El déficit de equipamiento de Vizcaya y Guipúzcoa supera el medio billón de pesetas
El déficit actual de inversión pública en infraestructura y equipamientos sociales se cifra, para las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, en más de 525.000 millones de pesetas, según un estudio realizado por las cámaras de comercio de ambas provincias.El estudio viene a ser una cuantificación de la tesis sostenida por la cámara bilbaína en un informe sobre la situación económica de Vizcaya, presentado el pasado mes de septiembre, y en cuya última parte se incluian unas polémicas consideraciones sobre la forma como debían calcularse los cupos a satisfacer a Hacienda por el País Vasco, en el marco de la negociación de los conciertos económicos. La tesis sostenida entonces por la Cámara de Comercio -y retomada de alguna manera por el presidente Garaikoetxea ante el ministro García Añoveros, al constituirse la comisión mixta de conciertos económicos-, es que «no sería acertado cargar sobre la incipiente administración autónoma la responsabilidad de compensar el déficit de servicios públicos adecuados». Y ello porque, «mientras que la presión fiscal ha superado con creces las exigencias de una correcta distribución de las cargas públicas, los gastos materializados ni siquiera alcanzaron los niveles medios correspondientes al conjunto del Estado».
La Cámara de Comercio obtenía de tales consideraciones la conclusión de que, «para partir de un punto cero de equilibrio», la Hacienda central debía de alguna manera «compensar ese déficit del que la Administración Pública vasca no es responsable». En una primera aproximación, el estudio de septiembre fijaba dicho déficit en unos 400.000 millones de pesetas para la provincia de Vizcaya.
José Luis Lascurain, director del departamento de estudios de la Cámara de Bilbao, resaltó, en rueda de prensa celebrada ayer, la importancia del trabajo para la fijación de prioridades por parte de la naciente administración autonómica, y explicó la existencia de tales déficits, aparte del desfase antes citado, en la orientación dada al gasto público, con exclusivos criterios de rentabilidad y relativo desprecio de las necesidades sociales.
El inventario ahora presentado analiza los déficits infraestructurales y de servicios existentes en catorce capítulos, cuyo desglose sería el siguiente:
