Presiones para que sean devueltos "plenos poderes" a la CIA
¿Hubiese podido algún plan secreto de la Agencia Central de Espionaje (CIA) bloquear la invasión soviética de Afganistán? ¿Hubiese podido un enfervorizado James Bond norteamericano haber salvado el trono del sha de Irán o por lo menos evitar el secuestro de rehenes estadounidenses? Muy probablemente no. Pero al estar EEUU en situación defensiva en zonas agitadas a través del mundo, la CIA vuelve casi a ser mimada en Washington.Los partidarios de la Central piden que la CIA sea «desencadenada», que se te permita una mayor amplitud en sus operaciones. Esta moda de endurecimiento coincide con los trabajos del Congreso, que está estudiando un nuevo estatuto para la CIA y donde se prevé un gran debate en torno al grado de supervisión que tiene que ejercer el Congreso sobre los planes de operaciones secretas de la CIA en el mundo.
En el centro del debate está la enmienda presentada en 1974 por Huges-Ryan, que prevé que el presidente apruebe en sus más mínimos detalles la mayoría de los planes de operaciones de la central de espionaje. También estipula que ocho comités del Senado y de la Cámara de Representantes -que integran en total más de doscientas personas- sean informados sobre ese tipo de operaciones por anticipado o inmediatamente después de su puesta en marcha.
Esta enmienda fue propuesta después de dramáticas revelaciones sobre las «conspiraciones» desestabilizadoras de la CIA contra Chile y sus intervenciones políticas secretas. Los adversarios de la enmienda señalan ahora que plantea graves riesgos por sus peligrosas lagunas en materia de seguridad y que tiene efectos de disuasión sobre las acciones secretas, aquellas que van más allá de la diplomáticas pero no llegan a ser una guerra abierta.
La Casa Blanca quiere modificar las disposiciones sobre la obligatoriedad de la información anticipada e incluir estos cambios en los nuevos estatutos de la CIA pendientes de aprobación por el Congreso. Las modificaciones limitarían la información de la CIA a los comités encargados de la supervisión de los servicios secretos del Senado y de la Cámara de Representantes, que sólo integran veintisiete personas. Los nuevos estatutos propuestos también reducirán el ámbito de las operaciones secretas que puedan ser llevadas a cabo sin la aprobación específica del presidente.
Pero no todo el mundo está de acuerdo. Entre los que se oponen a desnaturalizar la enmienda de Hughes-Ryan figuran algunos miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que consideran que las acciones secretas constituyen una prolongación de la política exterior bajo su responsabilidad.
En el ambiente supercargado creado por los acontecimientos de Irán y de Afganistán, una disminución de la información brindada por la CIA al Congreso es probablemente inevitable. Pero lo que disgusta a Birch Bayh, presidente del comité del Congreso encargado de la supervisión de los servicios secretos, es que otras reformas necesarias del código de los servicios secretos serán probablemente olvidadas en el camino.
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