El presupuesto de 1980
Catedrático de Teoría EconómicaDentro de pocos días va a debatirse en el Parlamento la cuestión más importante de la política económica ordinaria, que es el presupuesto de 1980. Es de esperar que el tema no deje de interesar a los políticos y, en general, a todos los ciudadanos, porque buena parte del devenir económico depende de las cifras que se aprueben. Ahora bien, al analizar el presupuesto no debe olvidarse que se confecciona de acuerdo con una realidad que nos guste o no, está ahí. Y la realidad económica española de hoy, como la de muchos de los países industrializados más avanzados, es que atravesamos una profunda crisis de alcance indeterminado. Vivimos en un período de recesión muy superior al previsto inicialmente por los expertos, tal y como se ha puesto de relieve en la reunión del Fondo Monetario Internacional celebrado recientemente en Belgrado.
Bajo esta perspectiva es bueno tener en cuenta, además, que la confección del presupuesto de 1980 parte de una serie de obligaciones contraídas en el pasado, tanto en lo que afecta a los gastos corrientes (personal, etcétera) como la inversión pública (inversiones ya iniciadas o bien aprobadas). Y esto es así porque ¿cómo va a prescindir la Administración de su personal?, ¿tendrá la Administración que reducir el salario de sus empleados, estableciendo así un mayor elemento diferenciador, con respecto a quien trabaja en el sector privado?, ¿habrán de paralizarse los proyectos de inversión en fase de ejecución o ya aprobados para su puesta en marcha? Parece evidente que ninguna de estas soluciones resultaría ni viable ni acertada, en todo caso se pueden corregir sus funciones adecuando los medios para obtener un mayor rendimiento.
Reconocidas estas obligaciones, que prácticamente suponen ya un destino obligado de, al menos, el 80% de los ingresos previstos, la elaboración del presupuesto es el arte de asignar la recaudación procedente de nuestro sistema tributario y de las cotizaciones a la Seguridad Social.
La reforma tributaria emprendida hace que el conjunto de ingresos para el año 1980, según el presupuesto, ascienda a la cifra de 1.994.000 millones de pesetas, dentro de las cuales la proporción de los impuestos directos sobre los indirectos, es favorable a los primeros, según la relación del 107,7%, aproximadamente igual a la de 1979. Es de notar el esfuerzo que la ley de Presupuestos incorpora mediante modificaciones tributarias que favorecen el empleo y la inversión, así como el ahorro privado: aumento en la desgravación en el impuesto sobre la Renta, en el impuesto sobre Sociedades y en la actualización de valores en el impuesto sobre el Patrimonio.
Pues bien, con los recursos previstos, que es la aportación de todos nosotros a la Hacienda Pública y admitiendo unos compromisos de gastos muy elevados, quedan dos cuestiones por resolver, éstas son: el tamaño del gasto público y del déficit y la asignación de los recursos, una vez atendidas las obligaciones comprometidas.
El presupuesto, que acepta un déficit de 290.000 millones de pesetas, conduce a un incremento de la demanda final del Estado del 17,6%, mientras que el crecimiento previsto del producto interior bruto es, para 1980, del 18,1%. Ello, que puede aparentar un menor elemento reactivador del Estado en relación al año 1979, obedece, sin embargo, a un cambio importante, cual es la transferencia y contención de los gastos consuntivos en favor de la inversión pública, lo cual es bueno desde el punto de vista del empleo. No es despreciable, sin embargo, la hipótesis de un déficit mayoral previsto, en la medida en que la demanda privada interna y la demanda exterior no den signos de reactivación suficiente para alcanzar un crecimiento real del 3-4%. Al no disponer de datos suficientes sobre el tema, no es despreciable la hipótesis de ampliar el déficit público para mantener la actividad económica, pero bien sabido es que este tema será uno de los más controvertidos en el Parlamento y que las opiniones sobre el mismo deben hacerse bajo un marco de política general.
Lo que sí produce satisfacción en el presupuesto remitido a las Cortes es el conjunto de correcciones incorporadas en 1980 cuyos frutos, de proseguir en la misma dirección, se alcanzarán en breves años.
Estas medidas correctoras son visibles en el caso de la reducción relativa de los costes de personal para 1980, en las normas adoptadas sobre congelación de plantillas, la consignación de los créditos de personal en base a las plantillas efectivas (y no a las teóricas) y finalmente en tomar la productividad como criterio orientador de la política de retribuciones.
Además de las medidas antes citadas, dirigidas esencialmente a una mayor eficacia del sector público, es de notar el cambio que supone la fuerte preocupación del presupuesto de 1980 por la contención de los gastos corrientes en favor de la inversión pública y, junto a esto, el notable aumento de la aportación del Estado a la Seguridad Social que son elementos básicos para facilitar la creación de puestos de trabajo. Es igualmente bueno el esfuerzo que presenta el presupuesto para contener el déficit de las empresas públicas, tratando de este modo de rentabilizar un sector que ha encontrado en el crédito extraordinario un recurso muy fácil para subsanar su cuenta de pérdidas y ganancias.
Finalmente, si el Gobierno es responsable de la administración de los recursos económicos de la sociedad, hay que poner también de relieve -sin ánimo acusatorio, por supuesto, pero sí reflexivo- el alto grado de responsabilidad que recae sobre las corporaciones locales a la hora de administrarse. Hasta el momento, es el Estado quien cubre sus deficiencias económicas. Para 1980, en el capítulo de transferencias corrientes, han sido destinados 98.450 millones para las haciendas locales, lo que supone un incremento del 35,9% sobre 1979. En el futuro habrá de pensarse en que serán los tributos locales quienes financien ese gasto.
En definitiva, resulta evidente que ni la sociedad española ni ninguna otra, pueden demandar del Estado beneficios mayores que los que procedan del conjunto de aportaciones de esa sociedad. O a la inversa. Los españoles no tenemos más remedio que contribuir al gasto que generan los beneficios del Estado. Ahora, efectivamente, corresponde al Gobierno y a los políticos la responsabilidad última de administrar con justicia en beneficio de todos los sectores de la sociedad. Pero sería injusto a su vez olvidar los importantes pasos que se han dado en este sentido durante los dos últimos años, máxime cuando los hechos son quizá la mayor fórmula para demostrar unas intenciones y una capacidad. Estas consideraciones permiten afirmar que el presupuesto de 1980 contiene una dirección adecuada hacia la eficacia del sector público.
