El día 25, primer paso hacia la definición de Euskadi como pueblo
A partir de la primavera de 1980, el pueblo vasco va a tener acaso su más clara oportunidad de llenar de contenido real el concepto de País Vasco o Euskal Herría, de concretar el proyecto de nación vasca, hasta ahora concebido en abstracto, de construir a partir de los territorios históricos de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra -si lo desea- una verdadera comunidad autónoma capaz de autogobernarse. Escribe .
Por primera vez, a través del Estatuto de Guernica, se abre la posibilidad de crear un ente autónomo vasco que aglutine las similitudes étnicas, socioeconómicas, culturales y hasta geográficas de los territorios históricos vascos y de sus propias peculiaridades (basadas fundamentalmente en la existencia secular de instituciones forales): un proyecto de sociedad moderna ligada, sin embargo, al pasado a través de la revitalización de esas instituciones provinciales tradicionales, que, aun manteniendo un grado de autonomía, se articularían en una estructura política superior basada en la existencia de un Parlamento y un Gobierno vascos.Si finalmente el Estatuto supera todos los trámites hasta la definitiva sanción real y si se cumplen los plazos previstos, el próximo año, Euskadi quedará convertida en una comunidad autónoma con sus leyes propias (el Estatuto y la Constitución), un poder legislativo (el Parlamento), un poder ejecutivo y administrativo (el Gobierno) y un poder judicial, concretado en un Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Todas estas instituciones van a nacer con un grave handicap: la falta de tradición, de puntos de referencia en el pasado; son instituciones que, pese a haber sido proyectadas por primera vez en 1931 (Estatuto de Estella), nunca han sido experimentadas hasta hoy.
El Estatuto de 1936 no sirve de ejemplo a seguir. Aprobado en plena guerra civil por el Gobierno para asegurarse la fidelidad de los vascos a la República, no pudo aplicarse más que a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que conocían ya los bombardeos. de los militares sublevados. Alava está ya entonces en poder de aquéllos, y Navarra queda fuera del alcance del Estatuto porque la disposición adicional que preveía su futura incorporación en el texto estatutario, refrendado popularmente en 1933, no aparece en el Estatuto aprobado por las Cortes en 1936.
El carácter que han de tener las instituciones vascas dentro del nuevo Estatuto de Autonomía, que se elaboró en un tiempo récord de veintiséis días (28 de noviembre a 24 de diciembre de 1978) fue uno de los principales puntos de fricción y discrepancia dentro de la ponencia redactora del anteproyecto del Estatuto, en la que no participaron las fuerzas hoy integradas en Herri Batasuna, así como MC-OIC y LKI (que no aceptaban el marco de la Constitución), partidos todos ellos que rechazan hoy el Estatuto que ha de someterse a refrendo.
En la discusión del título segundo, que se refiere a los poderes del País Vasco, la citada ponencia quedó dividida en la difícil tarea de articular en un ente político común las instituciones de carácter comunitario -Parlamento y Gobierno- con las instituciones forales de carácter provincial (juntas generales -legislativo- y diputaciones -ejecutivo-). Se discutía, en definitiva, un problema de soberanías. De una parte, se situaban el PNV, UCD y EKA, que, en base a un respeto a las instituciones tradicionales forales, situaban el centro de poder político en cada uno de los territorios históricos vascos, en detrimento de un poder central (Parlamento y Gobierno), que vería limitadas sus funciones y adquiriría, de algún modo, un papel de coordinador y orientador de las políticas provinciales que emanaban de las juntas generales y las diputaciones. La comunidad se configuraba así con un cierto carácter confederativo.
El otro bloque de la ponencia, integrado por PSOE, Euskadiko Ezkerra, ESEI y el PC de Euskadi, se mostraban partidarios de la concentración de poderes en el Parlamento y Gobierno vascos. La soberanía en materia legislativa, administrativa y ejecutiva quedaba, pues, en manos de estas dos instituciones, que gozarían del mayor número de competencias, sin perjuicio de los poderes que hoy ostentan Alava y Navarra.
La pugna entre las dos posturas se resolvió finalmente con una fórmula de síntesis.
