Juicio en Portugal a una periodista que informó sobre una clínica de abortos

El juicio iniciado el pasado martes contra la periodista portuguesa María Antonia Palla está suscitando numerosas protestas en los medios de prensa y de las organizaciones feministas nacionales y extranjeros. Varios abogados europeos se han ofrecido para apoyar la defensa.María Antonia Palla es acusada de «incitación al homicidio y atentado contra el pudor», al abrigo de la legislación salazarista, que penaliza el aborto y no ha sido todavía revocada. La acusación pública abrió el proceso en base a un programa de televisión titulado Nombre: mujer, realizado hace tres años y que dedicó un reportaje a una clínica privada que realizaba abortos por el método Kartan. María Antonia Palla era la realizadora del programa y la autora de parte del texto.

El juicio presenta, pues, el doble carácter de un proceso contra la libertad de informar y de una nueva batalla jurídica a favor de la despenalización del aborto.

La defensa insiste sobre el primer aspecto: querer esconder una realidad que afecta como mínimo a 180.000 mujeres portuguesas cada año y la muerte de largos centenares de ellas significa querer restablecer la censura, volver a los tiempos en que se prohibía a los periodistas hablar de ciertas vergüenzas nacionales y que produjeron el tristemente célebre proceso de las tres Marías. Por este motivo, María Antonia Palla está recibiendo numerosos mensajes de solidaridad.

Pero es imposible ignorar que en el fondo de la cuestión está el aborto y en la materia la defensa se transformó en acusación. Para María Antonia Palla, por detrás de las protestas más o menos hipócritas contra la perspectiva de la despenalización del aborto, están importantes intereses materiales. El aborto clandestino, además de sus graves implicaciones morales y sociales, es también un comercio muy lucrativo, en el que la mayor parte de los beneficios los cobran personas e instituciones que permanecen siempre en la sombra: clínicas, médicos, laboratorios y empresas importadoras, entre otros. Quien paga las cuentas cuando un caso de aborto llega a los tribunales es siempre la clientela o quien ejecutó materialmente el trabajo.