Una sentencia del Supremo suprime la cuota de pantalla

El conocimiento de forma oficiosa de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en favor de la supresión de la cuota de pantalla establecida en el real decreto de 11 de noviembre de 1977 ha hecho que cunda el pánico entre todos los profesionales del cine español. La situación no puede ser más grave. A partir de que dicha sentencia aparezca publicada en el BOE -requisito indispensable para su puesta en práctica-, ningún exhibidor cinematográfico tendrá obligación de proyectar en sus salas cine español.

Esta medida no hace sino dar la puntilla a una industria que se encuentra en estos momentos en una situación que, sin alarmismos de ningún tipo, podemos calificar como agónica.En efecto, el adeudamiento por parte del Estado de 1.300 millones a los productores, que corresponden a los pagos atrasados del 15% de taquilla, así como de los premios de calidad de 1978, coloca a éstos -especialmente a las pequeñas productoras independientes- en una difícil situación económica que pone en peligro cualquier continuidad. A esto hay que añadir las irregularidades y retrasos continuos en la puesta a punto del control de taquilla, la no publicación de la tan anunciada y esperada ley de cine, y finalmente el anuncio de la supresión de la cuota de pantalla, que supone prácticamente la muerte del cine español.

La decisión del Supremo ha sido motivada por un recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de Empresarios de Cine al dia siguiente de la publicación de dicho decreto del 11 de noviembre de 1977. Según el actual director general de Cinernatografía, Luis Escobar, «la Administración es totalmente ajena a esta decisión, pero se ve implicada en ella, ya que plantea graves e importantes problemas al cine español». El señor Escobar manifestó que el Ministerio de Cultura no tiene aún conocimiento oficial de dicha sentencia y que no adoptará ninguna resolución hasta hablar con las partes interesadas.

Al mediodía de ayer tuvo lugar el primer encuentro entre representantes de las tres ramas -producción, distribución y exhibición-. En el transcurso de dicho encuentro, representantes de las tres asociaciones de productores existentes en el Estado español -Asociación Independiente de Productores Cinematográficos Españoles (AIPCE), Unión de Productores Cinematográficos Españoles (UPCE) y la Agrupació Catalana de Productors Cinematografics Independents (ACPC)- manifestaron los acuerdos tomados en su junta general, celebrada anteayer, según los cuales se hace necesaria la adopción de una serie de medidas de urgencia para salvar al cine español en el transcurso de los próximos días.

La cuota de distribución

Un exhibidor español afirma que la oposición de su sector al real decreto estaba basada en que no puede exigírseles el cumplimiento de una cuota de pantalla sin saber previamente si ello va a ser posible. Si en algo están de acuerdo productores, distribuidores y exhibidores es en que la raíz del conflicto está en dicho real-decreto. El productor Elías Querejeta afirma que cuando éste instauró la cuota de pantalla del dos por uno, la realidad era que ya se estaba cumpliendo el 2,09. Todos los productores están de acuerdo en que es necesario el establecimiento de una cuota de distribución del cuatro por uno, según la cual los distribuidores estarían obligados a distribuir una película española por cada cuatro películas extranjeras dobladas al castellano o a cualquier otra lengua del Estado español. Ello no supone un atentado a la libertad de importación, ni contradice la política de libre mercado practicada por el Gobierno, según han manifestado fuentes oficiales de otros ministerios a la UPCE, sino únicamente un cierto control en la concesión de licencias de doblaje.

El hecho de que algún productor haya roto contratos y cancelado los rodajes que tenía previstos, tal como se ha publicado en algunos medios, ha contribuido a aumentar la inquietud en el sector profesional. Los productores piden una urgente reestructuración de la reglamentación causante de la actual situación de catástrofe. Elías Querejeta insistió en que las medidas á tomar no pueden ni deben ser coyunturales, sino estructurales y con carácter de urgencia. Asimismo, los productores afirman que es necesario encontrar las fórmulas técnicas de negociación entre las tres ramas en un tiempo récord, pues de no ser así, las consecuencias pueden ser funestas para el cine español.

Para el productor Luis Megino, en la implantación de una cuota de distribución está la llave definitiva para solucionar todos los problemas del cine español.

La prueba de que la raíz del problema se remonta a la publicación del real-decreto del 11 de noviembre de 1977 está en el hecho de que en los siete meses que van de año sólo se hayan producido diecisiete largometrajes, cuando lo normal en esta fecha sería cincuenta, lo cual significa un descenso vertiginoso con relación a la producción de años anteriores. En 1975 se rodaron 102 películas; en 1976, la cifra subió a 115; en 1977, descendió a 93, y en 1978, a 70.

Lo importante es que productores, distribuidores y exhibidores han llegado al acuerdo de la necesidad de implantar una cuota de distribución y en los próximos días se reunirán para discutir el cómo esta cuota debe ser aplicada.