El juicio contra las once mujeres acusadas de aborto puede suspenderse

Según todos los indicios, el juicio previsto para hoy en Bilbao contra once mujeres acusadas de haber realizado prácticas abortivas hace ya varios años puede ser suspendido por el tribunal, ante la incomparecencia de una de las procesadas.

Este supuesto, cuya confirmación oficial resulta imposible, pues la decisión, de adoptarse, lo sería a los pocos minutos de iniciado el acto mismo del juicio, se da prácticamente como seguro en todos los medios consultados. Tanto es así, que la defensa ya ha preparado los argumentos de protesta, con los que recurrirá en cuanto el juez declare suspendida la vista, argumentos que, en síntesis, son los siguientes: «Resulta altamente sospechoso el hecho de que se hayan dado cuenta a última hora de la posible incomparecencia de una de las acusadas», dice textualmente el alegato de varios de los defensores, «cuando esta misma mujer lleva casi cuatro meses sin presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción de Bilbao, como establece judicialmente su estado de libertad condicional. Si realmente hubieran estado interesados en que se presentase la acusada», añaden, «deberían haber dado hace tiempo la correspondiente orden de busca y captura.»Otra de las circunstancias que concurre en la incomparecencia de esta mujer, calificada igualmente de sospechosa por los abogados, consiste en que entre los documentos del sumarlo parece que no está incluida la cédula fiscal donde debe constar que ha sido citada para el juicio. Si este documento obrase en poder de la Sala -señalaron- no habría ningún inconveniente legal para que la vista siguiese adelante, a pesar de la ausencia de la interesada. Sin embargo, como no sucede así, la posible decisión de suspender el juicio, una vez se haya constituido la Sala, «es legalmente irreprochable».

La posible suspensión a si muy mal acogida por la defensa, pero lo ha sido aún peor por las propias protagonistas del juicio, quienes aseguran que esto «es lo peor que podría ocurrirnos», según declararon ayer cuatro de las mujeres procesadas. «Para nosotras el hecho de que esta pesadilla no termine ahora, cuando ya nos hemos hecho a la idea de que hay que pasar el trago, y cuanto antes mejor, es lo peor que puede pasarnos. Tenemos los nervios destrozados, y sólo nos faltaría eso para acabarnos de hundir. »

La Asamblea de Mujeres de Vizcaya, en cambio, considera la hipotética suspensión como «una victoria del movimiento feminista, porque significa», según su interpretación, «que los jueces tienen miedo a condenarlas, después de haber comprobado la enorme campaña de lucha solidaria emprendida por las mujeres de todas las provincias españolas en favor de las once encausadas».

Uno de los abogados, Santiago Espinosa, comparte la opinión de la Asamblea, de que «este juicio, evidentemente, no seduce en absoluto al Gobierno de UCD. Han quedado demasiado claras las contradicciones del sistema», explica, «especialmente la incoherencia que supone el hecho de que los españoles habíamos refrendado una Constitución que separa la Iglesia del Estado, y, sin embargo, ahora se juzga a once personas por motivos judiciales totalmente retrógrados y basados en los principios religiosos de la ética y la moral de la Iglesia católica.»

Un movimiento religioso de Euskadi, la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares del País Vasco, se aparta de la ortodoxia eclesiástica, al difundir ayer mismo un comunicado en el que expresaba su repulsa contra el juicio de hoy y proclaman el derecho de cada mujer a decidir su maternidad, al tiempo que añadían: «Nosotros, como creyentes, consideramos que la Iglesia debe abordar de forma realista y humana este problema y que, como en el Evangelio de Jesús, la persona humana y su situación estén siempre por encima de la ley que no salva.»

Esta toma de postura de las comunidades cristianas vascas continúa la línea empr endida recientemente por las comunidades de Madrid (véase EL PAÍS de ayer).

Cabe destacar, por último, que en 48 horas se han recogido en Euskadi las firmas de 793 mujeres que declaran haber abortado voluntariamente.