El laberinto de la inflación de costes

Quizá el mejor punto de partida para entender la situación económica española y juzgar la lógica de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno sea la de reconocer las tensiones del mercado financiero interno y ahondar en sus causas.Crédito: poco y caro

Este punto de partida no es nuevo, sino dolorosamente familiar para los empresarios. Constituye un tópico cierto que la empresa española depende, más que ninguna otra europea del crédito para financiar sus actividades. Y es una realidad cotidiana que la demanda de crédito está situada hoy muy por encima del crédito disponible. La sensibilidad -y la necesidad- de la empresa española hacia el crédito y su escasez actual explica una parte importante de las preocupaciones, inquietudes y gestiones diarias de quienes la dirigen. Y esa necesidad y escasez del crédito se manifiesta en dos inevitables efectos.

1º. La elevación generalizada de los tipos de interés y de otros costes del crédito.

2º. La limitación (racionamiento) del crédito interno por las instituciones financieras (bancos y cajas de ahorros).

Dicho en términos más usuales y vulgares: hay poco dinero y muy caro.

Como claro testimonio de estas afirmaciones, los tipos de interés del mercado monetario han rebasado esta semana para todos los plazos la considerable barrera del 23 %, mientras aumentaban las negativas bancarias a las peticiones de créditos.

Causas de las tensiones financieras

Como toda tensión, la que registra el mercado financiero interno responde a dos fuerzas encontradas fáciles de identificar: de un lado, el aumento de los costes empresariales, que obliga a buscar más crédito para financiarlos, y, de otro, a las cortas disponibilidades de crédito para el sector privado, consecuencia última de la disciplina impuesta por la política monetaria al crecimiento de la cantidad de dinero, con el fin de luchar contra la inflación.

La crisis económica se ha hecho presente en la vida de las empresas a través de la multiplicación de sus costes desde cuatro frentes distintos:

- Se han elevado, en primer lugar, los costes del trabajo. Resulta aventurado cifrar el ritmo actual del crecimiento de los salarios a través de las cifras últimamente convenidas. La tasa de crecimiento de la masa salarial parecc situada en el porcentaje superior tolerado excepcionalmente por el decreto-ley de 26 de diciembre de 1978 : 14%. Tasa esta lejana de los países de la OCDE, que pueden considerarse nuestros competidores, y muy superior a cualquier ganancia imaginable de la productividad. Un crecimiento salarial de esa cuantía al haberse limitado (mediante un decreto-ley) y no haberse pactado previamente, ha incurrido en el coste adicional de unas negociaciones conflictivas con pérdida de jornadas de trabajo y el aumento consiguiente de los costes de producción. Es también claro que, pese a todos los intentos de moderacion, las cuotas de la Seguridad Social, aplicadas sobre las nóminas y el empleo, siguen creciendo en cantidad no conocida con precisión, pero no por ignorada menos importante, pues la financiación de la Seguridad Social sigue penalizando el empleo en un país como el nuestro, con graves problemas de paro.

- En segundo lugar debe contabilizarse el aumento de los costes de los créditos y de los préstamos a través de los mayores tipos de interés, o bien a través del juego -complicado y oscuro- de las comisiones y otras fórmulas, cuyo denominador común es el encarecimiento para la empresa de la financiación recibida.

- Los costes de las materias primas y la energía empiezan a constituir hoy -tras su estabilidad de 1978- una preocupación adicional que se añade al crecimiento de las dos partidas anteriores. La anormalidad del mercado de crudos de petróleo y sus crecientes cotizaciones tras los acontecimientos de Irán y el vuelo levantado por las cotizaciones de las materias primas se han convertido en amenazas ciertas, algunas de las cuales están ya gravitando sobre los costes empresariales.

- El aumento de los costes empresariales se ve impulsado finalmente por un complejo de tres causas generales: la rigidez en el empleo de la mano de obra, impuesta por una legislación laboral desfasada de las exigencias de crecimiento en una sociedad industrial avanzada como es la nuestra, que obliga a retener en nómina -es decir, a costa de la empresa- una buena parte de lo que es de hecho mano de obra ociosa; la caída de la productividad, tras de la cual actúan múltiples razones, pero entre las que destacan dos fundamentales: la reducida utilización de la capacidad instalada en algunos sectores por falta de demanda en el mercado, que eleva los costes unitarios, y la pérdida del espíritu de trabajo propio de una sociedad industrial que se acusa en todas las instancias de la vida española y, en fin, la demora en el ajuste de sectores (siderurala, industria naval, bienes de equipo) en crisis, sostenidos artificialmente en sus capacidades actuales por políticas defensiVas que obligan a pagar costes y ayudas al resto de la economía.

