La Cámara de Bilbao hace un llamamiento a la solidaridad empresarial

Ante el aumento creciente de cambios de domicilio social de las empresas instaladas en Vizcaya, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao hizo ayer público un comunicado en el que pide, a los empresarios «que, en razón con el principio de solidaridad con sus conciudadanos», mantengan el domicilio social de sus empresas en el País Vasco.En lo que va de año, veinticuatro empresas ubicadas en la provincia de Vizcaya trasladaron sus domicilios sociales a otras provincias españolas. Esta cifra parece que crecerá sensiblemente hasta fin de año y superará con creces la cifra global del año 1978, en el que se produjeron veintiocho cambios de domicilio social (diecinueve en 1977 y once en 1976).

«En estos momentos en los que el País Vasco se encuentra en una situación decisiva de su historia», afirma en su escrito la Cámara de Comercio de Bilbao, «en un momento en el que está a punto de conseguirse el Estatuto de Autonomía, con el que esperamos un más racional aprovechamiento de nuestros recursos, pero juntamente con esta circunstancia feliz se da la coincidencia de que la economía vasca atraviesa por un período delicadísimo, todos los que formamos parte de esta sociedad estamos obligados al principio de solidaridad en esta tierra. Esta solidaridad compete en primerísimo lugar a los empresarios, ya que de su impulso depende la creación de nuevos empleos y fuentes de riqueza.»

Considera la Cámara de Comercio de Bilbao que el progreso económico y social del País Vasco ha estado fundamentado en la creación de numerosas empresas que, a medida que iban engrandeciéndose, expandían sus actividades a otras regiones del Estado, pero manteniendo su domicilio social en Euskadi, «porque consideraban y siguen considerando», afirma el escrito citado, «que esta actitud no es puramente simbólica, sino algo de carácter trascendente.»

La Cámara de Comercio de Bilbao lamenta la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social a otras regiones del Estado español, «porque dicha decisión perjudica los intereses de nuestro país. Estos perjuicios», concluye el comunicado, «abarcan las más diversas facetas: desde la disminución de ingresos municipales, en un momento en que se van a implantar de nuevo los conciertos económicos, hasta la huida de puestos de trabajo altamente cualificados, pasando por la pérdida de peso específico e imagen de nuestro país».