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La historia completa y científica del franquismo tardará en escribirse por lo menos treinta años

Una ley de archivos regulará el acceso a los documentos oficiales

La historia completa del franquismo, esa historia científica y rigurosa entresacada de los documentos producidos por el propio sistema, tardará en escribirse, en el mejor de los casos, treinta años si, efectivamente, se aprueba en el Parlamento una ley de archivos cuyo anteproyecto ya ha redactado la correspondiente dirección general del Ministerio de Cultura. Pero también cabe la posibilidad de que esa historia nunca llegue a escribirse si no se corta a tiempo el galopante deterioro o la desaparición y depredación sistemática de los documentos del franquismo.

Hace ahora año y medio, el Ministerio del Interior se planteó la posibilidad de destruir, los archivos políticos de la Dirección General de Seguridad y del Servicio de Información de la Guardia Civil, en los que se encontraban valiosísimos datos sobre las actuaciones policiales y otros sobre personas de la oposición al período franquista. La Asociación de Archiveros y Bibliotecarios puso en conocimiento de la opinión pública este proyecto e inmediatamente surgieron las protestas, interpelaciones parlamentarias al ministro del Interior y conversaciones para que no se tornara esta medida. Hoy, aquellos ocho millones de expedientes que, en parte o en su totalidad se querían destruir, seencuentran en la sede del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. «El Ministerio de Cultura», dice de este asunto el actual subdirector general de Archivos, José Manuel Mata, «consiguió, en negociaciones y reglamentaciones conjuntas con el Ministerio del Interior, primero, que no se destruyera ningún documento y, segundo, su declaración de inutilidad administrativa a todos los efectos, por lo que se puede decir que han pasado a ser documentos históricos. En estos momentos, se está procediendo a su clasificación, tarea en la que, dados los escasos medios de personal y técnicos con que contamos, nos ocupará muchos años. La clasificación de es tos documentos es obvia, porque muchos de ellos afectan a la intimidad de personas que todavía viven y que tienen cargos de relevancia en la vida pública.»

Otra muestra anterior de este pillaje lo constituyen los intentos de eliminación o desaparición, se puede suponer que voluntaria, de una valiosa documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente del tiempo de la posguerra, en que ocupaba esta cartera Serrano Súñer, hecho denunciado recientemente por el historiador Angel Viñas. Tampoco se ha explicado satisfactoria mente la denuncia de[ historiador Abellán sobre la desaparición, hace dos años, de varios miles de expedientes de la censura del antiguo Ministerio de Información y Turismo.

Los propios responsables de la Administración son conscientes de que se necesita, por otra parte, más que nunca, la acción conjunta de organismos públicos, privados y de la acción ciudadana para tratar de conservar el patrimonio archivístico del franquismo. Una muestra, al menos en un nivel teórico de concienciación de este problema, ha sido el reciente Coloquio sobre los archivos para la historia del siglo XX, que se ha celebrado, en el transcurso de esta semana en Madrid. Así lo ha concebido su entidad organizadora, la Dirección General del Patrimonio, Archivos y Museos.

«Hemos promovido estos coloquios», explica el director general, Javier Tusell, «para que los historiadores, especialistas y, en general, la opinión pública tomen conciencia de un tema de enormes consecuencias políticas y sociales sobre el que próximamente va a aparecer una nueva legislación. Sabemos que, dentro de los temas históricos o de archivística, éste es, quizá, el tema más difícil y polémico, que plantea muchos problemas por afectar precisamente a nuestra propia contemporaneidad. Pero es necesario comenzar ya a clarificarse sobre el mismo. Por otra parte, hemos querido dar a este coloquio especial relevancia para que la gente tome conciencia de la necesidad de recoger y conservar toda la producción documental de este período.»

Hasta hace muy poco, los historiadores o ciudadanos interesados por la investigación histórica o en la simple consulta de datos relacionados con la historia de España, sólo podían acceder a la mayor parte de los archivos estatales y privados si lograban obtener un permiso especial de determinadas autoridades, o por la amistad que les uniera a los funcionarios, aunque en diversos medios se admite que muchas de las investigaciones han sido posibles gracias al sentido de liberalidad de la mayor parte de los funcionarios españoles de archivos, porque no existía ninguna legislación que permitiera el acceso a la consulta directa. El archivo, desde siempre, se ha considerado como algo secreto.

Nuevos tiempos democráticos

Ahora corren otros tiempos. El nuevo Estado democrático anuncia desde la ley fundamental que ordenará las relaciones ciudadanas (artículo 105 b) de la Constitución), que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, «salvo en lo que afecte a la seguridad del Estado, a la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas».

«Una cuestión fundamental en relación con la documentación de muchas de las instituciones del pasado régimen», añade el subdirector general de Archivos, «es la de los plazos de consultabilidad. El anteproyecto de ley contempla el de treinta años con carácter general, que es el plazo medio que existe en legislaciones de la mayor parte de los países europeos. En Estados Unidos, el plazo es dé veinticinco años. Según el proyecto de ley española, existiría también un plazo de cien años para la documentación que afecta a la intimidad, y en estos casos la consulta debería hacerse siempre, al menos, treinta anos después de la muerte de las personas. No obstante, es el Parlamento quien debe dar la última palabra sobre el tema de los plazos.»

En relación con la consultabilidad de los documentos del franquismo hay historiadores, como el citado profesor Viñas, que defienden que por la especial significación de este período para la construcción de la actual democracia española, se tendrían que abrir al público los archivos españoles incluso hasta 1970. Otros historiadores, como el militar Ramón Salas Larrazábal, creen, por el contrario, que la apertura de los archivos del anterior régimen sólo serviría para cultivar la «autodifamación nacional».

Pero este «cerrojazo» que propone Salas Larrazábal, que se acentúa casi hasta la desesperación del investigador cuando se trata de consultar los archivos militares, no se corresponde con las corrientes actuales que proclaman el derecho y la práctica de una transparencia informativa de todos los sucesos que de alguna manera afectan a la sociedad contemporánea. Téngase en cuenta por un momento que gracias a este nuevo entendimiento del derecho de acceso a la documentación pública se han podido conocer detalles, a través de publicaciones periódicas y no periódicas, del apoyo del régimen de Franco a las potencias del Eje o de las finanzas del Vaticano, una vez que los documentos sobre estos temas han sido desclasificados.

Otro problema muy en conexión con el acceso a los documentos oficiales de la Administración es el de quien determina su comunicabilidad, es decir, qué organismo, organismos, persona o personas, determinan cuáles son los documentos que afectan a la seguridad y defensa del Estado, y al resto de limitaciones de comunicabilidad que establece la Constitución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de noviembre de 1979