Alta tensión política en El Salvador tras la promulgación de la ley de Reforma Agraria

El descubrimiento de veintinueve cadáveres y la detención de diversas. personas en diversos puntos del país enmarcaron trágicamente la simultánea entrada en vigor de la ley de Reforma Agraria y del estado de sitio en El Salvador. Se cumplen así las predicciones de organizaciones políticas izquierdistas, en el sentido de que la publicación de las normas legales sobre la transformación de la propiedad agrícola en el país y el establecimiento de medidas militares para «defender» dichas leyes iban a servir de pretexto a los militares salvadoreños para incrementar la represión.

Tropas combinadas del Ejército y de la Guardia Nacional ocupan desde la mañana del jueves cerca de un millón y medio de hectáreas afectadas por los decretos de expropiación, para evitar que sus propietarios dañen las instalaciones o traten de rescatar aperos y maquinaria. En los centros urbanos el patrullaje militar ha aumentado ostensiblemente, en previsión de posibles altercados.Un portavoz del Gobierno resaltó que las fuerzas armadas habían ocupado las grandes fincas para garantizar el proceso de reforma agraria y que habían sido suspendidas las garantías constitucionales para controlar a los grupos violentos de extrema izquierda y de derecha que buscan subvertir el orden.

La ley de Reforma Agraria, anunciada en cadena nacional de radio y televisión por el coronel Adolfo Arnoldo Majano, es, según la opinión de los expertos, realmente avanzada, aunque existe la duda de que pueda ser realmente aplicada. Establece un tope máximo de 140 hectáreas para las fincas propiedad de una sola persona y tres tipos posibles de titularidad: estatal, cooperativa y particular.

Según las cifras del Gobierno, las medidas de reforma afectan a unas 250 personas, propietarias de más del 50% de la tierra cultivable salvadoreña, en beneficio de 80.000 familias campesinas.

La ley de Reforma Agraria establece un sistema combinado de indemnización es para los propietarios de tierras afectados por las medidas de expropiación. El Estado pagará, de acuerdo con la valoración catastral de las fincas, ciertas cantidades en efectivo; el resto se hará con bonos de la tesorería pública, transformables anualmente. El Gobierno de El Salvador ha recibido promesas formales de ayuda por parte de Estados Unidos

De acuerdo con los propósitos de la reforma agraria, el Estado promocionará especialmente la formación de cooperativas de campesinos, a las que otorgará ayuda oficial.

La justificación de las medidas de excepción implantadas por la Junta de Gobierno (reducida a cuatro miembros después de la dimisión de Héctor Dada) es el temor de que la oligarquía salvadoreña, directamente afectada por las disposiciones nacionalizadoras, trate de impedir a cualquier precio la aplicación de la reforma agraria. Es preciso recordar que esta es la quinta vez que se trata de cambiar radicalmente la estructura de la propiedad agrícola del país, tradicionalmente en poder de un reducido grupo de familias poderosas. En las cuatro ocasiones anteriores, la oposición frontal de dichas familias hizo imposible la materialización de los proyectos.

Los observadores políticos y los dirigentes de las organizaciones populares estiman que el estado de sitio impuesto en todo el país por espacio de treinta días, con el argumento de defender las anunciadas leyes, responde realmente al propósito de las fuerzas armadas de descabezar materialmente la cada día más activa oposición izquierdista. El amordazamiento de la prensa, mediante la declarada censura, trataría, según esta interpretación, de silenciar las operaciones represivas de los cuerpos se seguridad.