Por una Cataluña autónoma en una España democrática

Presidente de la Asamblea de Parlamentarios de CataluñaEl Estatuto de Autonomía de 1979 es, en primer lugar, una solución política a dos grandes agravios históricos de los que fue víctima Cataluña. El que tuvo efecto en 1716, con el decreto de nueva planta, después de la guerra de sucesión, y el producido(en 1938, con el decreto del general Franco, derogatorio del Estatuto de Autonomía de 1932.

En ambas ocasiones se castigaba a Cataluña después de que ésta, equivocadamente o no, pero sí generosamente, hubiese intervenido en temas que concernían al conjunto de los pueblos de España. Resultaba así que una vieja voluntad catalana de participar en el quehacer español común era castigada con la instauración de regímenes opresores, negadores de la identidad mínima y, por tanto imposibilitadores de una participación catalana en la tarea común española.

Para los catalanes, España, y en concreto la democracia española, nunca ha sido nada extraño, nada ajeno. Siempre hemos sabido que no podía haber democracia en España sin que Cataluña tuviese reconocido su derecho al autogobierno. Pretender una España democrática sin una Cataluña autónoma es simplemente absurdo. Lo mismo puede afirmarse de las demás nacionalidades y regiones españolas.

Visto desde Cataluña, el derecho a la especificidad catalana procede de la evidencia de que Cataluña es una realidad específica. De la misma manera que el derecho al uso pleno de nuestra lengua se sustenta única y estrictamente en el hecho de que hay un pueblo que la usa cotidianamente, y el derecho a la lengua propia es algo que ningún poder que no sea deliberadamente opresor puede negar.

Pero con ser decisiva, la especificidad de la lengua no es la única. Una trayectoria histórica diversa conforma la rica diversidad de los pueblos de España. Esa diversidad innegable obliga a tratamientos diferenciados. Un tratamiento único y unitarista, como el que practicó el franquismo, no sólo no es justo, sino que también es inapropiado para solucionar los problemas de España. Organización del territorio, economía, defensa de la calidad de vida, son otros tantos temas que sólo a través de políticas diversas y correspondientes a las diversas realidades objetivas pueden ser solucionados. No hay que descubrir nada nuevo. Tómese como ejemplo la URSS o Estados Unidos, la República Federal de Alemania o Italia. La evidencia es plena. Incluso aquellos países que en un momento dado cometieron el error o el crimen de centralizar su organización estatal deben ahora, por debajo de la mesa, aplicar procederes que son los propios de los Estados federales. Los mitos nunca han servido para obrar sobre realidades vivas.

Por ello, el Estatuto de 1979 interesa, no sólo a los catalanoparlantes o a los catalanes de nacimiento, sino a todos los que viven y trabajan en Cataluña. El fin último del Estatuto es precisamente este: organizar la vida y el trabajo de todos en Cataluña. La sociedad, cuyo funcionamiento y cuya racionalidad interesa más directamente a toda persona, es aquella en la cual vive. Organizar el autogobierno de Cataluña es, como su palabra indica, dar la posibilidad a todos los que viven en Cataluña a autogobernarse, a controlar más directa y eficazmente su gobierno.

Este autogobierno tiene efecto además en el seno del Estado común. Beneficia, por tanto, al conjunto del Estado y a todos los pueblos que lo conforman. Si algo queda claro en la historia de Cataluña es su activa solidaridad con el resto de España. Una solidaridad activa, de la que hay todo género de testimonios en la historia reciente. Hubo unos años en que el pueblo de Madrid fue para Cataluña un símbolo. Se vio entonces que el centralismo es sólo el escudo de las fuerzas más cerrilmente antidemocráticas, y no algo que tenga que ver con los lugares geográficos o con la esencia de ningún pueblo libre. Solidaridad y no privilegios

Para mantenerse, pese a su irracionalidad, el centralismo debe falsear la realidad. Debe acudir a la pasión como sustitutivo del conocimiento. ¿Puede alguien que haya leído el texto del Estatuto de 1979 negar que establece una solidaridad activa, ajena a todo privilegio? Si alguna idea está clara en el Estatuto en ciernes y en la Constitución española que lo permite, es precisamente la idea de solidaridad, de ausencia de privilegios. Los privilegios, por desgracia, se dan en España entre clases sociales. No se dan, o no se deben dar, entre pueblos.

Lo que ocurre es que se intenta confundir la anormalidad producida por la dictadura con lo que es justo y racional. Si privilegio ha habido, este ha sido en contra de Cataluña y su cultura. Ahora no se trata de cambiar el sentido de la opresión. Se trata, simplemente, de poner las cosas en el lugar que objetivamente les corresponde. Se trata, en definitiva, y como afirma el preámbulo del Estatuto catalán de 1979, de articular a Cataluña y España «en un marco de libre solidaridad con las restantes nacionalidades y regiones. Esta solidaridad es la garantía de la auténtica unidad de todos los pueblos de España».

Nunca ha podido haber solidaridad entre víctima y verdugo, entre opresor y oprimido. Pero sí que debe haber solidaridad entre pueblos libres con trayectoria común. Esa solidaridad es la que, al reconocer la diversidad, permite el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. Una solidaridad real como la que permitió el Estatuto de 1932, cuando tuvo que pasar por unas circunstancias históricas graves y que deseamos irrepetibles.