El Gobierno incorporará al estatuto de los trabajadores los acuerdos entre patronales y sindicatos

Rafael Calvo Ortega, ministro de Trabajo, acompañado de Juan Antonio Sagardoy, presidente del Instituto de Estudios Sociales, acudieron ayer a la habitual conferencia de prensa para dar cuenta del contenido del Consejo de Ministros. Tras una exposición de las líneas generales del estatuto de los trabajadores, proyecto que ha sido remitido a las Cortes, el señor Calvo Ortega señaló que el tema no se había negociado previamente.

El ministro señaló que si las organizaciones patronales y las sindicales se ponen de acuerdo sobre puntos sustanciales, el Gobierno puede incorporarlos al proyecto por los cauces reglamentarlos de la discusión parlamentaria.Preguntado sobre la posibilidad de que el estatuto hubiera sido conocido previamente por organizaciones empresariales, aunque no haya existido negociación formal, el señor Calvo Ortega negó rotundamente tal extremo y señaló que «en ningún caso los autores del proyecto han recibido ninguna indicación. Yo personalmente no he tenido ningún tipo de reunión sobre el tema, y en ningún momento se han enviado ni, en consecuencia, se ha atendido ninguna sugerencia».

En cuanto al plazo para que el estatuto pueda entrar en vigor, señaló el ministro que no se tramitará por el procedimiento de urgencia, pero que se intentará acelerar en lo posible su discusión parlamentaria.

Abordó en otro momento el tema del despido libre, y destacó que tal despido ya existe en la legislación española. Hay que distinguir -dijo- entre despido libre y despido gratuito. En nuestra legislación existe un despido libre con indemnización, y en este sentido el estatuto no innova el sistema, pero fija unas indemnizaciones que son las más altas de Europa.

Respecto a las diferencias con la legislación actual en esta materia, el señor Calvo Ortega manifestó que el sistema laboral del régimen anterior podrá ser criticado, pero, desde luego, mostraba coherencia interna: se suprimieron los dos grandes derechos de los trabajadores: sindicación y huelga, y a cambio se mantuvo una gran rigidez en las relaciones laborales. Este sistema ya está modificado en lo sustancial, y respecto al estatuto en concreto entiende el ministro que la comparación debe ser global.

De cualquier forma, indicó dos innovaciones: la prohibición de que se incorporen al trabajo los menores de dieciséis años y el hecho de que, por primera vez, se fije un tope máximo de edad -69 años- a partir del cual se prohibe el mantenimiento de la relación laboral, lo cual -añadió- no significa que no se potencie la jubilación a edad más temprana y las jubilaciones anticipadas.

Manifestó también su convencimiento de que el estatuto ayudará a disminuir los niveles de paro, ya que «no se ha buscado la flexibilización a través del despido, sino, fundamentalmente, a través del empleo». Se incorporan nuevos sistemas de contratación que impulsarán el empleo de jóvenes y de personas que acceden a su primer puesto de trabajo.

En cuanto al futuro de las elecciones sindicales, el señor Calvo Ortega apuntó que el proyecto no abre esa convocatoria porque no es ese su espíritu y es un tema que queda al margen.

Informe sobre seguridad

Más tarde, el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, contestó una nueva serie de cuestiones sobre el contenido del Consejo de Ministros. Aseguró que no se había hecho una valoración global de los acontecimientos terroristas del fin de semana, pero que el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, había presentado un análisis de los resultados del plan de seguridad que está en marcha. Se refirió a que existía un estrechamiento del cerco a los terroristas y aunque no se puede hablar de un éxito definitivo, sí se puede hablar del éxito de una política concreta y se refirió a las cifras de detenciones y a la disminución de los índices de delincuencia común en las últimas semanas.

Respecto a posibles cambios en el Gabinete, el señor Melia indicó que, por definición, el Gobierno no toma nota de estos rumores, puesto que no son de su competencia, pero que estaba en condiciones de afirmar que, a cincuenta días de la formación del Gabinete, entiende que «son formas insensatas de especulación que no tienen apoyatura en la realidad. Se trata». dijo, «de movilizar fantasmas».

Respecto al desarrollo constitucional, afirmó que el Gobierno estima que sería necesario enviar a las Cortes un promedio de sesenta proyectos de ley, lo que supondría aprobar un proyecto por semana y colapsar la vida parlamentaria. Aseguró el señor Meliá que, probablemente la semana próxima, se hará público un calendario de desarrollo legislativo de la Constitución y que se tratará decoordinar la actuación en este terreno mediante comisiones de cada departamento, que supervisará el ministro de la Presidencia.