Crisis y conciertos económicos en el Estatuto vasco

La primera preocupación de los vascos, según los sondeos realiza dos por el Consejo General para orientar la campaña institucional del referéndum, es el paro y la crisis económica. Por sorprendente que el dato pueda parecer a algunas personas -incluidos sabios sociólogos de importación contrata dos para descubrir en dos meses una receta contra el terrorismo-, la preocupación ante el tema de la violencia aparece, en dichos sondeos, a gran distancia de los citados motivos principales de inquietud. Quizá sería de utilidad un estudio que intentase establecer la relación e tre ambos fenómenos, analizan do, por ejemplo, el desplazamiento producido en los últimos cinco años de unas zonas a otras como semilleros principales de activistas, o estudiando las variaciones regis tradas en el sector social de origen y edad media de estos últimos y relacionando todo ello con los niveles de paro existentes en cadazona y sector.Durante el último año, Guipúzcoa fue la provincia del Estado español que registró la mayor tasa de crecimiento del desempleo. En Vizcaya, datos recientes cifraban el nivel de paro en un 15,82% (incluyendo una estimación sobre el «paro desanimado», es decir, el de aquellas personas que han dejado de buscar trabajo porque no tienen ninguna esperanza de encontrarlo). A su vez, el 55% de esa cifra corresponde a jóvenes menores de veinticinco años, más de la mitad de los cuales buscan aún su primer empleo. Estos datos resultan tanto más significativos teniendo en cuenta que hace tan sólo seis años la tasa de desempleo era en el País Vasco de un 3,11%, frente a una media del 5,09% para el conjunto del Estado. Por primera vez desde la industrialización de Euskadi, a fines de siglo pasado, el número de personas salidas del País Vasco superará, en 1979, al de inmigrantes recibidos. Tal es la situación.

«Euskadi se hunde», vienen advirtiendo los sectores que más se beneficiaron del auge de los veinte años anteriores. Según datos del Banco de Bilbao, entre 1955 y 1975 la renta regional aumentó en el País Vasco en un 189,4%, lo que hizo que en el año de la muerte de Franco, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava figurasen, respectivamente, en los puestos primero, tercero y cuarto de renta per cápita. Sin embargo, las dos provincias costeras vascas se situaban ese año en los puestos diecisiete (Vizcaya) y veintinueve (Guipúzcoa) en cuanto a velocidad de crecimiento. Era un síntoma de lo que, cuatro años después, es ya evidente: que se entraba en una fase larga de recesión.

El hecho de que el 85% de la producción vasca se destine al mercado interior español determina el estrecho margen de maniobra de la economía vasca para superar la crisis sin una modificación radical de la estructura productiva. A su vez, el hecho de que el 54% de la población activa vasca esté empleada en los sectores siderúrgico, naval y de bienes de equipo -los más afectados a nivel internacional por la crisis abierta en el 74- explica la forma particularmente aguda de incidencia de dicha crisis en Euskadi.

Pero si «Euskadi se hunde», y esa es la primera preocupación de los ciudadanos, es preciso «levantarla». Con una cierta tendencia a la simplificación mágica propia de la publicidad, las paredes de Euskadi se han cubierto estos días de carteles optimistas que proclaman: «Voy a levantar Euskadi con una sola palabra: bai (sí)». El eslogan, junto con otros similares, es el central de la campaña del PNV de cara al referéndum del día 25. Pero algunas fuerzas de izquierda han sido aún más explícitas, al solicitar el «sí al Estatuto para acabar con el paro».

El pacto social vasco

Para salir de la crisis y «tener la Euskadi que anhelamos» será necesario, según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Bilbao, «un sacrificio personal considerable, que incluso contemple una reducción en el nivel de vida disfrutado por la población vasca, frenando consumos y gastos superfluos». Pero esta perspectiva de austeridad no deberá basarse en «la adopción unilateral de cualquier conjunto de medidas», sino en la «negogiación y subsiguiente pacto entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de nuestro país». El pacto implica contrapartidas como, en particular, un «nuevo cuadro de relaciones laborales y de participación de los trabajadores en la empresa» y una orientación de la inversión pública y privada hacia «la reabsorción del paro», por una parte, y la superación de los «déficit en educación, zonas verdes, red viaria, sanidad, etcétera», por otra.

El plan, que incluye otros aspectos tan «keynesianos» como los apuntados -lo que ha provocado una reacción durísima del sector más ultra del capitalismo vasco, a través de la Federación de Emprerios del Metal- se inscribe de lleno en la perspectiva de la autonomía. «La aprobación del Estatuto de Autonomía, puede leerse en el informe antes citado, permite una capacidad de,intervención en materia económica que los poderes públicos vascos deben asumir enérgicamente y sin demora, si deseamos, por un lado, acercar la toma de decisiones al lugar en que van a ser aplicadas, y, por otro lado, orientar la actividad económica vasca en función de las necesidades, deseos y dictados de Euskal-herria.»

Esa «capacidad de intervención» de los poderes vascos viene regulada en el Estatuto por el título primero, que define las competencias del País Vasco, y el título tercero, que establece el sistema de conciertos económicos como base del sistema de financiación de la autonomía.

Los conciertos económicos de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava (al igual que el convenio de Navarra) tienen su origen en la ley de 25 de octubre de 1839, dictada inmediatamente después de la derrota carlista en la primera guerra. El proceso abolitorio de los fueros entonces iniciado culminaría con la ley de 21 de julio de 1876, que establecía la obligación de las tres provincias de contribuir a los gastos del Estado en proporción a sus haberes. Dos años después, el contenido de dicha ley se concretaba en el primer convenio, por el cual cada territorio histórico se comprometía a satisfacer a Hacienda una cantidad anual fija, recaudada en la provincia por la propia Diputación.

Sucesivos acuerdos fueron produciendo revisiones paulatinas de los cupos globales y modificando algunos de los criterios iniciales sobre las atribuciones del Estado y las diputaciones en el sistema de recaudación. En junio de 1937, días después de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao, un decreto de guerra suprimía el concierto para las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, consideradas «traidoras», por haber optado por el bando republicano. Desde entonces, sólo Alava ha seguido conservando el régimen de conciertos (y Navarra su convenio, actualizado en 1969).

(Mañana: Conciertos económicos. ¿Privilegio o medida de política económica?)