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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Los chicanos, en lucha por sus derechos

Dirigente del Movimiento Chicano

Los chicanos, que conforman la segunda minoría étnica dentro de Estados Unidos (trece millones), después de los negros, aseguran que solamente durante 1978 presentaron más de 10.000 denuncias por brutalidad policíaca en contra de «la raza», entre las que se pueden confirmar asesinatos, torturas, persecución y, desde luego, discriminación ante la ley y respeto de los derechos civiles.

El tratado de Guadalupe-Hidalgo, del 2 de febrero de 1848, firmado por EEUU y México consagraba los derechos primordiales de respeto a sus propiedades, su lengua, sus costumbres y sus tradiciones, pero por medio de una educación racista, fueron confundidas sus raíces históricas y su cultura, convirtiéndoles en mano de obra barata, forzando su asimilación violenta hacia el sistema de explotación anglosajón.

Actualmente los hombres de esta comunidad se identifican como chicanos y son conscientes de que, aunque son ciudadanos de EEUU, sus raíces históricas y culturales se encuentran ligadas al pueblo mexicano, del cual se les ha intentado separar inútilmente sin considerar que son las grandes inmigraciones de los mexicanos hacia ese país las que han logrado consolidar la nacionalidad chicana y fortalecer su arraigo hispano-mexicano dentro de la nación más poderosa de la tierra.

Durante más de cien años los chicanos han desarrollado una lucha constante en contra de la dominación yanqui y, si bien en un comienzo se manifestó principalmente por la defensa de sus propiedades, su lengua y su cultura, en la actualidad, sin abandonar esos principios, se concentra en las garantías constitucionales, el respeto de los derechos humanos, en contra del racismo y la discriminación en el trabajo y el medio social, y en apoyo de los nuevos trabajadores inmigrantes mexicanos.

Es en este último aspecto donde el movimiento chicano inicia una lucha que lo envuelve directamente dentro de la problemática de la internacionalización de los capitales y la fuerza de trabajo.

El imperialismo norteamericano que se ha apoderado de la economía de México como de la del resto del Continente, contando con la complicidad e impotencia de las burguesías locales, plantea nueva relación política internacional, que en el caso de México, le lleva a pretender realizarla dentro de su política doméstica, considerándola como parte de política nacional.

Esta política, que consiste en construir la gran Norteamérica desde México hasta el Canadá, ha reservado para el primero el papel de proveedor de materias primas (energéticas) y fuerza de trabajo barata para poder competir a nivel internacional con la producción de mercancías a precio bajo, al reservarse EEUU el papel de productor y exportador de tecnología y capitales

Y son precisamente la industrialización de la frontera con México -al estilo Hong Kong y Taiwan-, programada desde hace ya tiempo, buscando asimilar el éxodo de los trabajadores mexicanos, y la nueva ley de amnistía proyectada por el propio Carter para los trabajadores indocumentados, las que vienen a completar esa nueva política que en plano ideológico se manifiesta demagógicamente como la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

La ley de amnistía consiste en legalizar la estancia en Estados Unidos de cientos de miles de mexicanos que desde hace varios años viven allí, autorizando además el aurnento de la cuota de inmigración internacional de 20.000 por país, elevándola en el caso de México a 50.000 y permitiendo, a la vez, el paso de 800.000 mexicanos con la condición de permanecer dentro de Norteamérica solamente seis meses del año.

Tal política, de salir triunfante, le permitiría a Carter llevar adelante los acuerdos de la Comisión Trilateral y lograr para su campaña por la reelección en el próximo año los votos de los chicanos.

Pero a pesar de que la ley de amnistía pudiera considerarse positiva, la verdad es que esconde la raíz del problema; el éxodo de los millones de mexicanos que huyen por hambre y persecución política de su país, a los cuales se pretende controlar para impedir así una violenta insurrección que, sin duda, repercutiría en todo el Continente y en la misma sociedad norteamericana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de mayo de 1979