Un año de nuevas cámaras agrarias

Miembro de la Comisión Permanente de la COAGMilitante de la Unió de Pagesos de Catalunya

Ahora hace poco más de un año que los presidentes de las cámaras tomaron posesión de sus flamantes puestos, desde entonces no parece que hayan encontrado su razón de ser. A través del IRA el Gobierno les va encargando algunas cosas, y en esos quehaceres trasciende un cierto deseo de la Administración de que las cámaras representen al campo español, siendo el más claro ejemplo de esto los repetidos viajes de los presidentes de las cámaras a Bruselas, organizados por el propio IRA y pagados con dinero de dicho organismo. Mientras, las cámaras han sido incapaces de cumplir lo que en buena lógica deberían haber hecho: ser organismos de servicios técnicos y administrativos para el campo. Quizá uno de los motivos de esta situación haya que buscarlo en los resultados de las elecciones, en las que la UCD no consiguió el necesario recambio de los «hombres-de-siempre» por otros fieles a los deseos de este partido.

Ahora, un año después, creemos que es momento de hacer memoria y analizar detenidamente la razón de ser real de las «nuevas cámaras agrarias», su corta historia y el papel que de ellas esperan los que siempre han controlado el campo.

Al iniciarse la reforma política éramos muchos los campesinos que manteníamos la secreta esperanza de que la democracia llegaría, en la misma medida que a otros sectores, al campo español. Nosotros, la Democracia con mayúscula la concretábamos en la creación de un marco institucional que estableciera las condiciones mínimas para conseguir los siguientes objetivos:

- Desmantelar la estructura vertical del sindicato único de la dictadura, que significaba: especialmente el monopolio exclusivo de la representatividad campesina a todos los niveles y el control absoluto de la inmensa mayoría de los campesinos a través de la hermandad, a la que por múltiples motivos había que recurrir.

- Democratización de las cooperativas, muchas de ellas auténticas sociedades anónimas, con importantes ejemplos de corrupción y sin presencia real de los agricultores en su dirección. Elaboración de una nueva ley de cooperativismo.

- Transformación democrática de las cajas rurales y control efectivo por parte de los campesinos organizados.

- Reconocimiento de la libertad sindical, admitiendo y legalizando las diferentes uniones, ya integradas en la COAG, pero todavía ilegales.

- Participación directa en la elaboración de la política agraria de los agricultores y ganaderos a través de los sindicatos auténticamente democráticos y representativos.

- Convocar unas elecciones sindicales en el campo, partiendo de un censo campesino real, para conocer la representatividad de los diferentes sindicatos y agrupaciones profesionales agrarias.

Las "nuevas cámaras agrarias"

Fue necesaria la «primera guerra de los tractores de 1977» como prueba de fuerza para que el Gobierno se viese obligado a reconocernos y sentarnos en la mesa de negociaciones, prescindiendo de los «servicios» del hasta entonces representante supremo y exclusivo de los agricultores españoles, señor Mombiedro. Sin embargo, a la vez que se nos reconocía, el miedo a perder la hegemonía en el medio rural obligó al Gobierno a actuar en dos frentes; uno de ellos fue la potenciación política y económica de organizaciones fantasmas, pero fieles a la UCD incluso a través del IRA, y utilizando la estructura intacta del aparato vertical. El otro frente fue la creación de las «nuevas cámaras agrarias», en cuya elaboración se concedió gran importancia a la opinión de los antiguos dirigentes del vertical; con estas cámaras se consigue de hecho mantener la estructura vertical con un mero cambio de nombre y unas inofensivas elecciones, que serían la tapadera democrática para hacer las cámaras presentables ante Europa. De hecho se mantienen casi idénticas atribuciones y siguen en sus puestos los mismos funcionarios, cuya «neutralidad» quedó demostrada en el famoso documento sobre las elecciones a cámaras, en el que el propio IRA manifestaba la participación de la mayoría de los funcionarios a favor de la UCD y cuya investigación aún está pendiente. Mediante el decreto de formación de las cámaras. además se despojaba a los agricultores del patrimonio sindical.

Así, uno de los objetivos fundamentales de las cámaras es contrarrestar a las uniones e incluso impedir su afianzamiento en la medida que éstas presentan unas alternativas progresistas de política agraria y suponen, además, una seria amenaza para la hegemonía absoluta de las fuerzas políticas de la derecha en el medio rural, especialmente entre los pequeños propietarios.

Este hecho será tanto más acusado en la medida que las posturas de la COAG y las uniones difieran de la política agraria que tradicionalmente se viene haciendo en este país y se enfoque hacia una imprescindible reforma de estructuras productivas y comerciales que hagan posible una nueva agricultura basada en la explotación familiar y en sus asociaciones a todos los niveles, con un nivel de vida digno para todos los que trabajan directamente la tierra y la ganadería. Intereses estos que no concuerdan con los de las firmas nacionales y, sobre todo, extranjeras que controlan el complejo agroalimentario y la industria abastecedora de inputs a la agricultura, ni con los de los grandes propietarios españoles, que prefieren una política exclusivamente de precios.

Si, por el contrario, las uniones se hubiesen limitado a reivindicaciones económicas, presionando una vez al año sobre la negociación de precios y aceptando pactos exclusivamente económicos, hubiesen sido fácilmente absorbidas por los que siempre han controlado el campo y no hubiesen conseguido más que alargar las miserias de la agricultura familiar. Es en este terreno donde hay que situar y analizar la postura del Gobierno hacia las uniones y la COAG y los vaivenes sucesivos de la Administración ante las cámaras.

