Reabierto el sumario del asesinato del general chileno Prats

La justicia argentina ha decidido reabrir el sumario del asesinato del general chileno Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército chileno, y en el que podría estar implicado el ciudadano norteamericano Michael Townley, ex agente de la DINA (policía política chilena), y que ha sido condenado en Estados Unidos por su participación en el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Asuntos Exteriores del presidente Allende.Nuevos elementos recogidos por una comisión judicial argentina que se desplazó a EEUU ponen de relieve que Townley llegó a Buenos Aires con un pasaporte falso a nombre de Kenneth Enyart, unos veinte días antes del asesinato del general Prats, que tuvo lugar el 30 de septiembre. Carlos Prats, que también fue ministro del Interior y de Defensa bajo Allende, se refugió en Argentina después del golpe de Estado en Chile.

Townley abandonó Buenos Aires pocas horas después del asesinato, lo que permite suponer que su estancia en la capital argentina estaba directamente vinculada con la preparación del atentado en el que también pereció la esposa del general Prats, Carmen Cuthbert. Antes de que el militar y su esposa resultaran literalmente despedaza dos por una poderosa bomba, sus asesinos les ametrallaron en las puertas de su domicilio y dentro de su automóvil.

La presencia de Townley en Buenos Aires del 10 al 30 de septiembre de 1974 consta en algunos documentos entregados a la comisión judicial argentina por el FBI norteamericano y el fiscal Eugene Propper, encargado de la investigación sobre el caso Letelier. Esta reapertura del sumario sobre el asesinato del general Prats podría tener dos consecuencias prácticas. En primer lugar, el Gobierno argentino podría protestar por vía diplomática ante el Gobierno chileno por la entrada ilegal en el territorio argentino de un funcionario de su policía política. En segundo lugar, y en caso de que la responsabilidad de Townley en el asesinato de Prats quede demostrada, éste podría ser condenado por la justicia argentina. Si su condena fuese superior a la de los tribunales estadounidenses (diez años de cércel), la justicia argentina podría solicitar la extradición del ex agente de la DINA a Estados Unidos. Sin embargo, la estrecha cooperación entre los Gobiernos argentino y chileno hace dudar que las protestas de Buenos Aires sean algo más que formales.