar de trabajo y su sustitución por otras personas ha sido un acto minísterial que está sub júdice en la Audiencia Nacional y sobre el que se posee una jurisprudencia claramente definida.

En segundo lugar, existe un compromiso -¡ah, los compromisos verbales!- del Ministerio con parlamentarios catalanes y el propio rector, de contratar a los adjuntos desplazados de esta universidad. Ello no lo entendemos como un.privilegio, sino como un resultado del boicot a las oposiciones seguido por los PNN de la Universidad de Barcelona.

Y, en tercer lugar, tales profesores llevan ejerciendo como tales, en sus facetas docente e investigadora, desde primeros de octubre hasta hoy, de acuerdo con los planes de ordenación académica de sus respectivas facultades.

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(Profesores de universidad)