Un gobernador del 36

El 18 de julio de 1936 sorprendió en sus funciones a las autoridades provinciales, los gobernadores civiles. Algunos fueron encarcelados y a continuación fusilados. Este fue el caso de los gobernadores de Zaragoza, de La Coruña y de Valladolid: Luis Lavín Gautier.Luis Lavín Gautier, natural de Santander, ocupó los cargos de gobernador en Cuenca (nombrado el 12 de octubre de 1933) y en Zamora (nombrado el 21 de febrero de 1936), donde se quedaría hasta el mes de junio del mismo año. Los acontecimientos sociopolíticos y las reivindicaciones de los partidos populares de Valladolid fueron la causa de su traslado a dicha capital.

En efecto, desde las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular, a nivel nacional, pero no en Valladolid, la conflictividad creció, a pesar de algunas detenciones (el 19 de marzo, se detiene al caudillo local falangista Onésimo Redondo), el Gobierno no consigue acabar con los disturbios. Por consiguiente, las comisiones de obreros deciden una huelga general en la capital vallisoletana el 20 de junio. Piden el nombramiento de Luis Lavín Gautier, gobernador de Zamora, que había asumido provisionalmente el mando de la provincia de Valladolid. Por estas exigencias desde las clases obreras, Luis Lavín comenzó su tarea de gobierno en la provincia -cuna del fascismo español. Casi un mes más tarde, los generales sublevados vendrían a apresarle en el Gobierno Civil, y después de un consejo de guerra sumarísimo fue fusilado el 18 de agosto de 1936 en el campo de San Isidro.

Este republicano de 37 años dejó en un país en guerra a una viuda y a seis hijos. Su mujer, Emilla de Lama, después de ser canjeada por la mujer de un nacionalista, pudo ganar la zona republicana. El Gobierno republicano le adjudicó una pensión para que pudiera subsistir y criar a sus seis hijos. Pensión que el Gobierno franquista le quitó, así como el derecho de pisar el suelo español.

En 1961, la familia quiso trasladar el cuerpo de Luis Lavín a Santander. Los familiares que se encargaron de los trámites administrativos encontraron muchos obstáculos. La burocracia franquista negaba nada menos que el certificado de defunción.

Después de una vida entera en el exilio (en una ciudad francesa donde fueron a parar miles de refugiados españoles: Burdeos), esta señora -que tiene ahora 78 años- pidió hace dos años al Gobierno español la rehabilitación de su marido y la restitución de la pensión que le corresponde. El Ministerio de Hacienda le contestó que no había ninguna huella de este gobernador. En una segunda carta dirigida a dicho Ministerio, Emilia de Lama mandó las fotocopias de nombramiento y artículos de El Norte de Castilla. Desde entonces ha pasado más de un año y en Burdeos siguen sin contestación de Madrid. ¿Por qué este silencio?