La gratuidad de la enseñanza preescolar

Una de las conclusiones del VII Congreso de Enseñanza no Estatal, organizado recientemente en Segovia por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), hace referencia a la necesidad de que la educación preescolar tenga carácter gratuito, aunque no se establezca su obligatoriedad.Tradicionalmente se ha venido vinculando el concepto de obligatoriedad con el de gratuidad, y el artículo 27 de la Constitución mantiene esta tradición al afirmar en uno de sus apartados que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita».

Para todos los intérpretes del texto constitucional la palabra «básica» tiene un sentido absolutamente flexible, por lo que ha de entenderse que si en la actualidad se refiere a la enseñanza general básica y concretamente a la educación del niño entre seis y catorce años, en el futuro este período podrá ampliarse tanto por arriba como por abajo.

Se sabe que ya actualmente el Gobierno abriga la intención de ampliar este período de «enseñanza básica» hasta los dieciséis años. Lo que ya resulta mucho más dudoso es que UCD tenga el propósito de hacer esta ampliación hacia abajo. Por el contrario, tanto el anterior como el actual ministro de Educación han manifestado en repetidas ocasiones su oposición y la de su partido a la idea de convertir en obligatoria la enseñanza preescolar en contra del criterio general de toda la izquierda política.

La posición de UCD se basa en el firme convencimiento de que antes de los seis años el niño debe permanecer y ser educado en el seno de la familia. La educación preescolar, según este principio, estaría reservada para los niños privados de un ambiente familiar normal y, en todo caso, como sustitución o ayuda de la madre que trabaja. Se ha llegado incluso a definir la enseñanza preescolar como un mal menor, y los argumentos en contra de su generalización se apoyan en las experiencias negativas de países muy desarrollados en los que se aprecia una vuelta atrás en este terreno. Ya hay quien considera que la actual crisis de valores humanos es un fruto directo de la prematura escolarización de los niños, la responsabilidad de cuya educación debe restituirse plenamente a las madres.

Ocurre, sin embargo, que en España quienes más y mejor escolarizan a los niños de cuatro y cinco años son precisamente las familias de más alto nivel económico, trabaje o no la madre fuera de casa.

Un razonamiento demasiado simplista, al hilo de los anteriores argumentos, tendría que llevamos a la conclusión de que los niños «privados de un ambiente familiar normal» abundan mucho más entre las clases altas que entre las bajas, lo que, por otra parte, nada tendría de particular.

Por otra parte, los mismos significados representantes de la Administración admiten, un tanto contradictoriamente, que la falta de igualdad de oportunidades se pone de manifiesto muy en primer término en el hecho de que las clases más modestas carecen de una educación preescolar y que, consecuentemente, es necesario incrementar la oferta de puestos escolares en este nivel para las zonas sociales más deprimidas, a fin de iniciar así una política de «corrección social».

La contradicción es palpable porque se contrapone el valor de la educación en familia frente al contravalor de la educación en la escuela y, al mismo tiempo, se admite que el éxito escolar depende directamente de una buena educación preescolar que, en coherencia con aquella filosofía, jamás deberá ser obligatoria.

Es muy de temer que sobre esta contradicción se asiente, en realidad, una política de deliberada ambigüedad que pueda amparar indefinidamente la declinación de las responsabilidades del Estado en este ámbito.

Al principio del presente curso, los periodistas fuimos testigos de cómo el entonces titular del Ministerio de Educación y Ciencia, Iñigo Cavero, respondía en plena calle a una madre que reclamaba angustiada una plaza para su hijo de cinco años, que «puesto que la enseñanza preescolar no estaba reconocida como obligatoria por la ley, su petición no podía ser presentada como una exigencia», aunque era voluntad de la Administración atender, dentro de sus posibilidades, a la creciente demanda social de puestos escolares en este nivel educativo.

El problema reside precisamente ahí, en el hecho de que nunca pueda plantearse la educación preescolar como una exigencia por no existir una ley que establezca explícitamente su gratuidad, aunque esta gratuidad no comporte necesariamente la obligatoriedad, de la misma manera que a nadie se le ocurre exigir que los estudios universitarios lleguen a ser algún día obligatorios, si bien es una aspiración general el que puedan llegar a ser gratuitos.

En cualquier caso no deja de ser curioso que comience a hablarse de la conveniencia de que los párvulos vuelvan a ser educados en el seno de la familia, precisamente en el momento en que las clases sociales más modestas reclaman con mayor insistencia una enseñanza preescolar semejante a la que tradicionalmente han venido disfrutando los niños de las clases sociales privilegiadas. Resulta que son precisamente quienes no dudan de que sus hijos tienen que recibir una buena educación preescolar, si es posible en dos idiomas, los que más se escandalizan ante la actual crisis de valores y la desnaturalización de las madres.

La propuesta, pues, del VII Congreso de Enseñanza no Estatal es perfectamente razonable por el momento, aunque cabe preguntarse a qué clase social beneficiaría en mayor proporción la gratuidad de la educación preescolar que se imparte en los colegios de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.