Valdecaballeros

EL ENCIERRO de un centenar de alcaldes extremeños en Villanueva de la Serena para protestar por la autorización de la central nuclear de Valdecaballeros ha sido promovido por el PSOE y otros partidos de la oposición, pero también la UCD de Badajoz ha manifestado su contrariedad ante las obras.Esta adversa reacción, sorprendente por la intensidad de la protesta y por la amplitud de la movilización para respaldarla, debería servir para que el poder ejecutivo recapacitara sobre los errores en el planteamiento y en la instrumentación de su estrategia nuclear. La virulencia de la campaña contra Lemóniz y en favor de una costa vasca no nuclear puede explicarse parcialmente por la capacidad del radicalismo abertzale para encauzar movimientos populares y ecologistas nacidos al margen de la militancia política. Pero la respuesta de los extremeños al proyecto de Valdecaballeros demuestra que los temores a las centrales nucleares y la voluntad de impedir su construcción sin las debidas garantías o en determinados emplazamientos constituyen un fenómeno social enraizado.

Al frente de los ministerios económicos no hay ahora tecnócratas insensibles a las dimensiones políticas de los problemas. José Luis Leal, ministro de Economía, y Carlos Bustelo, ministro de Industria, economistas con experiencia en organismos internacionales, ostentan un apreciable curriculum como militantes de grupos radicales de la oposición antifranquista y una presumible vocación política. Su experiencia les puede permitir comprender fácilmente que el camino iniciado por el Gobierno para imponer a la sociedad española, por las buenas o por las malas, la construcción de centrales nucleares parece una senda equivocada: Porque no es tanto el principio de la utilización pacífica de la energía nuclear lo que está siendo «contestado» en Valdecaballeros como un determinado sistema de hacer las cosas.

La sensación de que la estrategia nuclear del Gobierno es un trágala a la sociedad se alimenta no sólo de los apresuramientos y semiclandestinidades de su instrumentación, sino también de la torpeza para convencer a los ciudadanos de sus buenas razones y para desmontar los argumentos de los adversarios. Falta así un debate serio y amplio que tranquilice a la opinión pública y disipe definitivamente las sospechas de que el programa nuclear es la tapadera de un negocio para los fabricantes de las centrales de otros países y para las compañías eléctricas del nuestro.

Por lo demás, hay un sinfín de problemas que es preciso resolver, y que hubieran justificado en su día la adopción de una moratoria a plazo fijo. No para terminar con el plan nuclear, sino para establecerlo de manera sensata. No es suficiente con que el Gobierno nos advierta que la energía se ha vuelto cara y escasa y nos recuerde que el petróleo es un recurso no renovable y en poder de otras naciones. También recientes estudios norteamericanos arrojan preocupantes conclusiones sobre los costes de una energía nuclear producida por centrales dotadas de mecanismos de seguridad realmente eficientes. Los antinucleares señalan que el uranio es igualmente un recurso escaso y no renovable; y la necesidad de enriquecerlo para ser utilizado en las actuales centrales refuerza los lazos de dependencia con el exterior de un país que, como España, no está en condiciones de hacerlo. Las centrales basadas en la fisión -añaden los enemigos de la energía nuclear- pueden quedar obsoletas en pocas décadas si las investigaciones sobre la fusión marchan a buen ritmo, en cuyo caso nos encontraríamos con que las pesadas inversiones hechas en una tecnología de transición dificultarían nuestra renovación tecnológica. Las centrales atómicas sólo podrán cubrir, en cualquier caso, una parte de las necesidades que dependen de la electricidad. La energía hidroeléctrica y la producción de electricidad por las centrales térmicas alimentadas por carbón no se ven afectadas por la escasez de petróleo, que seguirá siendo indispensable en el terreno motriz, al igual que el gas natural continuará desempeñando su papel energético en otros campos. La energía solar no es ya un ensueño de Julio Verne, sino que está siendo desarrollada industrial y domésticamente en numerosos países. Y hasta la energía eólica, dentro de sus modestos límites, vuelve por sus fueros.

De todo esto quieren los españoles tener una información fidedigna y contrastada. Y, por supuesto, de los peligros de la utilización pacífica de la energía atómica. Nunca sabrán los defensores de las centrales nucleares el daño que hicieron a su causa al descartar con displicencia los riesgos de su funcionamiento, puestos luego de manifiesto en Harrisburg. La sensación de haber sido engañados en la cuestión de la seguridad de las centrales crea un comprensible recelo hacia el resto de la argumentación en su favor.

El Gobierno puede tener razón al afirmar que España necesita centrales nucleares. Pero hay que exigirle que sea convincente en su defensa, que conteste seriamente a los partidarios de otras fuentes de energía alternativas, que busque emplazamientos adecuados para las centrales, que disipe las dudas acerca de la seguridad de las nuevas instalaciones, y que no transmita la impresión de que trata de vencer las resistencias de la sociedad civil en exclusivo beneficio de algunas multinacionales.

La energía nuclear acabará probablemente imponiéndose por la fuerza de los hechos. Lo que es importante es que estos hechos no nos sean impuestos a los españoles por la fuerza.