Sumar y Podemos aprietan al PSOE con la reducción de jornada y la fiscalidad

Las izquierdas redoblan su presión al PSOE en la última semana del curso político. La reducción de jornada —pactada entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los dos principales sindicatos el pasado viernes— y las medidas fiscales aprobadas en el Consejo de Ministros de este lunes vuelven a agitar una legislatura que no descansa ni en vísperas de la Nochebuena. Después de una semana de tensión dentro del Ejecutivo, la secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha pedido a los socialistas esta mañana “estar a la altura” para sacar adelante la semana laboral de 37,5 horas. El socio minoritario de la coalición denuncia que el Ministerio de Economía estaría intentando retrasar la aplicación de la medida y que esta se haga de forma gradual, y no ya en 2025, como establece el acuerdo de Gobierno, una exigencia de la patronal para que las empresas tengan margen para adaptarse y negociar los convenios colectivos. Además, los de Díaz buscan que la reducción afecte también a los trabajadores con contratos a tiempo parcial a través de un aumento salarial. En estos dos asuntos, la vicepresidenta y el ministro Carlos Cuerpo tienen ahora una discrepancia que impide, de momento, que la medida vaya al Consejo de Ministros. Mientras, Podemos ha asegurado en rueda de prensa que no apoyará el impuesto a las grandes energéticas al que daba luz verde casi a la misma hora el Gobierno porque no es un tributo de carácter permanente, tal y como pactó con el Ejecutivo.

En un contexto de fuerte incertidumbre para la coalición, que no tiene asegurados ni mucho menos los apoyos del Congreso para prácticamente ninguna medida, el grupo de Yolanda Díaz aprieta también internamente. La reducción de jornada, una de las banderas de la campaña electoral de Sumar y considerado el hito de la formación esta legislatura —que atraviesa una situación delicada por la caída de Íñigo Errejón y sus malos resultados electorales—, es una norma prioritaria para la vicepresidencia, que a falta de Presupuestos, demostraría así su influencia en el Ejecutivo, del mismo modo que lo hizo en su día con la reforma laboral, de resultados muy positivos para el mercado de trabajo.

En su intervención, Hernández ha querido sacar pecho del compromiso sellado el viernes entre el ministerio y CC OO y UGT al tildar el acuerdo de “histórico” .“Esta es una medida que va a mejorar la vida de 12 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres en empleos extenuantes y precarios (...) y que la sociedad quiere que se haga de manera muy mayoritaria. Los pactos de gobierno están para cumplirse y las promesas programáticas también. El pacto de la coalición de Gobierno es claro”, ha advertido la dirigente en su última comparecencia prevista para este diciembre, antes de colocar también entre las prioridades de 2025 la subida del salario mínimo y la aprobación de las Cuentas.

Tras meses de tensión creciente y después de haberse descolgado como socio del Ejecutivo, Podemos termina el año político con un último órdago al Gobierno. La coportavoz del partido Isa Serra ha asegurado este lunes que su formación, con cuatro diputados en la Cámara baja, no apoyará el decreto aprobado por el Consejo de Ministros para crear un nuevo impuesto a los beneficios de las grandes compañías energéticas por el plazo de un año. La medida fue pactada por el Gobierno con ERC, EH Bildu y BNG después de que el actual tributo decayese por otro acuerdo que contaba con los votos de Junts y PNV. A la vez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se comprometió con Podemos a diseñar un nuevo gravamen de carácter permanente, que es lo que ahora reclama la organización. En todo caso, ni el partido de Carles Puigdemont ni los nacionalistas vascos están dispuestos a dar su respaldo a la medida, por lo que con probabilidad esta decaerá en el plazo de un mes, cuando debe ser refrendada por el Congreso.

“El real decreto no cumple con lo pactado con Podemos y por tanto no lo apoyaremos”, ha afirmado Serra antes de criticar la incorporación de otro gravamen al diésel que en su opinión no es progresivo y que coloca la carga en las familias trabajadoras. “Teníamos un acuerdo con el PSOE y los votos de Podemos valen lo mismo que los de Junts y PNV”, ha reiterado el partido. “Exigimos que se cumpla y que se ponga en marcha un impuesto permanente a las energéticas. Necesitamos impuestos progresivos, justicia fiscal y que sean las empresas contaminantes las que se ajusten el cinturón y reduzcan las emisiones”, ha asegurado la también eurodiputada. La formación izquierdista se ha mostrado de nuevo muy dura con la deriva del Ejecutivo este año, “un Gobierno que no gobierna”, “cada día más alejado de la gente”, “afectado por la corrupción del bipartidismo” y “asfixiado por las estrategias de los jueces más reaccionarios”, según ha dicho Serra.