La comisión de alcaldes, decepcionada con la respuesta del Gobierno

La respuesta dada por el Gobierno a las demandas económicas de los ayuntamientos de las veinte ciudades españolas más importantes ha decepcionado a la comisión de alcaldes que ayer se entrevistó con el vicepresidente segundo del Gobierno, señor Abril, y el ministro de Administración Territorial, señor Fontán. Si en una conferencia de prensa, mantenida después de la entrevista, los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Oviedo se esforzaban por moderar sus reacciones a la respuesta gubernamental, en privado no dudaron en calificar de «impresentable» el documento Abril.

En un aparte, uno de los alcaldes manifestó que «la posición gubernamental frente a las corporaciones locales es insostenible », y la calificó de «agresión a los ayuntamientos y a los ciudadanos, que ven cómo se les niega a las corporaciones democráticas el dinero que no se les negaba a los ayuntamientos franquistas». Los seis alcaldes han decidido hacer llegar con urgencia la respuesta gubernamental a los demás ayuntamientos que participaron en las cumbres de Valencia y Sevilla y convocar, en el más breve plazo posible, una nueva reunión a celebrar en Zaragoza.Para entonces, los alcaldes confían en que el Gobierno haya modificado su actitud, ya que en el transcurso de la entrevista con el señor Abril se abrieron algunas perspectivas esperanzadoras. «Las glosas al texto exrito», afirmó el señor Tierno, fueron más oferentes y prometedoras. » Por esa razón, el alcalde de Madrid, afirmó que no convenía echar leña al fuego, ya que no se había roto la negociación.

Los alcaldes asistentes a la conferencia de prensa, entre ellos el de Oviedo, coincidieron en señalar en que solo se había obtenido respuesta satisfactoria a una cuestión: la posibilidad de que las corporaciones locales acudan al mercado exterior de capitales con el aval del Estado. Sin embargo, el Gobierno estima desproporcionada la pretensión de los ayuntamientos de que en el presupuesto de 1980 se consignen 50.000 millones en concepto de aval para las operaciones crediticias con el exterior de las corporaciones locales, ya que, entre 1976 y 1979, el total de esa operación fue de unos 60.000 millones. A la vez sugiere que, como camino excepcional que es, solo se recurra al crédito, exterior para gastos de inversión concretos que generen su propia amortización en el futuro.

En los ocho puntos restantes, la respuesta gubernamental no la encuentran satisfactoria. «Los objetivos que perseguimos», manifestó el alcalde de Barcelona, «son justos, y los medios que pedimos no son desproporcionados ni insolidarios con la situación crítica de la economía. Queremos», añadió el señor Serra, «que los ayuntamientos democráticos arranquen en una situación saneada y que las haciendas municipales participen en mayor grado en el sector público, hasta alcanzar los niveles europeos, de los que estamos muy lejos; los medios que pedimos son necesarios para conseguir estos objetivos. »

Respecto a la liquidación de deudas adquiridas por las corporaciones no democráticas, los alcaldes estiman que el Gobierno incumple compromisos adquiridos al no asignar en el presupuesto de 1980 nada más que 7.000 millones para cubrir las cargas financieras correspondientes a este ejercicio, cuando, según el presupuesto extraordinario de liquidación de deudas de 1978, deberían ascender a 14.900 millones.

Por otra parte, los alcaldes pedían un nuevo y último presupuesto extraordinario de liquidación de deudas correspondientes al ejercicio de 1979 y contraídas en aplicación de una política en gran parte ajena a las nuevas corporaciones. «Somos conscientes del carácter extraordinario del procedimiento, por eso queremos que sea el último», afirmó el alcalde de Sevilla.

«Para ello», añadió el señor Uruñuela, «es necesario dotar de medios suficientes a las corporaciones locales y por pedimos una participación del 10% en la recaudación por imposición indirecta; entendemos además que el Gobierno se comprometió en este sentido en el decreto-ley de financiación de las corporaciones locales y, sin embargo, esa participación en el presupuesto de 1980 solo llega al 8,5 %.

Ramón Tamames, teniente de alcalde de Madrid, interpreta la actitud del Gobierno no como una voluntad de entorpecimiento de la gestión municipal, sino como una falta de conciencia sobre la dimensión del problema. «Acaso hubiera tomado más conciencia si hubiera tenido más ayuntamientos a sus espaldas.» El alcalde de Bilbao, señor Castañares, opinó, por su parte, que «UCD no tiene los ayuntamientos conflictivos y por eso no ha palpado la magnitud del problema». El único alcalde de UCD presente, Luis Riera, de Oviedo, manifestó finalmente que, en cualquier caso, el Gobierno no practica discriminación alguna según el signo político de las corporaciones.