Dos son las consecuencias que se siguen de esta inflación de los costes empresariales: el alza de precios y la limitación de los excedentes empresariales.

Más inflación, menos excedentes

Ambas consecuencias son trascendentes, puesto que el alza de precios intemos tiende a erosionar la competitividad de la empresa española en el exterior (dificultando las exportaciones) y a facilitar la realización de importaciones que competirán en el mercado interno con precios ventajosos. Por otra parte, la limitación de los excedentes empresariales desalienta a la inversión, al destruir uno de sus motivos fundamentales, y dificulta la financiación de las empresas, al restar una parte de los medios necesanos que deben provenir lógicamente de los mayores excedentes. La caída de la inversión, acompanante invariable desde el comienzo de la crisis de la economía española, limita las posibilidades de empleo de la población activa, aumentando la crecida bolsa de parados. Los males de la caída de los excedentes no quedan aquí, porque su disminución relativa, frente al crecimiento de los costes de trabajo, fuerza a buscar a la empresa técnicas sustitutivas del empleo de la mano de obra por capital, con lo que el aumento de la inversión no añade, sino que destruye, empleos. La persistencia en la erosión de los excedentes termina, en fin, por empujar a muchas empresas privadas hacia las filas deficitarias de la empresa pública, aumentando así la ineficacia, los costes y la inflación.

¿Qué hacer frente al aumento de costes empresariales y sus consecuencias? Cabe, en primer lugar, no oponerles resistencia y financiarlos con una política de dinero pasivo que adapte la creación de dinero a su medida. Esa es la política con más raíces históricas en nuestro país. Sus efectos son bien conocidos y probados: una inflación creciente de precios que alimentará una futura y mayor inflación de costes, que acelerará la creación de dinero y que terminará planteando dificultades insolubles a la balanza de pagos. Es esta una opción sin futuro, que termina en una insostenible situación de insolvencia exterior y paro que obligará a adoptar una drástica política estabilizadora con formidables costes sociales. La experiencia prueba que la inflación consentida por un crecimiento en la cantidad de dinero no permite remediar duramente el paro ni aumentar la producción. Optar por la inflación para reducir el paro es una elección sin sentido, ya que el resultado final no es un intercambio, sino una suma de males: más inflación y más paro.

Cabe adoptar, por el contrario, una actitud diferente de dinero activo, que discipline el crecimiento de la cantidad de dinero para contener o desacelerar el crecimiento de los precios. Esa política está basada en tres creencias ratificadas por la evidencia de los hechos: 1º. El sostenimiento del proceso de inflación se apoya en crecimientos rápidos e intensos de la cantidad de dinero. 2º. Una aguda tasa de inflación no puede reducirse sin disminuir el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero. 3º. El aumento en la cantidad de dinero tendrá un impacto inflacionista tanto mayor cuanto mayores sean las expectativas inflacionistas del público y más utilizada se halle la capacidad productiva disponible.

En la participación de esas creencias se articuló en 1977 una política económica basada en tres actuaciones diferentes: en una política monetaria que desacelerase el intenso ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero; en una política fiscal que, reformando el sistema impositivo y limitando el crecimiento del gasto público de consumo, permitiera financiar con el menor déficit posible el sector público, y en una política acordada de rentas y precios que, reduciendo los costes empresariales, permitiera dedicar los aumentos en la cantidad de dinero a financiar los aumentos en la producción.

Efectos de una política de dinero activo

Esas actuaciones de la política económica han conseguido mejorar, durante 1977 y 1978, sustancialmente los equilibrios de la economía: el interno de precios (caída en diez puntos porcentuales en 1978 de la tasa de inflación) y el exterior (con el vuelco espectacular en todas las partidas de la balanza de pagos y un superávit de 1.500 millones de dólares de la balanza corriente).

