El Gobierno acelera el desarrollo de la Constitución

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 35.2 de la Constitución, el Gobierno aprobó ayer la remisión a las Cortes del proyecto de ley del estatuto de los trabajadores. Asimismo, el Consejo de Ministros conoció un informe del ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, sobre medidas legislativas de desarrollo constitucional, que afecta a unos sesenta proyectos de ley. En el próximo Consejo de Ministros el titular del departamento presentará un calendario preciso para los doce primeros meses.En torno al informe del señor Pérez Llorca se produjo -según la información oficial del Consejo de Ministros- «un amplio debate para la fijación del orden de prioridades».

Por lo que se refiere al estatuto de los trabajadores -del que ofrecemos más información en la página 39-, el Gobierno asegura que «respeta al máximo la libertad de los trabajadores y empresarios, potenciando la negociación colectiva», así como recoge los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En relación con la seguridad ciudadana, además de un informe del ministro del Interior, según el cual desde enero se han detenido 568 miembros de comandos terroristas, el Gobierno conoció un informe del ministro de Justicia sobre el proyecto de ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos flagrantes de robo, hurtos, utilización ilegítima de vehículos de motor, daños dolosos, etcétera, cuya vista oral se celebrará a las 72 horas de la presentación del atestado policial.

El Consejo de Ministros aprobó el régimen de personal de los funcionarios locales que pasen a prestar servicios a los entes preautonómicos, de modo paralelo a lo establecido para los funcionarios del Estado. Las retribuciones serán satisfechas por el ente preautonómico, que quedará subrogado en la titularidad de los contratos, mientras los funcionarios que pasen a su servicio quedarán en situación de supernumerarios, con reserva de plaza durante un año.

El Gobierno aprobó también la reestructuración del Ministerio de Cultura, que adscribe a diversos órganos las funciones que dependían de las suprimidas Secretaría de Estado de Cultura y Dirección General de Difusión Cultural, y reorganiza la Dirección General de Teatro y Espectáculos y la Dirección General de Servicios.

Mayor participación en Coplaco

A propuesta del ministro de Obras Públicas, el Gabinete aprobó un real decreto por el que se modifica el reglamento del Arca Metropolitana de Madrid, de 28 de septiembre de 1964. La modificació, según la referencia oficial, tiene por objeto asegurar una mayor participacion y colaboración de todas las entidades públicas afectadas por la actuación urbanística de la zona, por lo que se da amplía entrada en la Comisión de Planificación y Coordinación (Coplaco) a representantes del Ayuntamiento -dos representantes- y Diputación Provincial de Madrid, y de los ayuntamientos comprendidos en el área -seis representantes-, así como de los ayuntamientos de la provincia exterior a dicha área -dos representantes-. Tras esta modificación, la composición de Coplaco queda al 50% entre la Administración central y los ayuntamientos del área.

El Consejo de Ministros aprobó, asimismo, una orden ministerial por la que se convoca concurso para la concesión de beneficios en la Gran Arca de Expansión Industrial de Extremadura. La finalidad de esta disposición es la de promover el desarrollo socioeconómico de la región. El Gabinete, también a propuesta del ministro de Obras Públicas, impuso multas por una cuantía total de ocho millones y medio de pesetas a particulares y empresas por infracciones graves en materia urbanística.

A propuesta del ministro de Hacienda, el Gabinete aprobó un real decreto por el que se emiten 20.000 millones de pesetas de deuda pública. amortizable en cinco años, al tipo de interés del 12%. Ratificado el real decreto-ley de emisión de deuda en el Pleno del Congreso del 20 de mayo pasado, el Gobierno ha hecho uso de la autorización para la emisión decretada, que servirá para financiar inversiones públicas con incidencia directa e indirecta sobre el empleo.

Finalmente, el Gabinete aprobó un nuevo sistema para la recaudación de las tasas v sobretasas del servicio de telegramas impuestos por teléfono.