En este panorama, la potenciación de las cámaras tiene un doble objetivo: político y sindical. Político, ya que el aparato de las cámaras, que, como hemos dicho, es el mismo que el del vertical, permite realizar todo tipo de maniobras políticas para asegurar el control del campo, cosa fácil en un medio rural despolitizado.

Por otro lado, las cámaras, en los pueblos, son las encargadas de administrar a nivel local una serie de servicios importantes: gestión de la Seguridad Social, administración de los cotos de caza, mantenimiento de caminos vecinales todo tipo de papeleo burocrático: tramitación de subvenciones, etcétera, con lo que ningún agricultor puede escapar a su acción. Además de estos servicios, la acción de las cámaras es ilimitada y en la práctica no existe ningún impedimento a que desempeñen funciones reivindicativas o incluso comerciales. En este contexto, las cámaras pueden obstaculizar no sólo a los sindicatos democráticos de agricultores, sino también a los propios ayuntamientos o cooperativas allí donde estén en manos de la izquierda o simplemente de demócratas-no-fieles-a-UCD.

El hecho de que las cámaras administrasen servicios sería correcto si fuesen organismos políticamente neutros, como deben ser los funcionarios en cualquier democracia, y sin ningún tipo de elecciones; pero al estar al servicio de los caciques de siempre o del partido en el poder, según los casos, suponen en la práctica un atentado a la democracia y a su consolidación en el campo, influyendo fuertemente en el voto campesino y en el desarrollo del sindicalismo democrático, especialmente en la! comarcas más aisladas.

A todo lo anterior hay que añadir la posible creación de una confederación nacional de cámaras, como organismo a nivel del Estado, como copia exacta de la antigua y odiada Hermandad Nacional. Esta sucesiva articulación vertical de las cámaras tiene por objeto llegar a que sean éstas las que representen a los agricultores españoles cuando al Gobierno le convenga o bien cuando la correlación de fuerzas en el seno de las mismas sea más favorable a UCD. De esta forma, el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a «sus cámaras» cada vez que políticamente le sea útil, como ya está sucediendo de cara al Mercado Común.

Nosotros afirmamos rotundamente que en un sistema político auténticamente democrático la representación de las diferentes capas y clases de un sector, en nuestro caso el agrario, sólo puede venir de los sindicatos y organizaciones profesionales libremente constituidas a partir de su problemática específica, de su concienciación político-sindical y de sus aspiraciones. Porque no podemos olvidamos que vivimos en una sociedad de clases y que, por tanto, al plantearse la problemática del sector agrario no se puede hacer en bloque, generalizando y metiendo a todos los agricultores y ganaderos en un mismo saco, como si los intereses del gran propietario, el absentista, el pequeño propietario que trabaja directamente su tierra y el jornalero fuesen los mismos. El enfrentamiento planteado ya hoy entre las reivindicaciones y alternativas planteadas por las uniones y la COAG, y los objetivos defendidos por los terratenientes, los absentistas y las industrias agrarias ligadas a los monopolios y multinacionales es un hecho que a estas alturas sería absurdo querer ocultar.

Filiación obligatoria

¿Cómo se puede admitir entonces, en buena lógica, que unos organismos de carácter público, financiados a partir de los Presupuestos Generales del Estado, impuestos arbitrariamente antes del 15 de junio de 1977, contra la voluntad libremente expresada de tantos trabajadores de la tierra y partidos políticos, de adscripción obligatoria, en donde estamos mezclados todos los «titulares de explotación» (terratenientes, absentistas, parcelistas y especuladores, junto a auténticos cultivadores directos), nos representen? Este tipo de organismos de filiación obligatoria, corporativistas y vertebrados verticalmente al margen de la realidad social, ¿no son más propios de los sistemas fascistas?

Somos perfectamente conscientes de la enorme importancia que tiene para el Gobierno poder mover desde Madrid los hilos de semejante aparato. Pero a la vez somos conscientes de la trascendencia que tienen, en tanto que obstáculo insalvable, para que la democracia llegue también al campo.

Porque los pocos y diseminados campesinos que quedamos y, sobre todo, los que todavía nos sentimos jóvenes, con hijos que van creciendo y a los cuales no nos atrevemos a hablarles de la maravillosa que podría ser la agricultura por miedo a engañarles, no queremos de ninguna manera vivir en el futuro de las limosnas de una sociedad desarrollada que, a pesar de todo, necesita mantener un tanto por ciento de agricultores para asegurarse un cierto autoabastecimiento de alimentos, ni tampoco de los sobrantes del capital acumulado por todas las empresas y entidades «de interés agrario» que viven de nuestro sudor.

La lucha implacable y sin concesiones contra las cámaras agrarias por parte de estos agricultores a que nos hemos referido continuará sin pactos ni entendimientos de ningún tipo, y esto sería muy importante que lo comprendieran quienes detentan el poder. Porque entendemos que nuestra lucha es justa e imprescindible para que la libertad y la democracia lleguen también al campo, y entonces, sin coacciones, sin miedos, serenamente y con esperanza, los campesinos de las diferentes regiones y nacionalidades del Estado español, con «agriculturas» y problemas diferentes, pero con un factor común que nos une, podamos organizarnos sin trabas de ningún tipo y todos juntos, solidariamente, para alcanzar esta nueva agricultura que, de una vez por todas, haga posible nuestra vieja aspiración: vivir con dignidad del trabajo de la tierra.