Sin embargo, una política de dinero activo no es gratuita. Ocasiona costes a la economía, en cuanto no sólo frena los precios, sino que también dificulta el posible aumento de la producción y alimenta el paro. Los efectos nocivos de una política financiera restrictiva están en relación directa con la rigidez de los costes de la economía. De ahí la importancia de conseguir una flexibilidad en las rentas y los precios para disminuir los costes sociales de esta política.

Por otra parte, la limitación en el crecimiento de la cantidad de dinero dice muy poco respecto de su distribución entre los distintos sectores de la economía, ya que, en efecto, son tres los sectores, muy heterogéneos, a cuyas necesidades o activos puede atender el aumento del dinero o disponibilidades líquidas: 1º. El sector exterior (que recogerá todas las adquisiciones, por el sistema crediticio, de las divisas entradas en España que responden a los excedentes de la balanza de capitales y de la balanza corriente). 2º. El sector público (que recogerá el déficit de caja del mismo, financiado por el Banco de España). 3º. El crédito al sector privado (que recogerá la concesión de créditos a las empresas).

El control monetario se ha instrumentado por el Banco de España, considerando factores autónomos a los aumentos de las disponibilidades líquidas que eran precisos para atender al excedente de la balanza de pagos y al déficit del sector público, y ha considerado como partida de ajuste para conseguir la tasa pretendida de crecimiento de la cantidad de dinero al crédito al sector privado. De esta forma el control monetario ha resultado beligerante para aquellas empresas con dificultades de acceso a la exportación o al

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crédito exterior y/o con escasa relación con las compras M sector público, lo que explica que una queja creciente de estas empresas discriminadas haya acompañado al control monetario de la economía.

Aprendiendo del pasado

Haciendo oídos de esos lamentos, se diseñó la política financiera para 1979, basada en tres criterios:

1º Criterio de disciplina de precios, que obligaba a fijar una tasa de crecimiento de la cantidad de dinero inferior a la de 1978. Dado que la tasa alcanzada en 1978 había sido el 19,3 %, el crecimiento para la media del 79 se fijó en 18,4%. Medida la tasa sobre diciembre de cada año, el crecimiento en el 79 debería ser del 17,5 %, frente al 19,7 % de 1978. Esas cifras muestran que el propósito era conseguir una desaceleración mayor en el segundo semestre, de acuerdo con la desaceleración esperada de los precios.

2º. Criterio de recuperación de la actividad: el aumento del crédito al sector privado debería situarse lo más cerca posible del crecimiento previsto de la cantidad de dinero (17,5%) para alentar la recuperación de la inversión privada.

3º. Criterio de ajuste de los sectores público y exterior: la tasa de aumento de crédito al sector priva do era de cumplimiento imposible, si el sector público no reducía su déficit (lo conveniente hubiera si do un superávit) y si el sector exterior no hacía lo propio con su excedente.

A esos tres criterios de actuación se acompañaban otras enseñanzas del pasado que sería bueno no olvidar en el presente ejercicio. Para que el control monetario funcionase bien, era necesario que el sistema financiero se adaptase a las decisiones de las autoridades monetarias. No podía ignorarse, en efecto, que algunas instituciones financieras no se ajustaron con la rapidez debida al crecimiento deseable del crédito. Deseosas de mantener sus compromisos de crecimiento del crédito, demandaron ayudas excepcionales, que un mercado débil, como es nuestro mercado monetario, no podía digerir más que elevando escandalosamente los tipos de interés con las consecuencias que éstos tienen en la financiación de la economía. Atraídas por la sustancial ganancia de esos crecidos tipos de interés del mercado monetario, las corrientes financieras se desviaron de la financiación a medio y largo plazo, tan escasa como necesaria para nuestras empresas, concentrándose en las lucrativas colocaciones a corto plazo. La marcha de la Bolsa de valores ha estado afectada durante todo el ejercicio pasado -aparte de otros males- por esta fiebre de los tipos de interés a corto, que competía con ventaja con cualquier otra colocación de fondos, dificultando la financiación de las inversiones a largo plazo.

Del programa a los hechos

Los hechos recientes prueban el largo trecho que va del dicho inicial de la política financiera al hecho real de su comportamiento.

