El imposible viaje

Los GOBIERNOS de Chile y Uruguay han declarado per sonas no gratas a Felipe González y a los demás comisio nados de la Internacional Socialista que se proponían visitar ambas naciones en las próximas semanas. Los países europeos en los que los partidos integrados en esa laxa federación de organizaciones políticas ocupan el poder -como en la República, Federal de Alemania- o constituyen alternativas reales de gobierno -como en Gran Bretaña, Suecia o Francia- seguramente dejarán constancia de su contrariedad ante ese gesto inusualmente descortés e inamistoso por parte de regímenes con los que mantienen relaciones diplomáticas. Imaginamos que nuestro Gobierno algo tendrá que decir y alguna queja podrá formular ante el hecho insólito de que dos países que hablan nuestro idioma y protestan de su herencia hispánica se, permitan un desplante tan insólito como dar con la puerta en las narices al líder de la oposición parlamentaria y al dirigente del segundo partido con implantación popular en nuestra sociedad. Cuando recordamos la razonable y encomiable resistencia de don Juan Carlos a hacer escala en Santiago de Chile durante su último viaje por Latinoamérica, decisión acerbamente criticada desde la ultraderecha, no podemos por menos de celebrar la prudencia de una medida que, de no ser adoptada, hubiera creado el singular precedente de que una nación presuntamente amiga de España podía invitar a su jefe del Estado y rechazar la visita de su eventual presidente del Gobierno.Así como la España de Franco se convirtió, durante los años cuarenta y cincuenta, en la playa donde la resaca producida por la derrota del Eje en la segunda guerra mundial y los derrocamientos de los dictadores en todo el planeta fue depositando los restos intelectuales, políticos y guerreros de aquel gigantesco naufragio, también el Chile de Pinochet abre sus brazos fraternos y generosos a las estrellas del antiguo régimen o a los comerciantes de su nostalgia. Mientras el final de nuestra guerra civil llevó hasta las costas americanas, en un viaje sin regreso, a una interminable lista de intelectuales y escritores -cuya sola enumeración consumiría varias páginas de este periódico y de la que pueden servir de muestra nombres como los de Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas o Luis Cernuda-, la dictadura chilena se puede enorgullecer de dar su cálida acogida a ciudadanos españoles, esta vez provistos de pasaporte y con billete de ida y vuelta, tan egregios como Gonzalo Fernández de la Mora, profético diagnosticador del crepúsculo de las ideologías y sudoroso constructor de la teoría del Estado de Obras; Fernando Vizcaíno Casas, notable tanto por la prosa como por los argumentos de sus millonarios engendros, Blas Piñar, el notario-caudillo,o Camilo Sesto, el cantautor que ha transformado la cursilería en un género.

Las relaciones formales entre Estados y los intercambios comerciales se hallan inscritos en el espacio prácticamente inviolable de las propias conveniencias y de los usos diplomáticos. Sería ingenuo, en el contexto de las relaciones internacionales canibalescas del mundo actual, esperar o exigir gestos hacia afuera que no resultasen puramente simbólicos o retóricos. Sin embargo, es preciso saber, desde ahora, que sistemas de gobierno tan cerrilmente represivos y tan incapaces de satisfacer los mínimos nacionales e internacionales, de respeto a los derechos humanos, como el chileno o el uruguayo, están condenados por la historia. La interminable cadena de dictaduras que parecían eternas, pero concluyeron con la huida con el rabo entre las piernas del caudillo de turno, tiene, por ahora, a Somoza como último eslabón. En su lista de espera están ya escritos, sin embargo, los nombres de sus émulos en el Cono Sur.

Por esa razón, y aunque sólo sea por razones pragmáticas y de alta política, resulta sorprendente que el Gobierno no haya dado todavía una solución legal, con dignidad de estatuto del refugiado, a los problemas de los exiliados en nuestro país, entre los que figuran, por simple cálculo de probabilidades, los futuros gobernantes de los países latinoamericanos que hoy soportan el peso de la dictadura. Renunciamos, por temor al cansancio que siempre produce la repetición de los mismos argumentos, a desarrollar por extenso los motivos de agradecimiento histórico, solidaridad democrática, defensa de los derechos humanos y vocación americana por los que España debe dar un generoso asilo a los ciudadanos que huyen de países donde los españoles han tenido siempre una fraterna acogida como exiliados políticos o emigrantes económicos. Porque a nuestros gobernantes quizá sólo pueda convencerles la perspectiva de que buena parte de los hombres que gobernarán dentro de dos, cinco o diez años Chile, Uruguay y Argentina viven hoy, acosados, temerosos e indigentes, en nuestras grandes ciudades.