Aunque en el Estatuto de Guernica se afirma tajantemente que los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento y del Gobierno vascos, sin embargo, se reconoce el poder político de los territorios históricos, que podrán, de acuerdo con el texto, conservar, restablecer en su caso y actualizar su organización e instituciones privatizas de autogobierno (juntas generales y diputaciones). En el artículo 25 se afirma que «el Parlamento vasco ejerce potestad legislativa, aprueba sus presupuestos e impulsa y controla la acción del Gobierno vasco, todo ello sin perjuicio de las competencias de las instituciones forales de los territorios históricos».
Es significativo que, previendo la posibilidad de conflictos de competencias que puedan surgir entre las instituciones de la comunidad autónoma y las de los territorios históricos, el Estatuto fija que los mismos se someterán a la decisión de una comisión arbitral presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco e integrada por un igual número de representantes designados libremente por el Gobierno vasco y por la Diputación Foral del territorio interesado.
Hablan los partidos
A pesar de mantener una postura de apoyo al Estatuto, tanto PSOE como Euskadiko Ezkerra y ESEI consideran que el texto negociado en Madrid por el PNV es más propicio a la postura que mantuvo este partido en la ponencia redactora del Estatuto, en torno al grado de poder de las instituciones comunitarias y provinciales. Consideran estas fuerzas que un dato determinante en este aspecto es el hecho de que la representación provincial en el Parlamento vasco será igualitaria y no proporcional a la población.
Concretamente Goyo Monreal, de ESEI (Convergencia Socialista Vasca) considera que el Estatuto de Guernica deja la puerta abierta a la resurrección de la foralidad territorial desaparecida y no vigente. «El problema», afirma el señor Monreal, «se plantea respecto de futuras restauraciones forales, puesto que, como es sabido, no disponemos de descripciones mínimamente satisfactorias acerca del contenido material de los regímenes forales históricos. La restauración de muchas parcelas de poder provincial, apoyado en la periclitada legalidad foral, encontrará dificultades para fuindamentarse positivamente, faltos como estamos de sistematizaciones historiográficamente válidas. »
Para Mario Onaindía, de Euskadiko Ezkerra, no cabe duda sobre la necesidad de que la soberanía legislativa y ejecutiva residan en el Parlamento y Gobierno vasco. «Lucharemos para que la concreción del Estatuto se oriente de esta manera. No se puede permitir que el Estatuto institucionalice un régimen provincialista por encima del comunitario, del unitario. El PNV tiene interés en el reforzamiento al máximo de las juntas generales como órganos legislativos, entre otras cosas porque son éstos los que van a regular las elecciones municipales. Hemos aceptado la fórmula del Estatuto porque sabemos que, si no es así, Navarra, que teme perder su especificidad foral, no va a entrar nunca en la comunidad vasca.»
En opinión de uno de los dirigentes de Herri Batasuna, Francisco Letamendía, el Estatuto de Guernica institucionaliza el «provincialismo», «que tiene sus raíces», afirma Letamendía, «en el foralismo de las anteiglesias del PNV, herencia carlista de la que Sabino Arana no renegó cuando teorizó sobre el primer nacionalismo vasco».
Marcos Vizcaya se defiende de las acusaciones que se hacen al PNV de haber logrado un Estatuto que, de acuerdo con sus planteamientos, consagra una comunidad confederada con una profunda autonomía de las provincias vascas, en detrimento de las instituciones comunes. «Nuestra posición», afirma, «es la de lograr una fórmula que permita el funcionamiento de la comunidad, a través del Parlamento y Gobierno vascos, para dotar al País Vasco de la suficiente cohesión administrativa, socioeconómica y cultural, superando provincialismos, pero sin detrimento de la mayor autonomía posible de los territorios históricos. No podemos caer en el centralismo vasco.
Espacio para Herri Batasuna en TVE
La coalición abertzale Herri Batasuna podrá utilizar los espacios gratuitos de televisión que le corresponden en atención a los últimos resultados electorales, según han acordado los partidos representados en la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Se pone fin de esta manera a la polémica surgida en Euskadi a raíz de las protestas de HB por una supuesta impresión de esta coalición de que iba a quedar marginada en la propaganda televisiva.
