Administración y agricultores estudian el tema de los cereales

A mediodía de ayer, todos los tractores que se encontraban estacionados en las carreteras de la provincia de Badajoz, desde hace una semana, regresaron a sus puntos de origen, en cumplimiento de lo acordado en Madrid por la comisión negociadora de los agricultores pacenses y representantes de la Administración, que estudian actualmente los problemas del sector.

Ante el comunicado hecho público por la Federación de Agricultores y Ganaderos de Badajoz, pidiendo la retirada de los tractores de las carreteras, y ante la firmeza de la postura del ministro de Agricultura de no continuar las negociaciones mientras existiesen concentraciones, la totalidad de los vehículos han desaparecido de los arcenes de las carreteras, según informa nuestro corresponsal en , quedando solamente aquellos que por avería u otras causas no han podido ser retirados por sus propietarios. En el comunicado que ayer dio a conocer la Federación, ésta mostraba su adhesión a la actitud del ministro y se solidarizaba con su postura, anunciando queja comisión que actualmente negocia en el Ministerio de Agricultura suspendería su actividad en tanto los vehículos no fueran retirados.Los campesinos, ante esta especie de ultimátum lanzado por la Federación (que fue la promotora de las concentraciones) y el retraso que podría suponer para algunas faenas agrícolas su permanencia en las carreteras, comenzaron inmediatamente a retirar los tractores, a la espera de acontecimientos. La Guardia Civil colaboró para dar fluidez y ordenar la «operación retorno» de tractores, que se desarrolló en todos los puntos con normalidad y rapidez, lográndose que para primeras horas de la tarde de ayer estuvieran despejadas todas las carreteras.

Por ahora no se han producido reacciones de quienes hasta el final querían mantener los vehículos en los arcenes como prueba de fuerza de los campesinos.

Mientras tanto, ayer se volvieron a reunir en Madrid representantes de la Administración y de los agricultores para continuar estudiando. el calendario de temas que afectan al sector. La sesión duró aproximadamente dos horas, y, en opinión de los asistentes, se desarrolló en un clima mucho más distendido que en días anteriores. Se trataron aspectos relativos a piensos, tomate y maíz, sobre los que se alcanzaron acuerdos. Las conversaciones continuarán mañana, lunes, con la discusión de temas de ganaderías y cereales.

El pasado jueves se estudiaron ya los temas del vino y, a decir de los propios agricultores, se alcanzaron las medidas más satisfactorias de toda la negociación. Según estos acuerdos, la Administración se ha comprometido a adquirir, a través del SENPA, todos los stocks de vino que hay actualmente en las bodegas de Badajoz, ante la gran cosecha que se prevé para este año. Se pagará este vino a 120 pesetas hectólitro y grado, precio de garantía que regirá durante la próxima campaña. El Gobierno ayudará también en la exportación de uva de mesa de la provincia, mediando ante Mercoguadiana y Mercoplasencia para que se encarguen de su comercialización de cara al exterior, y se creó una comisión que pondrá en marcha próximamente la denominación de origen para los vinos de la comarca de Tierra de Barros.

En relación al olivar, no se alcanzó prácticamente ningún acuerdo. Las reivindicaciones de los agricultores son de ámbito nacional y deben ser estudiadas en el marco de las negociaciones a precios agrarios, con el concurso de las grandes organizaciones agrarias.

Pero, sin duda, uno de los temas que más preocupan a los agricultores pacenses en esta negociación es el de los cereales, debido a las desastrosas campañas de este año. Un reciente Consejo de Ministros aprobó el expediente de declaración de zona catastrófica del cereal a la

provincia de Badajoz, estableciéndose una normativa de subvención para los cultivos afectados. Según el acuerdo, se subvencionaría a los agricultores hasta con 8.000 pesetas por hectárea, estableciéndose un límite máximo de cien hectáreas. También se concedían moratorias a los préstamos que los agricultores tuvieran contraídos con el SENPA.

Los agricultores se opusieron desde el principio a estas medidas, que consideraban insuficientes. Pedían a cambio la supreresión del techo de las cien hectáreas y que las subvenciones rondaran las 20.000 pesetas por hectárea, para los más afectados, y 3.000 para los menos. Grandes diferencias que vaticinan una negociación dura para mañana.