El sector público no ha logrado aún aprobar sus presupuestos para 1979, pero esto no ha impedido que su déficit haya estado presionando sobre la creación de dinero y sobre el excedente exterior de la balanza de capitales.

El sector público ha creado dinero por dos vías diferentes, a través de las cuales ha financiado su déficit: 1) acudiendo a la cuenta del Tesoro en el Banco de España; 2) importando capitales mediante préstamos en el exterior, aumentando así el otro componente autónomo de las disponibilidades líquidas. Esa doble vía de financiación del déficit público constituye un peligro claro para el control monetario y la financiación equilibrada de la economía. Debe acentuarse la equivalencia en sus efectos monetarios de estas dos decisiones. Son muchos los que creen que una financiación del sector público a través del endeudamiento exterior no perturba la financiación privada de la economía. Nada más lejos de la verdad. Desde el punto de vista monetario, un déficit en la cuenta del Tesoro del Banco de España y una apelación al crédito exterior ocasionan el mismo efecto: un aumento en la cantidad de dinero por los factores autónomos que restringe el crédito disponible para el sector privado.

Por otra parte, el excedente exterior ha continuado empujando el crecimiento de la cantidad de dinero. Esa pesada carga tiene un doble origen. De un lado, el excedente de la balanza de pagos por la cuenta de capital, producido por una financiación exterior del sector público y el privado, explicado por las tensiones de los mercados financieros internos. Ese excedente se suma al de la balanza corriente, produciendo los dos efectos que el esquema recoge: la presión alcista en la cotización de la peseta (que disminuye las posibilidades exportadoras) y el aumento en la cantidad de dinero (que resta el disponible para los créditos al sector privado).

Los acontecimientos han discurrido así, en un sentido bien contrario al programado para atender a las conveniencias de la economía. La suma del excedente exterior y del déficit del sector público han presionado sobre el crecimiento de la cantidad de dinero y hubieran obligado a reducir los créditos al sector privado, si la política monetaria no hubiese consentido un aumento de las disponibilidades líquidas, situado muy por encima de los objetivos prefijados. Se dice que no hay cifras exactas que nos indiquen a qué ritmo está creciendo la cantidad de dinero en este primer trimestre, pero las aproximadas que se han divulgado indican que este crecimiento parece haber avanzado, mes a mes, siempre por encima del objetivo máximo prefijado, pasando desde el 20% en enero al 21 % en febrero, hasta llegar al 22 % en marzo.

Dicho en pocas palabras: no se ha logrado salir del laberinto en el que la inflación de costes ha situado a nuestra economía.

Escenarios y salidas de la inflación de costes

Es evidente que a corto plazo el problema de la inflación de costes debe constituir el tema básico de la política económica. Esa política tiene cuatro escenarios, en los que resulta necesario adoptar decisiones y reformas simultáneas:

1º. El escenario del aumento de los costes empresariales. Es preciso sumar acciones para reducir el importe de todas las partidas de coste en cuyo crecimiento arraigan las alzas de precios: los costes-trabajo, los costes financieros y ese núcleo que hemos denominado otras causas, que agrupa el conjunto de acciones heterogéneas que van desde la fijación de un nuevo marco de relaciones laborales a la implantación de una mayor competencia y al proceso de reconversión de los sectores en crisis.

2º. El escenario del sector público reclama respuestas rápidas y claras que perfilen su comportamiento.

No hay presupuesto para 1979, cuando se debería estar preparando ya el de 1980. Es esta una situación insostenible que debe remediarse cuanto antes. El déficit tan temido y esperado del sector público se sitúa por ahora en los 200.000 millones de pesetas, cifra excesiva para alcanzar el objetivo del crecimiento de crédito al sector privado. Esa cifra debería considerarse como máxima y financiarse con las alternativas de menor coste social. Por otro lado, la reforma fiscal debe continuar y es preciso saber, sobre todo, de qué manera el gasto público debe ajustarse a una disciplina que hasta hoy no ha tenido. El ciudadano español cree en la imagen de un «Estado despilfarrador»: el 60% de los españoles encuestados sobre el gasto público creían que los beneficios del gasto público eran muy inferiores al coste de los impuestos. A un ciudadano con estas opiniones es preciso ofrecerle prendas inmeditas de credibilidad -aunque sean simbólicas en el total del gasto (una buena Administración debe estar llena de detalles simbólicamente ejemplares)- por parte del Gobierno que demuestren que la contención del gasto público es algo más que una invocación retórica para seguir despilfarrando. No habrá salida del laberinto de la inflación de costes sin un cambio profundo de la imposición y el gasto público. La falta de respuestas claras, precisas, con contenido real no puede eludirse o evadirse por más tiempo.

