A propósito del olivar

Diputado del PSOE por Valladolid,Miembro de la Comisión de Agricultura

En el mes de junio, en el Congreso, tuvo lugar un debate sobre política agraria, en el que la mayoría de los grupos parlamentarios dieron su asentamiento al conjunto de intenciones presentado por el titular del departamento de Agricultura, con mayores o menores matizaciones. Los representantes del Grupo Socialista afirmamos, entre otras cosas, que «Ia política de producción debe contemplar, de una parte, las posibilidades de nuestra agricultura, y de otra, la demanda interna y externa previsible, y también lo que nuestros agricultores pueden hacer con sus recursos para llegar a una ordenación de cultivos y producciones a medio y largo plazo». En la base de esta afirmación latía la preocupación por introducir, en la medida de lo posible, elementos de racionalización en nuestra producción agraria. Nadie duda de que una. de las condiciones que mediatizan la producción agraria son las circunstancias ambientales que están fuera del control del agricultor; pues, como dice David Metcalf (l); «la agricultura es una industria biológica y los outputs de las cosechas, ganados y productos animales dependen de las condiciones atmosféricas, las plagas, las enfermedades, en mayor grado que otras industrias».

De no introducir elementos racionales en el proceso productivo agrario, nos encontraremos que son «los, años buenos o los años malos» los que mediaticen al ciento por ciento los resultados anuales de nuestro sector agrario, y en última instancia, las rentas de nuestros agricultores. En definitiva, estaremos dependiendo más de san Isidro Labrador que de una verdadera política agraria.

En reciente comparecencia del ministro de Agricultura, señor Lamo de Espinosa, en la Comisión correspondiente, y comparando los resultados agrarios de 1978 con las previsiones para 1979, se refería a los descensos importantes en la producción total agraria, en la producción final y en la renta agraria, estableciendo como causa, entre otras, las condiciones climatológicas, las cuales, en 1978, operaron en sentido contrario (sobre todo, en el subsector agrícola menos independiente respecto a las variaciones climatológicas).

De lo indicado se desprende que «la política de cambio» es algo más que las necesarias medidas estructurales. que deben enfocarse los aspectos productivos. En esta línea iban las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a la moción que sobre el olivar y la política de grasas presento el Grupo Comunista, y que no prosperaron por el voto en contra del Grupo UCD. En esencia, nuestra enmienda pedía que «el Gobierno, en negociación con las centrales sindicales del campo de ambito estatal, presente al Congreso en el plazo de tres meses un plan de reestructuración del olivar en el marco de una política de grasas, a desarrollar en cinco años, donde se evalúen los objetivos de producción de aceites (soja, oliva, girasol y otros), que se desean para España amedio plazo, y se programen las superficies requeridas para lograr esas producciones; teniendo en cuenta los niveles presentes y futuros de consumo interno, de exportación y de reservas estratégicas».

La anterior filosofía no es sólo predicable del olivar, sino de otras muchas producciones, aunque su referencia al olivar venía sugerida por las recientes negociaciones del precio del aceite. Y tampoco era novedad de pensamiento, pues ya en los acuerdos de la Moncloa, en el epígrafe 1, de la parte destinada a Agricultura, se pedía para antes de julio de 1978 una política de grasas y ganadera.

De otra parte, el Gobierno parece haber aceptado planteamientos similares, cuando, por ejemplo, en reciente Consejo de Ministros se ha aprobado un plan de fomento y expansión del tabaco, que suponemos entrará pronto en el Congreso de los Diputados, o cuando el FORPPA elaboró el programa de expansión y ordenación del algodón, para llegar a las 100.000 hectáreas, o en las producciones como el maíz o la soja, que han ido acompañadas de los estímulos y ayudas correspondientes.

Creemos que estas programaciones pueden contribuir a dar un mayor margen de confianza a nuestros agricultores y servir de orientación; sobre todo si, como se pedía en nuestro texto, se hacen en concertación con las organizaciones sindicales del campo. El mismo tiempo, ello supone una cierta ordenación de las producciones que evite los altibajos productivos de nuestra agricultura, no sólo imputables a la meteorología, sino a una política agraria no clara. Y si queremos no hablar del olivar, encontraremos ejemplos igual de representativos en las producciones de alubias, de garbanzos o de remolacha.

Los criterios esbozados no son por sí mismos suficientes para evitar el riesgo en la actividad agraria, pero cuantas menos variables introduzcamos (incluido el «capricho» de la Administración) algo habremos avanzado.

En definitiva: nos parecía y nos sigue pareciendo necesario que los olivareros, por ejemplo, conozcan los criterios u objetivos deseados por la Administración, respecto a la importancia del aceite de oliva en el consumo interno de aceites para los próximos años, o las producciones previsibles de cada clase de aceite, o las cantidades que podrían ser objeto de exportación. Insistimos en que si ello se hace en el marco de una programación a medio plazo y en negociación con los interesados, evitaremos los sobresaltos tan frecuentes en el sector agrario. Y aunque tal conducta no puede hacer olvidar el marco conjunto de nuestra economía, la crisis económica no justifica «el parcheo» ni una actuación exclusivamente coyuntural de tapar agujeros. En épocas de crisis es todavía necesaria la claridad de objetivos.

(1) «La economía de la agricultura». Alianza Universidad.