La Oposicion derrotó al Gobierno en favor de un mejor control de las cuentas del Estado

La oposición logró ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso la aprobación de una propuesta socialista -a la que sólo se opuso UCD-, según la cual «las Cortes Generales podrán requerir al Tribunal de Cuentas los informes de fiscalización de cuentas y de gestión económica del Estado, así como del sector público, que considere pertinentes». El hecho se produjo durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1980, que quedaron apr obados, tras comparecer ante la Comisión el presidente del Tribunal de Cuentas, Servando Fernández Victorio, quien manifestó que el citado Tribunal «siempre ha estado mediatizado» y expresó su buena disposición para colaborar con las Cortes Generales, según lo establecido en la Constitución.

La votación registrada fue de diecisiete votos favorables (socialistas, comunistas, CD, Minoría Catalana, PNV y Andalucistas) y dieciséis en contra (UCD). Previamente a la defensa de la enmienda, a petición del Grupo Socialista, compareció ante la Comisión el presidente del Tribunal de Cuentas, quien precedió a una serie de directores generales, que respondieron a los diputados de la izquierda sobre temas presupuestarios.

El socialista Néstor Padrón afirmó que el funcionamiento del Tribunal de Cuentas deja mucho que desear en la nueva etapa democrática. Aludió a su falta de independencia y a la desatención por parte del Tribunal de los informes realizados por funcionarios a sus órdenes sobre posibles corruptelas en las cuentas del Estado. Se refirió también a la huelga realizada por el personal del Tribunal en petición de un trabajo efectivo.

El señor Fernández Victorio manifestó que al Tribunal de Cuentas no se le presta atención. «Para un tribunal que está constreñido y encorsetado seria un alto honor colaborar con las Cortes Generales, en aplicación del artículo 134 de la Constitución.» A una pregunta del diputado comunista Emérito Bono sobre la distribución de los cinco millones de pesetas aprobados en los Presupuestos de 1979 para pertrechar técnicamente a sus funcionarios, el presidente del Tribunal de Cuentas reveló que el Gobierno había contestado a la consulta sobre el destino del citado importe manifestándole que no podía disponer de esa cantidad y que: las conferencias y cursillo que tenía proyectado organizar no forman parte de los cometidos del Tribunal. Añadió que el Tribunal de Cuentas siempre ha estado mediatizado y que, una vez que cuente con los medios suficientes, estará en disposición de modificar los Presupuestos y controlar las cuentas, para cuya labor, a pesar de su avanzada edad y de llevar dieciocho años al frente del Tribunal, aseguró, «me siento joven ».

A la enmienda socialista se opuso el eentrista Alberto Oliart, por estimarla innecesaria. Sin embargo, la mayoría de la Comisión dio su conformidad a la propuesta. Otra enmienda socialista fue aceptada por la Comisión al producirse un empate a diecisiete votos, que se resolvió en favor de los grupos de oposición, en aplicación del criterio del voto ponderado, que consiste en contabilizar tantos diputados como cada grupo cuenta en total en la Cámara. La enmienda aprobada establece una reducción de 5.000 pesetas en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los pensionistas de jubilación, vejez, invalidez o viudedad que perciban exclusivamente rentas por tales conceptos en cuantía no superior a 350.000 pesetas anuales.

En relación con la distribución de los 20.000 millones de pesetas con destino a acciones urgentes en zonas de escaso nivel de desarrollo, el Grupo Andalucista defendió sin éxito una propuesta encaminada a incrementar el citado importe y a invertirlo en los territorios comparativamente menos desarrollados en proporción inversa de la renta por habitante y directamente proporcional a la tasa de emigración, el déficit de equiparnientos colectivos y el porcentaje de desempleo.

Tanto el grupo centrista como la Minoría Catalana y Coalición Democrática se opusieron a esta enmienda. En relación con el debate que se suscitó sobre las desigualdades territoriales, el grupo centrista dividió en la votación de algunas enmiendas sus votos. Los diputados de procedencia periférica se manifestaron a favor de atajar tales desigualdades, mientras que los miembros de la Iponencia y otros diputados centristas se manifestaron en contra por estimar que los Presupuestos Generales del Estado no son el lugar adecuado para solucionar tales problemas. La mayoría de las enmiendas fueron rechazadas.

El ritmo de trabajo de la comisión -que en casi diez horas de trabajo dictaminó el articulado del proyecto de ley, cuyo estudio continuará hoy- fue trepidante, bajo la dirección del ex ministro señor Fernández Ordóñez.

Una de las primeras cuestiones debatidas fue la propuesta de Alfonso Osorio, en nombre de CD, de ahorrar gastos mediante la supresión de las dos vicepresidencias del Gobierno y los ministerios para las relaciones con las Comunidades Europeas, relaciones con las Cortes y adjunto a la Presidencia, así como mediante el no incremento de los sueldos de ministros, directores generales y otros altos cargos y diputados y senadores. La enmienda fue rechazada.

Una serie de enmiendas de la izquierda, encaminadas a lograr un aumento de las retribuciones de los funcionarios, fueron sistemáticamente rechazadas por la mayoría de la comisión. Los centristas manifestaron insistentemente que los criterios retribuidos serán considerados en la ley de la Función Pública, pendiente de remisión al Congreso. Tampoco fue admitida la propuesta del PNV sobre aumento de retribuciones a los funcionarios de las corporaciones locales pequeñas. Una de las escasas enmiendas aceptadas fue la defendida por el socialista Francisco Ramos, sobre el «perfeccionarniento» de los trienios de los funcionarios de Correos y Telecomunicación. El mismo diputado fracasó en su intento de fijar como mínimo de las pensiones de las clases pasivas el tope de 15.500 pesetas, para las de jubilación, y de 11.000 pesetas, para las pensiones familiares.

El también socialista Esteban Granado defendió que los ex ministros o asimilados que perciban remuneraciones de las administraciones públicas no tengan derecho a haberes pasivos. La enmienda fue rechazada. En cuanto a la negociación colectiva, en el ámbito de la Administración, el señor Ramos denunció la práctica actual que exige la autorización de los convenios por parte del Ministerio de Hacienda, una vez firmados por las autoridades del ministerio correspondiente. El señor Ramos expresó también sus reservas al texto gubernamental que establece que el personal laboral contratado con carácter temporal pase a la situación de fijo, «a iniciativa del departamento correspondiente».