3º. El escenario del sector exterior es el que plantea más situaciones paradójicas y problemas más sutiles. Un ajuste positivo de la economía española a la crisis pide, como en todos los países deficitarios de energía, una exportación consolidada, competitiva y vigorosa y unas importaciones bien administradas y fluidas que permitan obtener de un comercio exterior creciente las fuerzas que alimenten el desarrollo. Ese ajuste positivo se ve dificultado por el crecimiento de precios internos, que dificultan la competividad de nuestra economía, por la presión que el excedente de la balanza de capitales, que aprecia el tipo de cambio y disminuye el crédito disponible para el sector privado, por la dificultad y encarecimiento de las importaciones y por los obstáculos impuestos por la discriminalidad a la exportación de capitales para la constitución de filiales de empresas españolas en el exterior.

Resulta claro que es preciso definir hoy una nueva política comercial que, facilitando el control monetario, sitúe las corrientes de intercambio en un nivel diferente del pasado. Acciones fundamentales de esa política comercial deben ser:

- La limitación a las importaciones de capital que atienden frecuentemente a inversiones de muy discutible o nula eficacia, supliendo en muchas ocasiones condenables deficiencias financieras del sector público.

- La liberación de importaciones y su abaratamiento por una reducción programada y significativa del arancel. La economía española tiene hoy unas posibilidades de economía transformadora que debe aprovechar plenamente y ese aprovechamiento reclama importaciones baratas y bien seleccionadas.

- La exportación no puede seguir confiando en un tipo de cambio constantemente depreciado como palanca de sus ganancias de mercado. La exportación debería buscar más bien su competitividad en una mejora en la organización y estructura de las industrias y empresas preponderantemente exportadoras, y en una exportación de capitales que permita la formación de una red de empresas mixtas en el exterior que constituyen la forma de comercio del mañana. Sobre las bases anteriores debería admitirse:

- La fluctuación del tipo de cambio que recogiera las tensiones del mercado.

4º. El cuarto escenario al que debe atender la salida del laberinto de la inflación de costes es el de la reforma del sistema financiero, que tomó en 1977 el rumbo tantas veces pedido -¡y urgido!- por nuestros monetaristas de la liberación y que hoy se encuentra en una situación de confusa perplejidad.

La liberación del sistema financiero debe proseguir, lo que reclama una atención a dos de los escenarios anteriores: el de restablecer la suficiencia y buscar una adecuada financiación del sector público a través de las condiciones impuestas por el mercado y la regulación de las importaciones de capital extranjero. A esos requisitos debe añadirse el muy importante de atender a la situación relativa de las distintas instituciones financieras colocadas en posición muy diferente, adoptando las decisiones impuestas por la liberación con un sentido de equidad que las haga aceptables. Con el cumplimiento de esas condiciones es preciso disponer de un calendario reformador que fije el proceso de cambio del sistema financiero, para que todas las instituciones -banca privada, oficial, cajas de ahorros y Bolsa de valores- programen las adaptaciones necesarias. Ese calendario plenamente comprometido no debería sufrir retrocesos que tanto perjudican el proceso de reforma y tanta inseguridad y costes originan entre las instituciones que los padecen.

Es importante añadir, para terminar ya este largo recorrido por el laberinto de la inflación de costes, que la necesaria simultaneidad de las acciones indicadas en los cuatro escenarios debe correr pareja con la perseverancia en los esfuerzos requeridos. Salir de un laberinto tan cerrado por tantos obstáculos interrelacionados como el español, con encrucijadas que acumulan, en, muchos casos, complejidades creadas en lustros no puede ser labor de un día, sino tarea de años. Sería bueno disponer cuanto antes de un programa coherente y completo para abordar y resolver este problema central de la política económica española.